Argentina: El regresivo superávit fiscal

La Nación

En 2005, el producto bruto interno (PBI) superó levemente el PBI del año 1998, que fue el último año de crecimiento antes de que la economía argentina ingresara en un largo proceso recesivo. Pero a diferencia de 1998, cuando existía un importante déficit fiscal, el año pasado el sector público nacional tuvo superávit fiscal.

La pregunta que surge es: ¿qué factores determinaron la existencia de este superávit fiscal, siendo que en 2005 el valor agregado producido por la economía fue casi igual al de 1998? ¿Cómo es posible que, generándose la misma cantidad de riqueza en un año, el Estado pase de tener déficit a superávit?

La respuesta a estos interrogantes hay que buscarlas tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los egresos. Veamos primero los ingresos. El año pasado, el impuesto a los créditos y débitos bancarios le aportaron al Tesoro $ 9434 millones, en tanto que los derechos de exportación le generaron ingresos por $ 12.323 millones.

Dos grandes impuestos

Es decir que, entre ambos impuestos, le aportaron ingresos al fisco por $ 21.757 millones, cifra que en 1998 no existió porque no había impuesto a los créditos y débitos bancarios ni impuestos a las exportaciones. Ambos impuestos, por sí solos, explican el superávit fiscal y representan el 18% de todos los ingresos tributarios del año pasado.

Lo primero que uno puede concluir es que difícilmente estos impuestos sean eliminados o reducidos en sus tasas por la sencilla razón de que buena parte del superávit fiscal se basa en ellos.

Pero hay otro dato a considerar del lado de los ingresos. Como para el pago del impuesto a las ganancias la AFIP no acepta la indexación, las empresas están pagando impuestos sobre utilidades ficticias. Es como si se hubiese aumentado la alícuota del impuesto a las ganancias o se estuviera confiscando parte del capital de las empresas.

Este dato no es menor porque en 1998 los precios al consumidor sólo subieron el 0,7%, mientras que los precios mayoristas bajaron el 6,3 por ciento; por lo tanto, el impuesto a las ganancias se pagaba sólo sobre las ganancias reales a diferencia de lo que ocurre actualmente, que se paga sobre ganancias que no existen.

¿Qué tenemos por el lado de los gastos? El cuadro que acompaña esta nota muestra algunos rubros de los gastos del sector público nacional para 1998 y 2005. Los valores de ambos años están en pesos corrientes; es decir que no están ajustados por inflación; por lo tanto, la última columna muestra las variaciones porcentuales nominales. ¿Cuál fue la inflación desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2005? Medida por el índice de precios al consumidor, el aumento fue del 74 por ciento.

Si se observa el rubro intereses del cuadro, puede verse que el gasto en este concepto creció el 24,6% en pesos corrientes, esto es, bien por debajo de la tasa de inflación. El default y la quita que el Gobierno les impuso a los acreedores le permitió reducir notablemente este rubro.

En rigor, el ahorro en este caso consistió en triturar el patrimonio de los acreedores. Desde el punto de vista fiscal, ese canje de deuda se tradujo en una fuerte baja del gasto en el pago de intereses, aunque cabe aclarar que el costo no fiscal de esta medida es el escaso interés que pueden tener actualmente los ahorristas por invertir en la Argentina.

Otro rubor que tiene una suba significativamente menor que la tasa de inflación del 74% es el de seguridad social. El aumento del 43% en términos nominales de los gastos en seguridad social nos está indicando que los jubilados han sido una fenomenal variable de ajuste del modelo económico en marcha.

En 1998 el rubro seguridad social representaba el 29% de los gastos totales y el 30,8 por ciento de los gastos corrientes. En 2005, ese rubro representó el 21,3% de los gastos totales y el 23,3 por ciento de los gastos corrientes. En otros términos, considerando el peso que tienen los gastos de seguridad social en el gasto público, es evidente que los jubilados han sido, junto con los acreedores externos, la gran variable de ajuste que hoy le permite al Gobierno exhibir el superávit fiscal.

No es mi intención deprimir a los jubilados, pero un gobierno que se autodenomina progresista y que expresa una constante consternación por la situación de los que menos tienen se ha encargado de licuarles los ingresos como no lo hubiera hecho el capitalismo "salvaje". Los jubilados están pagando buena parte del superávit fiscal.

También los empleados públicos pusieron su cuota de sacrificio para lograr el superávit que nos ocupa. El rubro sueldos aumentó el 59,6 por ciento, por debajo del 74% del IPC e incluyendo a los nuevos empleados que se incorporaron en el período.

¿Cuál es el rubro que más se incrementó? Además de las transferencias a las provincias (141%) los gastos de capital crecieron el 215 por ciento. La obra pública que permanentemente anuncia el Presidente explica este fuerte incremento.

Viendo los números fiscales, uno puede advertir que el superávit está basado en la aplicación de impuestos fuertemente distorsivos y en la destrucción de los ingresos de los jubilados y del ahorro de los bonistas, es decir, detrás del superávit fiscal no hay una sola gota de reformas estructurales en el sector público que le permitan ahorrar al Estado recursos en gastos innecesarios.

Si los jubilados tienen paciencia, los empleados públicos dejan de protestar por la caída de sus ingresos y la gente sigue soportando una carga impositiva casi salvaje, es posible que el superávit fiscal logrado pueda sostenerse, siempre y cuando el Gobierno levante el pie del acelerador en las obras públicas y los subsidios que reparte a diestro y siniestro para que determinados precios de la economía no suban y así poder mostrar un índice de precios al consumidor que se adapte a su paladar.

Hay que optar

Pero tengamos en claro que en economía siempre hay que optar entre diferentes alternativas. La opción que ha elegido el Gobierno es, por ejemplo, dejar que los hospitales y las escuelas se caigan a pedazos, prefiriendo volcar esos recursos a la provisión de agua potable. O ha elegido mantener sumergidos a los jubilados en la pobreza más absoluta para dedicarse a la actividad energética.

Este Estado intervencionista y empresario que volvimos a tener tiene un costo. Alguien lo paga. Los números indican que existía margen para bajar o eliminar impuestos distorsivos o mejorar la calidad de algunos gastos estatales, como educación, salud, seguridad y jubilaciones. Sin embargo, la opción fue destinar recursos a sectores que, perfectamente, podrían haber sido abastecidos por el sector privado, con el agravante de que ni siquiera estamos a salvo de una crisis energética.

El autor es economista.