Argentina: La Reforma Agraria según la Conferencia Episcopal

La reciente publicación del documento “Una tierra para todos” por parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ha hecho resurgir un viejo debate sobre “la tenencia y la concentración de las tierras”.

El documento parece indicar que ha sido el mercado y no el Estado la causa de la injusta distribución de la tierra. La consecuencia de esto ha sido la “extranjerización”, la pérdida de soberanía y de recursos naturales, a partir del endeudamiento de pequeños y medianos productores con extranjeros.

Se considera al latifundio como la principal institución que debe eliminarse. La CEA hace referencia al documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz (1997): “ Para una mejor distribución de la tierra” donde se afirma que “ el latifundio es intrínsicamente ilegitimo : no hay razón para reservarse en uso exclusivo de lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario”.

Contrariamente a lo afirmado en el documento, debemos señalar que la creación de estas propiedades de grandes extensiones fue consecuencia de un modelo exclusivista y de marcada intervención pública. Podemos encontrar la génesis de esta supuestamente “injusta” división de la tierra en sistemas de asignación política de premios y castigos. Tal es la naturaleza de instituciones como el Tratado de Tordesillas, que con la bendición del Vaticano, dividió a América Latina, al Este para Portugal y al Oeste para España, otorgando la titularidad de las tierras que tenían legítimos dueños: los indios. En ésta misma línea, encontramos el sistema instrumentado por España para conquistar los nuevos territorios consistió en entregar grandes extensiones a los “adelantados” y a otras figuras allegadas a la monarquía.

Asimismo, a lo largo de décadas, el marcado sesgo anti-rural de la política económica argentina –cristalizado en políticas de control de precios, retenciones, manipulación de los tipos de cambio, medidas de protección de producciones industriales, entre otras- redujo la rentabilidad del sector incentivando el mantenimiento de la concentración de grandes extensiones en zonas de baja productividad, lo cual no ha sucedido en zonas de alta productividad. Un indicador de esto es el relativamente pequeño tamaño de las explotaciones rurales en las provincias de suelos más productivos, como es el caso de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde el 70% de los establecimientos tienen menos de 2500Ha, que contrasta con lo que sucede en las zonas menos fértiles.

De esta forma, se propone restringir la adquisición de tierras por parte de extranjeros, la venta indiscriminada de grandes extensiones y finalmente una “democratización” de la tierra. De esto surgen infinitas preguntas, entre ellas: ¿Qué establecimientos agropecuarios se expropiarán y se dividirán? ¿A quiénes se les asignarán las parcelas, los créditos subsidiados y la asistencia tecnológica? ¿Quiénes pagarán esos costos? La asignación política de recursos es el regreso a la caza de privilegios y al reparto político de premios y castigos.

La implementación de estas recomendaciones choca con el orden legal fundado en nuestra Constitución Nacional que en su articulo 20, entre otras cosas, otorga los mismos derechos civiles a ciudadanos nativos y extranjeros a poseer bienes raíces, como así también con el artículo 17 (la propiedad es inviolable), el artículo 14 (usar y disponer de su propiedad) y el artículo 28 (marcan los limites a las leyes y al legislador en cuanto a la forma de reglar el ejercicio y la sanción de normas contrarias a la libertad económica). Además sería una certera señal de inseguridad jurídica que de inmediato afectaría negativamente la credibilidad de la Argentina y la estabilidad de las reglas del juego, alejando a actuales y potenciales inversores .

La manera de solucionar el problema sería implementar la propuesta por Juan Bautista Alberdi de 1852 de entregar por parte del Estado las tierras fiscales a aquellos que quieran trabajarla y se comprometan a in periodo de residencia, pagando con una parte de la renta percibida.

La historia ha demostrado que sólo en los países donde se respetan los derechos de propiedad hay creación de riqueza, ahorro y aumento del nivel de vida de la ciudadanía.

La aplicación de la propuesta de la CEA reforzaría la historia de inseguridad jurídica, asignación prebendaria por parte del Estado que, desde la raíz de su conquista, ha condenado a la pobreza a la América Latina.

El autor es presidente de la Fundación Atlas y ha publicado los libros “Raíces de pobreza” y “Las perversas reglas de juego en América Latina”, entre otros.