Bolivia: Justicia comunitaria

Cuando se aproxima el segundo aniversario de la llegada al gobierno del Presidente Evo Morales la Republica de Bolivia parece haber enfilado el camino a convertirse en un territorio gobernado por la irracionalidad y la violencia.

Turbas de diversos orígenes se enfrentan en las regiones, unas cercando las instituciones democráticas, empresas y propiedades agrícolas, las otras intentando defenderlas mientras la producción de cocaína ha alcanzado records históricos y el gobierno azuza los enfrentamientos raciales y la descomposición social. Desde la llegada de Morales casi un millón de bolivianos ha emigrado del país debido a la inseguridad ciudadana, la incertidumbre económica y el fanatismo político.

El discurso y la campaña comunicacional del gobierno implican la condena y execración del pasado y la mitificación del presente y sus actores, incluyendo la idea de que Evo Morales encarna al mito del “buen salvaje” y representa a un gobierno de indígenas marginados y oprimidos, pero la realidad es radicalmente diferente. El régimen boliviano si tiene un comportamiento propio de salvajes, pero de bueno no tiene nada.

Bolivia esta hoy viviendo un franco proceso de retroceso al medioevo, una regresión civilizatoria que abarca un sistemático y abierto asedio a las instituciones, a los opositores, como al sistema de justicia de Bolivia. De rasgos fundamentalistas y radicales, la lógica de Morales es autoritaria y ha hecho del vilipendio y el ultraje la base de su discurso, lo que, junto a signos exteriores sencillamente inventados como su vestimenta, y la puesta en escena de medidas de impacto mediático, ha logrado llamar la atención de ciertos estratos de la opinión publica a nivel mundial.

La mas reciente iniciativa de los partidarios de Morales fue organizar en Achacachi, a 70 Km. de La Paz, un acto de crueldad y barbarie para amedrentar a sus opositores en forma grafica y concreta. Ante las cámaras de televisión especialmente convocadas decenas de indígenas armados con fusiles y uniformados con ponchos rojos se dieron la tarea de degollar a dos perros vivos colgados de un alambre no sin antes someterlos a una sesión de apaleamiento para dejar testimonio del riesgo que corren los opositores de Evo Morales. El hecho, internacionalizado a través de los medios y de You Tube motivó una condena enérgica de casi todos los sectores de la sociedad menos del gobierno que en algunos casos llegó incluso a justificar tan patética acción. .

Resulta paradójico, no obstante, que este particular hecho de barbarie haya merecido incluso mayor atención que los que cometidos en contra de seres humanos, una constante en crecimiento desde la llegada al poder de Evo Morales.

En efecto, como parte de la revalorizacion de supuestos y distorsionados “saberes ancestrales“ parte del discurso racista y xenófobo de los partidarios de Morales, los últimos meses han visto la puesta en valor de practicas de justicia indígena o comunitaria para resolver casos de diversa índole, en materia civil como penal, sin respetar conceptos elementales como el derecho a la defensa, la investigación previa, la participación de testigos o cualquier cosa que remotamente pueda ser considerada debido proceso o que permita las mínimas garantías procesales. Desde la llegada al poder de Morales se ha legitimado y se pretende incorporar incluso en un nuevo texto constitucional la lógica de esta peculiar forma de administración de justicia que tiene en la instauración del linchamiento y la justicia de la horda sus principales pilares. No pasa un día sin que se informe de casos de justicia por mano propia protagonizados por agrupaciones de enardecidos que, con el tácito aval del gobierno, torturan y asesinan impunemente en lo que es una versión seudo jurídica de la agresividad discursiva, política y militar del gobierno.

Los ciudadanos de Bolivia están cada vez mas preocupados por el total descontrol que existe en muchas áreas rurales, urbanas, y peri urbanas en este tipo de practicas en las que hombres y a menudo mujeres y niños son sometidos a indescriptibles sesiones de tortura y luego colgados o quemados vivos acusados de diversos actos o simplemente por el hecho de haber despertado algún tipo de sospecha. Ello ocurre con cada vez mayor frecuencia en un país cuya historia incluye haber linchado en 1946 a un Presidente de la Republica.

