La ciudad de EE.UU. que les declaró la guerra a los ilegales

La Nación

Polémica en Hazleton, Pennsylvania

WASHINGTON.- Hazleton tiene sus montañas, granjas y bosques; también, sus pistas de esquí en invierno y sus ríos navegables en verano. Y con apenas 30.000 habitantes, la pequeña ciudad de Pennsylvania, en el nordeste del país, saltó a las grandes ligas políticas de Estados Unidos como el lugar más agresivo del país con los inmigrantes indocumentados.

En julio, su concejo deliberante aprobó la ley de alivio contra el inmigrante ilegal, que ordena la suspensión de las licencias de los comercios que empleen indocumentados, establece elevadas multas para quienes les alquilen viviendas y prohíbe el uso de cualquier idioma, salvo el inglés, en los establecimientos oficiales de la ciudad.

Los frutos de la ordenanza son ahora evidentes: los defensores de los derechos civiles la impugnaron ante la Justicia, pero sirvió de precedente para otras ciudades que desean frenar la llegada de inmigrantes, en su mayoría de América latina. Son varias las que adoptaron ordenanzas similares o endurecieron sus prácticas policiales.

En Hazleton, mientras tanto, se palpa la tensión racial. En los años 40, llegó a tener 38.000 habitantes, casi todos blancos. Luego retrocedió hasta albergar a 21.000 personas, pero en la última década repuntó hasta 30.000, empujada por su población latina, que pasó del 5 al 30% del total, con una economía creciente, al igual que su tasa de delitos.

Su alcalde, Lou Barletta, republicano, acusa a los inmigrantes de la delincuencia, pero no del repunte económico. «Algunos vienen a este país y se niegan a aprender inglés; otros entran ilegalmente y usan los servicios gubernamentales sin pagar impuestos o cometen delitos en nuestras calles», dijo, al presentar su proyecto, cuya copia obtuvo LA NACION.

Los latinos que viven allí se dividen entre los que deciden marcharse, como el dominicano Francis Rodríguez, y los que intentan defenderse ante la Justicia, como la puertorriqueña Emma Carmona, apoyados por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), que protege a las minorías desde hace casi un siglo.

Rodríguez recorrió 200 kilómetros desde Nueva York hace tres años para establecerse en Hazleton, donde abrió un comercio de telefonía celular. Ahora está hastiado. «¿Para qué quedarse en un lugar donde no te quieren?», pregunta.

Está harto de gente como Matt Manganelli, un norteamericano que a sólo unas cuadras de donde está el comercio de Rodríguez carga contra los latinos. «En 1999, cuando empezaron a llegar, eran sólo uno o dos, y entonces, como cucarachas, dejaban sus huevos, desperdigándose», dice Manganelli, sentado ante la barra del restaurante Roata s.

Ese tipo de comparaciones son las que atacó la ACLU ante la Justicia. Planteó que la ordenanza es discriminatoria e inconstitucional, ya que avanza sobre una competencia federal. «Esta ley insidiosa está mal por muchas razones, pero la más obvia es que la ciudad no tiene poder para sancionar sus propias leyes inmigratorias», explicó el abogado para el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes, Omar Jadwat. Pero la ley cumple la meta trazada, según Barletta. «Esta ordenanza apunta a hacer de Hazleton uno de los lugares más difíciles en Estados Unidos para los inmigrantes ilegales», dijo ufano.

Al igual que sus defensores, vecinos en su mayoría blancos y protestantes, y vigilantes fronterizos, Barletta sostiene que la ordenanza «no es racista» porque persigue a todos los indocumentados, no sólo a los latinos. «No podíamos esperar a que actuara el gobierno federal», planteó, en alusión a la reforma del sistema inmigratorio, estancada desde hace meses en Washington.

En las últimas semanas, la Casa Blanca y los políticos republicanos y demócratas han centrado el debate en cada distrito. Esquivan, así, una posición nacional que podría restarles millones de votos en las elecciones de noviembre, que definirán el futuro de la administración de Bush, las mayorías legislativas en ambas cámaras del Congreso y las gobernaciones de 36 estados.

Pero la táctica alentó contradicciones normativas en ciudades y condados. La polémica ordenanza ya fue copiada por ciudades como River Side, con sus 8000 habitantes y entre 1500 y 3500 inmigrantes sin papeles que trabajan en Filadelfia, o es debatida ahora por otros concejos deliberantes en Idaho y ciertas zonas de altos recursos en Florida y en California.