Venezuela: protesta de «inhabilitados»

Por Carlos Chirinos
BBC Mundo

Caracas – La oposición marchó este sábado en la capital de Venezuela para oponerse a una medida dictada por la Contraloría General que inhabilita políticamente a cientos de dirigentes a quienes se les impide postularse a cargos de elección popular.

La marcha, que partió desde el este-centro de Caracas y llegó hasta el centro-norte donde está ubicada la sede el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscaba entregar un documento donde se presentan argumentos legales en rechazo a la decisión de la Contraloría.

Sin embargo, los dirigentes opositores no lograron entregar el documento debido a la fuerte presencia policial que en doble barrera impedía el paso a una cuadra del TSJ.

La oposición señala que la medida del contralor sólo busca sacar del juego electoral a los detractores del gobierno, quienes son la mayoría de los integrantes de la lista de inhabilitados.

Uno de los inhabilitados más destacados es el alcalde de Chacao, Leopoldo López, quien encabezó la marcha junto a otros dirigentes.

Según las encuestas, López podría ganar la Alcaldía Mayor de Caracas si lograra postularse.

Otro de los inhabilitados con opción de triunfo es William Méndez, alcalde de San Cristóbal, capital del fronterizo estado de Táchira, quien según las encuestas podría ganar la gobernación de ese estado andino si se presentara con una plataforma unida de oposición.

No se retirarán

Méndez dijo esperar que el TSJ responda favorablemente y puedan inscribirse antes de que venza el plazo para poder participar en la regionales.

«Esto es una lucha de todos los candidatos, contra las inhabilitaciones y contra la violación de la constitución (…) Queremos que se haga justicia y que no sea tardía», afirmó Méndez a BBC Mundo.

Entre los manifestantes estaba la ex esposa del presidente Chávez y ex primera dama, María Isabel Rodríguez, quien ahora aspira a la Alcaldía de Barquisimeto, ciudad ubicada 400 kilómetros al oeste de Caracas.

Rodríguez afirmó a BBC Mundo que «no es a un grupo de líderes a los que están inhabilitando, es a todos los venezolanos a los que están inhabilitando, porque el pueblo es el único que puede ejercer ese derecho cuando se trata de funcionarios elegidos democráticamente».

La ex primera dama aseguró que «las preocupaciones de una campaña electoral no pueden estar por encima de la defensa de la constitución» respondiendo las observaciones de quienes afirman que los inhabilitados están «distrayendo» a la oposición de la campaña para las regionales, mientras los candidatos oficialistas están trabajando plenamente.

Los líderes opositores consultados por BBC Mundo negaron que estén considerando la posibilidad de retirarse de las elecciones en caso de que TSJ no responda a tiempo o niegue validez a sus argumentos.

En 2005 la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias aduciendo «falta de garantías» en el proceso.

Depuración

Tras una depuración, la lista de afectados se redujo de 400 nombres a 272 personas que quedarían «inhabilitadas» según la Contraloría, por haber incurrido en irregularidades administrativas.

El contralor general, Clodosbaldo Russián, sostiene que la medida es de carácter administrativo y busca que los inhabilitados no desempeñen cargos públicos.

Según Russián los inhabilitados incurrieron en daños al patrimonio nacional y no lograron demostrar su inocencia, aunque los afectados aseguran que no han podido ejercer su defensa. Además aseguran que las penas son desproporcionadas.

Pero el argumento central de los inhabilitados es que la Ley de Contraloría choca con la Constitución, que establece que los ciudadanos sólo podrán perder sus derechos políticos mediante sentencia de un tribunal, lo que no ha sucedido en estos casos.

Se tiene previsto que las elecciones regionales y municipales en Venezuela se lleven a cabo en noviembre.