El propio Evo Morales ha propuesto una ley que incluye los latigazos como forma de castigo y pretende elevar constitucionalmente la ‘justicia comunitaria” al mismo rango que la justicia convencional para luego suprimir la justicia ordinaria, alentando de esta forma la capacidad jurisdiccional para que todos administren justicia lo que ha dado pie para que muchos indígenas tengan carta blanca para cometer hechos delictivos y luego escudarse en lo comunitario, en una suerte de desenfreno colectivo.

En palabras del director de Agencia de Noticias “Fides” (Anf) el sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas : “Con mayor frecuencia se cometen crímenes horrendos en aplicación de la llamada "justicia comunitaria". Será porque antes no abundaban esas venganzas, o porque la prensa no se ocupaba del tema, el hecho es que en varias comunidades campesinas e incluso en barrios extremos de algunas ciudades, son azotados como bestias, ahorcados como reses del matadero o quemados vivos como antiguamente se hacía con los brujos, por decisión de la comunidad. La pena incluye, desde supuestos rateros, consumados ladrones, hasta presuntos violadores y homicidas. Un grupo auto constituido en tribunal popular decide tomarse la justicia por su mano y les aplica penas inhumanas y primitivas sin ninguna garantía de que la vindicta pública garantice un procedimiento legal. “

Algunos de los casos recientes, relevados de la Prensa boliviana, son un cuento de terror de indescriptible crueldad y violencia. A todas luces, además, la frecuencia de estos hechos se encuentra en aumento.

– El 22 de noviembre de 2005, en Liriuni, Cochabamba, un hombre de 23 años fue linchado por una turba. Sus acompañantes, Jorge Flores 17, y José Tejada 23, fueron echados a un barranco de 20 metros con quemaduras de primer y segundo grado. Las investigaciones iniciales apuntaban a la responsabilidad de los comunarios del lugar, situado a 24 kilómetros de la capital.

– El 10 de marzo de 2006 en La Chancadora, Chapare, José Luís López, 26, sobrevivió a un linchamiento con secuelas renales y neurológicas, luego de haber sido rescatado por la policía, quien lo encontró atado a un “ palo santo” (árbol con hormigas) donde había sido amarrado por los comunarios luego de ser confundido con un ladrón. Esta practica brutal, en la que la comunidad tortura o asesina a uno de sus miembros mediante este inusual método, ha sido mostrada y ensalzada en el film “cocalero” que cuenta la vida de Evo Morales.

– En Junio de 2006 el gobierno de Evo Morales concede “asilo político” a los paraguayos Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco Aquino, acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex Presidente paraguayo Raúl Cubas.

– El 28 de junio de 2006, en zona Mercedes “ B”, ciudad del Alto, Julio Mamani, 55, fue atado a un poste luego de ser sorprendido robando algunas herramientas y colgado por una turba. La Policía se enfrento a los linchadores quienes argumentaron que se trataba de ‘justicia comunitaria” pero ya la victima había fallecido.

– El 15 de septiembre de 2006 en Pailón Santa Cruz de la Sierra, Cuatro menores de edad fueron golpeados por una turba luego de ser sorprendidos robando. El linchamiento no fue consumado debido a la oportuna intervención y súplicas del corregidor Wilson Cuellar Menacho, quien intervino para calmar a la turba enardecida que estaba decidida a prenderles fuego.

– El 13 de octubre de 2006, en San Julián, Santa Cruz, Marcelino Rojas Parra, de apenas 16 años fue golpeado con palos y piedras, incluida una cruz sacada del cementerio para el efecto, hasta morir luego de ser arrebatado de manos de la Policía Rural quien lo había detenido bajo sospecha de robo de una motocicleta. Luego de asesinarlo, su cadáver fue arrojado a la puerta del comando policial.

– En una fecha indeterminada de diciembre de 2006 una mujer fue enterrada viva luego de ser descubierta cometiendo adulterio a en la comunidad Chiru Kasa, provincia bustillos en el norte de Potosí.

