Guatemala: Precios tope, subsidios e impuestos especiales
Por Ramón Parellada
Siglo XXI
Ante el alza de precios de productos, como el petróleo y sus derivados, así como del trigo, maíz y otros commodities, el Gobierno piensa imponer precios tope, otorgar subsidios e incluso implementar un nuevo impuesto especial al uso de los celulares. Estas medidas constituyen un grave error económico, puesto que dañarían más a los consumidores, especialmente a los que se pretende ayudar.
Al estar por debajo del precio de mercado, un precio tope o máximo causa escasez del producto al que se le impone y provoca un incremento de la economía informal o mercado negro. El control de precios siempre ha fracasado, debido a que las consecuencias perjudican al consumidor, que es a quien se pretendía ayudar.
Con precios máximos, o tope, los productores o importadores dejarán de vender el producto afectado, ya que no pueden pagar más que el precio al que están autorizados a venderlo. Así desapareció en Guatemala el hato lechero. La leche que se encontraba en el mercado durante la vigencia de esta medida disminuyó su calidad.
En respuesta, el mercado negro surgió con leche abundante y de mejor calidad.
Un subsidio implica que un grupo se beneficia a costa del resto de la población. Ningún subsidio es gratuito; lo pagamos todos con impuestos y con menos oportunidades para los más pobres, al desperdiciar los escasos recursos que podrían ser invertidos en nuevas empresas y generar más y mejores trabajos.
El subsidio hace que los precios del producto subsidiado sean menores a los que el mercado determinaría. El usuario entonces no siente la necesidad de ahorrar o disminuir su uso dado que el precio no refleja lo que está ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, el Gobierno y la Municipalidad están causando una sobreutilización del transporte colectivo al subsidiarlo e impedir que aumenten las tarifas. Así, la gente guía su consumo de acuerdo con un precio menor al del mercado y esto implica escoger viviendas en lugares más alejados de su trabajo. La solución será eliminar el subsidio y dejar que funcionen los precios libres, y esto implica también eliminar las concesiones monopolísticas de rutas.
Los subsidios son inmorales, pues nos quitan a todos para privilegiar a un grupo específico. En el caso del transporte urbano, se beneficia a los usuarios de la capital a costa del resto de la población. Si se otorgara un subsidio a los combustibles y al gas propano, por ejemplo, se privilegiaría a los consumidores de estos combustibles a costa del resto del país. Existe una injusta transferencia de riqueza de todos hacia un grupo relativamente menor.
En cuanto a fijar un impuesto especial a las llamadas a través de celulares, volvemos a dañar a los consumidores que en su mayoría son pobres. Sí, los pobres usan celulares, gracias a la liberación del mercado de la telefonía y así se les ha beneficiado. Hoy en día casi hay un teléfono celular por cada habitante y esto sí es beneficioso para todos, especialmente para los más pobres. Un impuesto de cinco centavos por minuto afectaría precisamente a los que más se quiere ayudar. Por otro lado, se privilegiaría la telefonía fija en detrimento de la móvil.
Los precios libres, sin ninguna intervención, son la mejor solución ante la escasez relativa y precios temporalmente altos. Las intervenciones del Gobierno tienen consecuencias no intencionadas que perjudicarán más al pobre.
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