Argentina: La economía después del 10 de diciembre

Por Juan Carlos de Pablo
Revista Fortuna

Supongamos, como dicen las encuestas, que mañana (o a más tardar, dentro de pocas semanas) Cristina Fernández de Kirchner es elegida nueva presidenta de la Nación; y también supongamos, como dijo en la campaña, que la base de su política económica será la celebración de un Pacto Social.

Es hora de analizar qué tipo de dificultades presentará esta estrategia, a la luz de la pasada experiencia en la materia y a la de la realidad económica que le tocará enfrentar a partir del próximo 10 de diciembre.

En la versión Gelbard, el Pacto Social no tiene nada que ver, ni desde la forma ni desde el contenido, con el Pacto de la Moncloa. Este último fue firmado en España, en 1977, por todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, sin ingerencia corporativa, sea obrera o patronal. Y se concentró en limitaciones al gasto público, la emisión monetaria, etc.

Por el contario, el Pacto Social firmado en Argentina en 1973, fue celebrado entre la Confederación General económica (CGE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Poder Ejecutivo –al tope de cuyo equipo económico estaba José Ber Gelbard… líder de la CGE. En otros términos, fue un pacto corporativo, que ignoró las restricciones fiscal y monetaria, disponiendo congelamientos de precios, salarios, tipos de cambio, tarifas públicas y tasas de interés. Pensado para que durara 2 años, durante dicho período tuvo que ser modificado en 4 oportunidades, y terminó en… el Rodrigazo.

Finalizada la contienda electoral, donde los conflictos no existen y parece que 2 más 2 pueden valer cualquier número, los entusiastas de la versión 2007 del Pacto Social deberían meditar para evitar que el próximo termine como el anterior.

Estas líneas colaboran en este esfuerzo, mostrando qué cabe esperar que le interese a quienes firmen el nuevo Pacto Social, y por consiguiente, planteando quién va a defender los intereses de los ausentes en la mesa de negociaciones.

En el mejor de los casos, en la referida mesa estarán representados los asalariados que laboran en el sector formal de la economía, las empresas industriales y comerciales, las entidades financieras y quizás las agropecuarias. Dado que la esencia de la postura corporativa consiste en la defensa de los intereses de sus miembros, cabe plantear quién se va a ocupar de los restantes actores económicos.

Por ejemplo, los trabajadores informales. Aproximadamente la mitad de los ocupados laboran amparados en "la ley de la selva", y cuanto mayor es la protección del sector formal del mercado laboral, más aumenta la proporción de gente que no obtiene dichos beneficios. ¿Quién peleará por ellos en el Pacto Social?

Otro ejemplo, los jubilados que cobran por encima de la jubilación mínima. Quienes al final de la Convertibilidad percibían la jubilación mínima vieron aumentados sus ingresos 250%, pero el resto entre 25% y 38%. Estos últimos, naturalmente, están haciendo juicios, que eventualmente serán pagados con emisión de nuevos "bocones previsionales". Otra vez; ¿quién peleará por ellos en el Pacto Social?

Las entidades financieras se preocuparán por la distancia entre las tasas de interés activas y pasivas, y los empresarios –deudores del sistema– por la tasa de interés activa, pero; ¿quién defenderá el interés de los ahorristas, sistemáticamente esquilmados desde mediados del siglo XX?

¿Y quién defenderá los intereses de los contribuyentes impositivos, el club más numeroso pero menos organizado de la Argentina? Hugo Moyano consiguió que se aumentaran las deducciones a efectos de que "sus muchachos" pagaran menos impuesto a las Ganancias, pero estoy hablando de la modificación de alícuotas de tipo general.

¿Quién defenderá a los tenedores de pesos, a través de apropiadas políticas monetarias y fiscales, hoy inexistentes desde el punto de vista de la estabilidad de precios?

Por último; ¿quién defenderá la posición de las empresas privatizadas o concesionadas en la década de 1990? No ciertamente los usuarios empresarios, que son los que se van a sentar en la mesa del Pacto Social.

El contraste entre el Pacto de la Moncloa y el Pacto Social es nítido. Del Pacto Social sólo puede salir un acuerdo entre los firmantes, para que lo que haya que ajustar recaiga sobre los ausentes, no importa la frecuencia con la cual los anuncios se hagan en el nombre de que es lo que "le conviene al país", son "políticas de Estado", etc.

El Pacto de la Moncloa, planteado entre partidos políticos, no tiene más remedio que tener en cuenta todos los aspectos del problema. Porque la política, bien entendida, procesa de manera cilivizada los inevitables conflictos que genera vivir en comunidad. Sólo en campaña electoral no hay conflicto entre Capital e Interior, campo e industria, asalariados y empleadores, jubilados y estudiantes, etc.; la realidad es conflicto, en el sentido de que una medida que acerca alguna variable a su valor deseado, con muchísima frecuencia automáticamente aleja a otra de su valor deseado.

Esto será particularmente así desde el 10 de diciembre próximo. Porque Néstor Kirchner pudo gobernar agotando stocks. Cuando llegó al gobierno, el 25 de mayo de 2003, había exceso de capacidad instalada en energía (ahora no) y en el sector manufacturero (ahora muchísimo menos), y lo mismo podríamos decir en otorgarle el beneficio de la duda en el plano internacional.

Quien se haga cargo de la principal responsabilidad ejecutiva se encontrará con la necesidad de reponer stocks. Esto no es ideología, como no lo es que la noche sigue al día o el verano a la primavera. Si las autoridades piensan que los representantes privados de un pacto corporativo le solucionarán el problema de tener que adoptar y comunicar "malas noticias" (no digamos ajuste, que resulta políticamente incorrecto), se van a llevar una gran desilusión. Por eso, si verdaderamente están pensando en arrancar su gestión con un Pacto Social, mejor sería que desde ya vayan pensando en un Plan B.