– El 26 de diciembre de 2006, en Achocalla, La Paz, ocho personas, incluidas tres mujeres sobrevivieron a un intento de linchamiento. La policía señaló que los vecinos procedieron a detener a un grupo de parroquianos y pretendían aplicarles “ Justicia comunitaria”

– Turbas de cocaleros asaltan e incendian la prefectura de Cochabamba en enero de 2007 dirigidos por la Sra. Celima Torrico, la senadora Leonilda Zurita y el dirigente Víctor Cáceres, resultando de los enfrentamientos dos muertos Juan Tica Colque y Cristian Urresti y más de un centenar de heridos . Amnesty International se pronuncia sobre la impunidad con la que estos hechos han sido tratados por parte del estado boliviano.

– El 12 de enero de 2007, en Santiago segundo, El Alto de La Paz, Gregorio Edgar Copa fue linchado y colgado de los pies luego de ser sorprendido robando una carnicería. Cuando la familia quiso sentar la denuncia en la policía fueron amedrentados por integrantes de la misma turba quienes arguyeron” justicia comunitaria” para explicar los hechos.

– El 15 de enero de 2007 un hombre fue supuestamente sorprendido robando garrafas de gas en la zona de Villa Tunari, ciudad del Alto, la Paz, y golpeado hasta morir. Cuando se encontraba moribundo la policía llego al lugar pero la turba impido el auxilio policial hasta que no se presentase la fiscal del distrito “para investigar el robo”. El hombre falleció producto de los golpes.

– El 24 de enero de 2007, en Ayo Ayo, La Paz, 3 personas fueron linchadas y quemadas. Sus cuerpos fueron encontrados en un automóvil, maniatados y con signos evidentes de haber sido torturados. Ayo Ayo es la localidad en la que el 14 de junio de 2004 una turba colgó y mato al alcalde del pueblo, Benjamín Altamirano, bajo la acusación, nunca probada, de haber malversado recursos del municipio. Cuando la policía y algunos periodistas llegaron fueron recibidos a pedradas por enardecidos campesinos, con el saldo de dos heridos Este hecho, a diferencia de otros, cobró notoriedad debido al cargo de la victima.

– El 5 de marzo de 2007, en Miraflores, La Paz, a diez cuadras del palacio presidencial, un joven sobrevivió a un intento de linchamiento luego de que fuera acusado de intentar robar un teléfono celular.

– El 10 de marzo de 2007, en Villa Belén, Sucre, Félix Catari León (18) y José Luís Villa Macías (21), fueron quemados por una turba que los acusaba de haber robado electrodomésticos. Sobrevivieron con quemaduras de primer y segundo grado.

– El 10 de marzo de 2007 las oficinas del ministerio publico en Llallagua, Potosí, tuvieron que ser cerradas luego de que una turba amenazara con linchar a los fiscales asignados al caso del asesinato de Javier Charque Choque, 24, quien el 20 de diciembre de 2006 fue lapidado y ahorcado en cumplimiento de una sentencia de “justicia comunitaria” en el ayllu Sicoya. Uno de los arrestados por este hecho, Cirilo Cruz, fue liberado y la investigación no prosiguió.

– El 12 de marzo de 2007 en San Felipe de Seke, ciudad del Alto, una mujer fue torturada por una turba durante más de 14 horas. La mujer, identificada con las siglas R.Y fue rapada y se encontraba totalmente desnuda cuando fue rescatada por la policía.

– El 30 de marzo de 2007 en Tarabuco, Chuquisaca, 4 agricultores habrían enterrado vivo a un joven de 25 años, Javier Roque Choque. Este supuesto hecho a su vez estuvo a punto de derivar en el linchamiento de los presuntos autores por parte de una turba de 150 personas que se aglomeró ante las celdas policiales con el objeto de aplicar “justicia comunitaria” a los presuntos homicidas. Ese mismo día, la prensa refiere de otro caso de linchamiento ocurrido en Potosí en enero de 2007

– En una fecha no precisada en la comunidad de Chojñacawa, provincia Omasuyos, cercana al Illampu, mataron a seis supuestos delincuentes involucrados en el robo de ganado e incluso asesinatos, informó el diputado del MAS y dirigente campesino Hilario Callisaya.

