España y la Ley del Suelo: Una ley para agravar la crisis inmobiliaria

Por Emilio J. González
Libertad Digital, Madrid

Sólo los malos gobiernos crean problemas cuando tratan de resolver otros. Es el caso del Ejecutivo de Zapatero con su nueva ley del suelo. Con esta norma pretende resolver la carestía de la vivienda, que tiene sus raíces en el sistema de intervención pública sobre este bien, pero lo que va a crear va a ser todo un rosario de problemas de gran alcance.

Lo más destacado de la ley es que esta faculta a las administraciones públicas a expropiar suelo a precio de coste, lo que ha provocado una caída de su precio de aproximadamente un 90 por ciento, perjudicando claramente a los propietarios. La primera cuestión acerca de este asunto es si el Gobierno puede hacer algo semejante. La Constitución española admite que el Ejecutivo pueda llevar a cabo expropiaciones, pero exige a cambio el pago de lo que denomina un justiprecio, o sea, un precio justo. Desde luego, el precio al que las administraciones podrían hacerse ahora con suelo privado distaría mucho de ser justo ya que este ha caído como consecuencia tanto de la crisis crediticia como de la propia norma gubernamental, lo que desde luego no se pueda decir que sea justo porque aquí no interviene en ningún momento, ni antes ni ahora, el libre juego de la oferta y la demanda para establecer ese precio.

Por tanto, se abre de par en par las puertas a conflictos jurídicos y se corre el riesgo de que, en caso de recurso ante el Tribunal Constitucional, éste falle en contra del Ejecutivo transcurridos unos años, como ocurrió con la ley del suelo de 1989, cuya sentencia se firmó ocho años después. Lo malo es que ahora, al haber desaparecido el recurso previo de inconstitucionalidad, el Gobierno puede hacer lo que quiera, pero si luego se ha fallado en su contra: ¿qué pasará con los propietarios del suelo expropiado? Todo esto no hace más que introducir inseguridad jurídica.

Luego está la cuestión de a quién se le va a expropiar el suelo. Si se sigue el razonamiento que ha llevado a Zapatero y los suyos a aprobar semejante ley, lo lógico es pensar que los grandes poseedores de suelo, es decir, las inmobiliarias, serán las principales víctimas. Pero estas empresas atraviesan en estos momentos por una situación muy difícil, como consecuencia de la crisis crediticia porque se les ha cerrado el grifo del dinero, y muchas de ellas no hacen más que pedir a gritos medidas de socorro. Hasta tal punto las cosas están mal en el sector que el Gobierno ha llegado a considerar el que el Instituto de Crédito Oficial las financie con préstamos especiales, algo que va en contra de la naturaleza de esta institución.

Si la administración se dedica ahora a expropiar suelo a unas inmobiliarias cargadas del mismo, que han visto como su valor se ha desplomado casi un 90 por ciento, que están asfixiadas en términos financieros y que sufren en sus carnes el parón del sector, aquí lo único que va a tener lugar es un rosario de quiebras y despidos. Si el banco de negocios Morgan Stanley ya está advirtiendo que en España puede haber quiebras encubiertas, que no pasará si la Administración aprovecha las posibilidades de expropiación abiertas por la ley. Por supuesto, esto agravaría no solo la crisis del sector, sino la del conjunto de la economía y el empleo y se necesitaría mucho tiempo para superarla.

En consecuencia, el Gobierno ha tomado el camino equivocado para resolver el problema de la vivienda, porque va a crear otro mucho más serio y grave. Lo que tendría que haber hecho era impulsar una reforma de la financiación de los ayuntamientos para, a continuación, proceder a liberalizar el suelo y resolver el problema. Pero como este PSOE no cree en el mercado y todo lo que quiere es disponer de mecanismos de intervención, que no son otra cosa que mecanismos de control sobre la sociedad, ha hecho lo que ha hecho. Lo malo es que se puede pagar muy caro.