Venezuela y la sucesión cubana

Por Rafael Rojas
El País, Madrid

La derrota de las reformas chavistas en el referéndum constitucional del 2 de diciembre marca el inicio de una contención de la deriva autoritaria de la izquierda radical en América Latina.

Gracias a un procedimiento democrático ejemplar, impulsado por él mismo, Chávez tiene ahora mayores dificultades para reducir al mínimo los elementos de democracia y mercado en Venezuela. La perspectiva de una nueva reelección, en 2013, de un crecimiento del sector estatal y de una limitación aún mayor de las corrientes opositoras y de los medios autónomos, podría revertirse con una virtual reestructuración del campo opositor venezolano, en la que el movimiento estudiantil jugará un rol protagónico.

Muchos opositores a Chávez habían señalado que las reformas constitucionales que no se aprobaron buscaban introducir el sistema cubano en Venezuela. Al propio Chávez le gusta estimular esa lectura de su gradual y calculada radicalización política. Sin embargo, las reformas chavistas no iban más allá de un peligroso reforzamiento del poder ejecutivo y del derecho a la reelección presidencial. El sentido autoritario de esas reformas era evidente, pero entre un presidencialismo dictatorial y un totalitarismo comunista hay un trecho largo que, de remontarse, implicaría la estatalización de la propiedad, el cierre de la esfera pública y la imposición del partido único.

Las élites de Cuba no convocarían un referéndum como el venezolano
Está claro que el socialismo del siglo XXI, del que habla Chávez, quisiera ser algo distinto a la socialdemocracia o al socialismo democrático y de mercado. Líderes de la izquierda moderna iberoamericana, como Zapatero, Lula, Vázquez o Bachelet, no califican, según el chavismo, como verdaderos socialistas, ya que preservan las instituciones «injustas» del mercado y la democracia. Pero el socialismo del siglo XXI quisiera ser algo distinto, también, al sistema soviético, con su perfecta racionalidad burocrática, y a los populismos clásicos de la región -Vargas, Cárdenas, Perón…-, aunque retome buena parte de su discurso mesiánico y su tecnología carismática.

El socialismo del siglo XXI es, pues, la meta de una izquierda autodenominada «revolucionaria», que sigue creyendo en la concentración del poder económico y político en el Estado, como mecanismo de distribución equitativa del ingreso, y en una oposición intransigente a la hegemonía mundial de Washington. La vocación antiliberal y antidemocrática de esa izquierda choca con su origen electoral -Chávez, Morales, Correa y Ortega han sido elegidos democráticamente- y con los mecanismos de acumulación capitalista que aseguran el crecimiento de sus respectivas economías. ¿Por qué Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua no avanzan, realmente, hacia una cubanización de sus sistemas sociales?

A pesar de saberse admirado por Chávez, el propio Fidel Castro no recomienda la difusión del modelo cubano. Podría pensarse que dicho pacto -admírame pero no me copies- busca evitar una mayor polarización social y un escalamiento del conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, sus implicaciones ideológicas son serias: Chávez, por lo visto, evita acelerar la cubanización de Venezuela, no porque no quiera, sino porque teme perder el poder. Su legitimidad, a diferencia de la de Fidel y a pesar de tanta retórica socialista, no es plenamente revolucionaria sino democrática.

La pregunta podría invertirse: ¿por qué Cuba no adopta el régimen chavista, si los más altos funcionarios de la isla (Lage, Pérez Roque, Alarcón…) consideran a Chávez «segundo» presidente y hablan de una deseada «confederación»? De avanzar hacia ese modelo, en Cuba tendría que permitirse la privatización de buena parte de la economía, la legalización de partidos opositores y el funcionamiento de medios independientes del Estado. Pero tampoco: los líderes cubanos no contemplan una adopción del sistema venezolano por la misma razón que Chávez no se radicaliza: saben que de hacerlo se arriesgan a perder el poder.

La relación entre Cuba y sus aliados de la izquierda estatal produce, por tanto, una rentable ambigüedad ideológica. ¿Es Cuba, como la Unión Soviética, un modelo agotado de socialismo del siglo XX, que debe ser trascendido por la nueva izquierda radical? ¿Es Cuba, en realidad, ese socialismo del siglo XXI, del que habla Chávez, y al que deben aproximarse cautelosamente los países latinoamericanos? La diferencia entre ambas interpretaciones es grande, sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo a imitar está siendo fuertemente presionado por demandas de cambio, que no provienen únicamente de Washington, Madrid, la oposición o el exilio, sino de la propia sociedad cubana.

El socialismo del siglo XXI, siguiendo la idea de la ambigüedad o el «significante vacío» de La razón populista (2005), el libro de Ernesto Laclau, podría ser definido como un bluff o como amenaza o simulación del comunismo, instrumentada por capitalismos autoritarios de Estado. En ese simulacro, casi todos los legados de la izquierda del siglo XX -menos el anarquismo y la socialdemocracia- son aprovechables, aunque sean ideológicamente contradictorios: Lenin, Trotski y Stalin, Vargas, Perón y Cárdenas, Zapata, el Che y Fidel. En la práctica, sin embargo, esos Gobiernos -Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua…- no traspasan los límites de un capitalismo de Estado que, desde la perspectiva de la NEP leninista o de la todavía reciente Cuba soviética, calificaría como orden burgués.

No por tratarse de un simulacro de comunismo, la nueva ideología de la izquierda radical latinoamericana es, potencialmente, menos antiliberal y antidemocrática. De hecho, buena parte de la nostalgia del sistema soviético que la caracteriza tiene como trasfondo la idea de que sus artífices no avanzan más en el control social porque las «condiciones del mundo unipolar no lo permiten». Mientras los pueblos «maduran» y se «educan», el bluff incentiva el conflicto con Estados Unidos, polariza las sociedades y crea la plataforma adecuada para una justificación de la permanencia en el poder, a partir del principio del estado de excepción y del síndrome de «plaza sitiada».

Desde el punto de vista geopolítico, uno de los mejores efectos de la derrota oficial en Venezuela sería el reforzamiento de las corrientes reformistas en la isla y una inhibición de los sectores más intransigentes, que en los últimos años han apostado todo al vínculo con Caracas, como reemplazo de la dependencia económica de la URSS. El dubitativo proceso de sucesión que encabeza Raúl Castro se mueve, por lo visto, en una zona distante al nexo con Chávez y aspira a lo que sus seguidores han llamado un «relanzamiento» del socialismo cubano sobre bases propias.

Un Chávez fortalecido por el triunfo en el referéndum y con posibilidades de reelegirse en 2013 y de permanecer en el poder hasta 2020 o 2027 hubiera sido una garantía de perpetuidad para las élites cubanas. Los actuales llamados al «debate» y al reconocimiento de la «diversidad», por parte del Partido Comunista, no deberían hacernos olvidar que entre 1986 y 2006 ese mismo partido decidió concentrar todo el poder político y administrativo de la isla en la persona de Fidel Castro. La prioridad de las élites cubanas es subsistir, conservar el poder y para ello están dispuestas a todo: incluso, a tolerar las críticas de sus partidarios. A todo, digo, menos a reconocer la oposición y el exilio o a convocar a un referéndum democrático como el venezolano.

Rafael Rojas es historiador cubano, exiliado en México.