– El 12 de abril de 2007 la policía informó que realizó el levantamiento del cadáver de una presunta victima de linchamiento en Achocalla, La Paz y evitó tres intentos de linchamiento en la ciudad del Alto en las últimas 24 horas. Una mujer de 49 años se libró de ser linchada por mas de cien personas en villa cooperativa, ciudad del Alto, por haber entregado un falso billete de 20 bolivianos (2.5 Dólares). Un hombre de 55 fue agredido por el supuesto robo de dos garrafas y un ladrón sorprendido in fraganti casi fue linchado.

– El 19 de abril de 2007, en Senkata, El Alto, Eliseo Felipe Cáceres (40) presumiblemente un ladrón reincidente fue quemado vivo y colgado. La policía lo rescató aun con vida pero falleció camino al hospital

– El 28 de abril de 2007, en El Alto, La Paz, el concejal municipal de la ciudad del Alto Roberto de la cruz es filmado por la red de televisión de alcance nacional "UNITEL" participando en un linchamiento. La victima se encontraba semi desnuda al lado de una fogata, implorando por su vida y el concejal municipal consultaba sobre su destino con los vecinos. Cuando la policía llego fue recibida con piedras pero finalmente rescató al linchado. De la cruz ha sido reiteradamente denunciado por extorsionar a dueños de locales públicos del Alto y por diferentes actos de corrupción pero no ha sido procesado por este intento de linchamiento.

– El 25 de mayo de 2007, en Incahuasi, Chuquisaca, una mujer fue linchada.

– El 7 de junio de 2007, en Tarapacá, ciudad del Alto, un hombre de 26 años se salvó de ser linchado gracias a la oportuna labor de la policía que logro rescatarlo. Fue sindicado de robar medidores de luz acusaciones que el negó.

– El 11 de Junio de 2007 en Azidumarca, Cochabamba dos jóvenes estudiantes de secundaria fueron confundidos por delincuentes y salvajemente golpeados. Luís Choque Quisbert (16) murió en el acto y Moisés Cachi Tenorio (17) sobrevivió con quemaduras de primer y segundo grado y murió días después.

– El 20 de junio de 2007, en nuevos horizontes, El Alto, un hombre fue torturado durante dos horas y luego linchado tras ser atrapado intentando robar una casa. La policía intentó rescatarlo pero la turba les impidió el paso.

– El 2 de julio de 2007. en La Maica, Cochabamba se produjo un intento de linchamiento de dos jóvenes acusados de robo de ganado .La intervención de la policía evitó que ambos fueran quemados vivos luego de haber sido golpeados. La policía arrestó luego a los linchados

– El 19 de agosto de 2007, en villa Yunguyo, El Alto, un hombre fue linchado luego de ser descubierto asaltando a un taxi. Fue maniatado y golpeado a puños y palos durante horas por una furiosa turba. Sus cómplices escaparon. Se desconoce el paradero de Sofía Aduviri Quispe, la mujer cómplice del fallido atraco, que durante el linchamiento del presunto atracador fue golpeada por la turba enardecida, que pedía que ella también fuera quemada

– El 20 de Agosto de 2007, en Capinota, Cochabamba, Miguel Romero y Guillermo Sanja, además de dos menores de edad se salvaron de ser linchados gracias a la intervención de la Policía.

– En fecha no precisada, en el ayllu Chullpa, en el norte de Potosí, se registró un asesinato donde intervino la Fiscalía. El supuesto asesino, fue llevado ante la justicia y, una vez anoticiada la población, tomó la oficina de la Policía de Llallagua. El fiscal Tifón Romero informó que la comunidad, logró atrapar al supuesto asesino a pesar de los intentos por impedirlo. Lo sacaron de la Policía y le aplicaron “justicia comunitaria” y le prendieron fuego. Trató de huir como una antorcha humana. Llegó hasta la tranca y lo volvieron a agarrar y le ahorcaron según testigos.

– Fue reportado que en la comunidad de Humanata un hombre fue sorprendido robando como consecuencia de lo cual los campesinos decidieron aplicar la “justicia comunitaria” y, luego de arrastrarlo por lo menos unos 500 metros, lo colgaron en un puente, informó el fiscal de El Alto, Gregorio Blanco. El cuerpo del hombre fue enterrado en los propios terrenos de su madre. Los familiares denunciaron al caso ante las autoridades y se inició una investigación que tropezó con un hermético silencio de los comunarios. El hecho sucedió el 2004 y hasta el momento el caso prosigue en etapa de investigación, explicó el fiscal.

– El 4 de septiembre de 2007 en Challapata, Oruro, 5 presuntos ladrones fueron rescatados por la policía y el ejercito luego de ser golpeados por una turba que intentó quemarlos.

– El 23 de septiembre de 2007 en el barrio Los Ángeles de la Villa Primero de Mayo en Santa cruz de la Sierra, Alfredo Villarroel Soruco (18) fue acusado de robar gallinas y lo golpeado hasta quedar malherido. El joven falleció tres días después en el hospital Japonés.

– El 29 de septiembre de 2007 en ciudad del Alto, una pareja de jóvenes y un ciudadano peruano, acusados de atraco, fueron golpeados y casi quemados por vecinos en la zona Senkata 69 y en la carretera a Viacha, respectivamente.

– En día no precisado del mes de septiembre de 2007, David Coronado Loayza (23) fue linchado en Santa Cruz de la Sierra. José Luís Villagomez fue dejado en estado de coma por la misma turba.

– El Primero de Octubre de 2007, en San Miguel, Oruro Jorge Sandoval Andia, 50, fue quemado vivo por los vecinos de la urbanización San Miguel de Oruro porque presuntamente fue encontrado robando en un domicilio particular.

– El 2 de Octubre de 2007 fue reportado que los comunarios de Charazani, en el Departamento de la Paz, detuvieron a cuatro presuntos ladrones y amenazaban con aplicarles “Justicia Comunitaria”, ante la ausencia del fiscal que se encontraba enfermo habiendo uno de ellos desaparecido.

– El 11 de Octubre de 2007 El policía Luís Nina, de 20 años, murió en la zona de Villa Tunari de El Alto cuando los vecinos lo confundieron con un delincuente.

– El 19 de Octubre de 2007 una familia compuesta de David Padilla, Omar Padilla, Rolando Padilla y Jorge Rocha fue golpeada por pobladores de Melga, Cochabamba al ser confundida con ladrones. La turba quemó el automóvil y los cuatro lograron ser rescatados por la Policía. Ningún poblador levantó cargos contra la familia, según el reporte policial.

– El 28 de Octubre de 2007 en Villa San Andrés, Cochabamba y en la zona Atahuallpa, Cochabamba se produjeron dos intentos de linchamiento que fueron evitados por la intervención de la Policía.

– El 2 de Diciembre de 2007, en la zona de Catachila Baja de Sacaba (Cochabamba), Jesús Elmer López,19, murió linchado luego de que los vecinos lo confundieron con un ladrón. Antes de ser colgado de un poste el joven fue torturado por una turba de 200 personas. Cuando la policía llegó al lugar fue obligada a pedir refuerzos por que los comunarios amenazaron con lincharlos a ellos también.

– El 2 de Diciembre de 2007, en la zona de San Silvestre, Ciudad del Alto tres ciudadanos cuya vehiculo se había descompuesto, se salvaron de ser linchados gracias a la oportuna intervención de la Policía.

– El 5 de Diciembre de 2007, en Villa Adriani, Ciudad de El Alto, 4 presuntos ladrones fueron linchados y quemados dentro del vehiculo en el que intentaban fugar luego de presuntamente protagonizar un asalto. Una turba de aproximadamente cien individuos los golpeó y luego prendió fuego al vehiculo.

Algunas autoridades del gobierno, aunque no todas, niegan que estos casos sean atribuibles a la “justicia comunitaria”, con la misma lógica según la cual repiten que “coca no es cocaína” o asumen posiciones radicales y anómalas en una variedad de temas. Sin embargo los perpetradores de los hechos son a menudo explícitos sobre la base “comunitaria” de sus acciones.

En la perspectiva oficial, no obstante, “la justicia comunitaria es mucho mas transparente que la ordinaria” como lo declaraba la ex ministra de justicia de Evo Morales, Casimira Rodríguez. En muchos casos, las justificaciones y métodos se asemejan a los que ocurren en lugares gobernados por el fundamentalismo islámico, alegándose con frecuencia que se ejecutan por la falta de acceso a la justicia convencional.

La recurrencia de los casos revela que en Bolivia rige la pena de muerte, sin ley ni proceso, y al amparo de la denominada “justicia comunitaria”. Los chicotazos, el destierro y la humillación pública como pedir perdón de rodillas ante cada miembro de una comunidad junto con otras prácticas violatorias de los derechos humanos también son frecuentes.

A pesar de que la constitución proscribe la pena de muerte dirigentes opositores como Felipe Quispe y del partido de gobierno como el diputado Hilario Callisaya admiten su practica en el contexto de la “justicia comunitaria” e incluso la justifican como el Vice ministro de “justicia comunitaria” Valentín Ticona, explicando en detalle procedimientos tales como la existencia de “dos perdones antes que se aplique la pena de muerte,” y admitiendo que “hay algunos comunarios que a título de Justicia Comunitaria hacen cosas que no deben hacer “, y que “es evidente que se dan casos de castigos exagerados en la Justicia Comunitaria, pero esto sucede porque algunos comunarios no respetan las normas “

Otros se empeñan en sostener rotundamente que los casos de linchamiento no son justicia comunitaria, pero la realidad se encarga de demostrar lo contrario. Las autoridades policiales afirman que es muy difícil iniciar procedimientos judiciales en contra de los linchadores, porque entre la población se ha impuesto la “ley del silencio” y, por lo tanto, nadie ha visto nada, nadie ha oído nada y, nadie dice nada a pesar de que en no pocos casos los hechos han ocurrido frente a las cámaras de televisión.

Estos hechos son una de las múltiples consecuencias de la lógica de odio racial y de supuesta “democracia étnica” que pretende enraizar un sistema primitivo, esencialmente tribal, que el señor Morales busca imponer en Bolivia, gracias a la masiva inyección de recursos por parte del estado venezolano mediante la sistemática y abierta intromisión de Hugo Chávez, y el apoyo y asesoramiento político y de inteligencia por parte del régimen cubano. La logística técnica, comunicacional y el apoyo financiero de los movimientos antiglobalizacion y ONG s de Europa y Estados Unidos es también un pilar fundamental para su gobierno, quedando abierta la pregunta sobre si los donantes de estas organizaciones conocen de la magnitud de los hechos que promueve Morales en Bolivia.

Contrariamente a lo que el repite incansablemente, Morales Ayma fue expulsado del parlamento boliviano en enero de 2000, no por encabezar protestas de campesinos pobres, ni siquiera por bloquear caminos lanzando dinamitas, mucho menos por una supuesta discriminación étnica ni nada que se le parezca.

Fue expulsado por haber sido implicado por testigos en el asesinato del Teniente David Andrade López y de su esposa Graciela Alfaro Rada, secuestrados, torturados y asesinados por una turba cocalera el 25 de septiembre de 2000, en condiciones muy similares a los otros casos de “justicia comunitaria” así como las desapariciones y muerte de los militares Juan Lazarte Alvarado, Julio Veramendi Torrico y de los policías Silvano Arroyo y Gabriel Chambi crímenes que, como todos los cometidos por sospechosos cocaleros, Morales nunca condenó, ni criticó. .

En esos crímenes fueron pública y reiteradamente implicadas por varios testigos, el propio Evo Morales, la actual senadora del MAS Leonilda Zurita, a quien los Estados Unidos le negó la visa de ingreso supuestamente por esta razón, y la asambleísta Margarita Terán .En los enfrentamientos de Cochabamba en enero de 2006 Zurita fue filmada repartiendo alimentos de donación a los cocaleros que incendiaron la prefectura, eventos en los que hubo dos muertos y decenas de heridos.

Durante la campaña electoral de 2005, que precedió a las elecciones en las que Morales obtuvo un contundente triunfo, todos los representantes de los otros partidos políticos fueron sencillamente vetados de hacer proselitismo en casi todas la áreas rurales del altiplano boliviano bajo amenaza de que si se hacían presentes, se les aplicaría “justicia comunitaria” en otras palabras serian linchados.

El uso de la ”justicia comunitaria” ha sido la base de amenazas y acciones de hecho como el incendio de la Prefectura de Cochabamba en enero de 2006, y los bloqueos de marzo del mismo año, lo que generó enfrentamientos que causaron dos muertos y decenas de heridos y ha sido incluso utilizada como argumento para amedrentar a medios de comunicación importantes como el matutino La Razón. , y a los ejecutivos de Línea Aérea nacional (LAB)

En la perspectiva del MAS, el objetivo es reemplazar la justicia ordinaria por la comunitaria, luego de una etapa en la que ambas estén en el mismo nivel constitucional jerárquico. Esto ha generado un debate de posiciones encontradas entre los partidarios de esta visión a todas luces radical y los que propician una conciliación entre las dos formas de justicias, aun si, dada la visión del MAS según la cual hay 36 “naciones” dentro de Bolivia, tengan que constitucionalizarse 36 formas de justicia.

Para los defensores de la justicia comunitaria, las iniciativas como las presentadas por el tribunal constitucional a la asamblea constituyente y según las cuales la justicia comunitaria podría coexistir con la ordinaria “siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales del ser humano” no son aceptables ya que, entre otras supuestas ventajas, la justicia comunitaria es una forma “rápida de encontrar soluciones, de juzgamiento inmediato” Ello no es de extrañarse si el acusado no tiene ni siquiera derecho a la defensa.

A principios de año 2007 el ejecutivo envió, de hecho, un proyecto de ley para evitar que las acciones de la justicia comunitaria puedan ser objeto de procesamiento en la justicia ordinaria y que la justicia comunitaria sea aplicable en “todos los delitos”, planteamiento que generó duras críticas. En el mismo se sostiene que las decisiones asumidas por las autoridades indígenas serán "de orden público y cumplimiento obligatorio, (…) y no podrán ser sometidas posteriormente a "conocimiento" de ninguna autoridad judicial ni administrativa".

El propio Evo Morales ha hecho explicita su preferencia por la justicia comunitaria entre cuyas características “procedimentales” esta la “consulta a la hoja de coca” y otros rituales para determinar responsabilidades, la no existencia del derecho a la defensa o a la apelación, y el hecho de que las autoridades asumen simultáneamente el rol de fiscales, jueces, policías y verdugos.

En algunos casos, el “proceso” concluye en la victimacion del acusado y en otros como este clásico caso descrito en el periódico La Prensa un supuesto homicidio es resuelto con una multa pecuniaria luego de una inusual “investigación” :

“En febrero del año pasado, un hombre murió con un cuchillo en la espalda cerca del lago Titicaca. El principal sospechoso fue a parar ante la autoridad de su ayllu. Se organizó una asamblea comunitaria, donde negó haber cometido tal crimen. Lo llevaron al camposanto del poblado. Encendieron un brasero, echaron allá incienso, mascaron coca y rociaron con alcohol. Se encomendaron a las deidades cósmicas. El acusado insistió en que era inocente. Le pusieron una cruz delante y un manto negro con sal que le hicieron pisar.. Le dieron al acusado seis chicotazos y le insistieron en que dijera la verdad. Al final, lo enterraron hasta la cintura y lo dejaron en el cementerio hasta el día siguiente. Entonces, admitió haber matado y acabó pagando a la viuda.”.

Otro relatos sobre los mecanismos de investigación y sanción de de la administración de “justicia comunitaria” a la que sus defensores el atribuyen los rasgos de “oral, plural, gratuita, pública, preventiva y reparadora “ :

“Anacleto Aranda, fue expulsado de su comunidad, luego de haber vivido 40 años en ella y su tierra confiscada bajo la acusación de haber provocado un incendio. El caso fue atendido bajo “justicia comunitaria”. y el diputado del MAS, Filemón Aruni, defendió esta situación afirmando que “en los usos y costumbres de las comunidades está la expulsión si una persona no cumple con la función social”. El 17 de diciembre de 2006, Aranda fue atacado “Me han agarrado, incluso disparando armas, me patearon. Me llevaron a mi casa, me echaron con orina. Han destrozado mi casa y me bajaron a Caranavi a la oficina de Colonizadores. Estaban amarradas mis manos y con muchos golpes. Pude escapar de milagro. Mi esposa había ido a tocar la puerta de la Fiscalía, la Policía y nadie hizo nada. Harta gente es, nosotros no podemos, dijeron” Hoy deambula en la ciudad de la Paz, viviendo de la caridad.

“José M.L. fue expulsado de su comunidad por decisión del jilakata (autoridad indígena) y en castigo por haber peleado con otro poblador, ambos se causaron lesiones, pero su oponente tenía relación amistosa con la autoridad. Primero le cortaron el agua con que regaba sus sembradíos y luego lo expulsaron, sin un proceso ante la comunidad según relató el abogado Liborio Uño Acebo, de la Universidad Mayor de San Andrés. Según el especialista, se sabe de pocos casos en los que la justicia comunitaria sea imparcial, y no existe un ente que pueda revertir la situación. “En las sanciones para los delitos mayores están los azotes, aunque ésta es una herencia española, también había azotes en el sistema incaico; por robar, 100 azotes, que son un quintal, y 25 son una arroba. En el derecho comunal reaplica esa herencia”.La justicia indígena u originaria emite sanciones que van desde el reparo de un daño hasta el azote e incluso la muerte, según Uño y los representantes de comunidades indígenas de las tierras altas y bajas, quienes participan del foro Justicia Comunitaria en la nueva Constitución Política, impulsado por la Red Participación y Justicia.”

En el Perú, en la frontera con Bolivia, este caso ocurrido a mediados del mes de agosto de 2007, reproducido en el Diario el Deber de Santa cruz de la Sierra que cita al Comercio de Lima y que ilustra como pocos, las características de la “ justicia comunitaria”, sus monstruosas vicisitudes, y lo propiamente diabólico de la turba haciendo “justicia” :

“Miembros de doce comunidades campesinas de la provincia de Huancané, próxima al lago Titicaca, juzgaron sumariamente y condenaron a muerte a Gary Parisuaña, de 17 años, por asesinar a golpes junto a otro menor de 15 años, a los hermanos Benigno y Remigio Yucra y robarles dos toros el pasado miércoles. Los presuntos asesinos fueron reconocidos y capturados el jueves pasado por un grupo de pobladores de la comunidad de Patascachi, en Huancané, cuando pretendían vender el ganado robado en un mercado de la zona, según El Comercio. Tras ser torturados por una multitud de campesinos, los dos adolescentes reconocieron formar parte de una banda de cuatreros dirigida por Parisuaña y admitieron haber asesinado a siete personas para robar su ganado y otros objetos de valor, en diversos incidentes cuyas fechas no fueron precisadas. La muerte de Parisuaña fue ejecutada el domingo por su padre, forzado por los cerca de 3.000 pobladores de la región que se acercaron a Patascachi para participar en el linchamiento. El otro joven capturado fue salvado de la muerte por algunos dirigentes comunales, que sin embargo no pudieron evitar que fuera azotado en público como castigo. Versiones de los lugareños indican que Parisuaña había sido detenido con anterioridad y entregado a la policía de la región, pero un fiscal ordenó su liberación, lo que ocasionó descontento y amenazas de ajusticiamiento popular. Pese a que desde primera hora de la mañana del jueves se sabía que el joven había sido retenido por la población de Patascachi, ni la policía ni el gobernador del distrito se presentaron en la zona para evitar el linchamiento, de acuerdo con El Comercio.”

Sin duda que la larga y traumática historia de los pueblos de Bolivia explica en mucho los intrincados mecanismos de percepciones superpuestas sobre la justicia ordinaria y la exigencia para que hayan cambios que permitan encontrar soluciones que la vuelvan mas eficiente, pero nada justifica los hechos de salvajismo que a titulo de “justicia comunitaria” se están dando hoy en Bolivia, sin que merezcan investigaciones ni sanciones sino aprobación por parte del gobierno de Evo Morales y su Partido.

En la perspectiva de quienes se oponen a esta modalidad de “justicia” su revalorizacion en la nueva constitución significaría entre otras cosas, violar principios jurídicos universalmente aceptados – que cuesta creer que estén siendo cuestionados- como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como acuerdos internacionales suscritos por el estado boliviano como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos.

Luís Eduardo Siles es diplomado del Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos y Magíster en Gestión y Políticas Publicas de la Universidad Católica Boliviana/Harvard Institute for Internacional Development. Ex Diputado Nacional.