11-M, caso cerrado

Editorial –
El País, Madrid

La sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo sobre el 11-M constituye un inequívoco aval a la ingente labor de investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional sobre el atentado, tanto en lo referente al cúmulo de pruebas aportadas por el instructor Juan del Olmo como a la generalmente acertada valoración de las mismas por la sala sentenciadora que presidió el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Es lo primero que cabe destacar de la sentencia, aparte de su inusitada celeridad, apenas 15 días después de concluida la vista de los recursos de casación.

La absolución de cuatro implicados, no en el atentado, sino en el entorno radical islamista en que surgió, la condena de algún otro, o la modificación de algunas penas son aspectos secundarios que no desdibujan ni cuestionan lo más mínimo el relato central de hechos probados: los autores del 11-M son los que la Audiencia Nacional ha juzgado y condenado, es decir, los integrantes de una célula yihadista, ideológicamente influenciada por Al Qaeda, que operaba en Madrid. Y la dinamita empleada, Goma 2 Eco, procedía de Mina Conchita y fue entregada a los terroristas por el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, con plena consciencia del uso que iba a dársele. La sentencia del Supremo cierra judicialmente el 11-M. Ya sería hora de que también terminara la explotación política y mediática de la cadena de bulos que han acompañado al caso, pues atentan contra la dignidad de las víctimas y denigran la labor llevada a cabo por jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de los hechos con datos y pruebas contrastables ante un tribunal de justicia.

La confirmación de la absolución de Rabei Osman, El Egipcio, inicialmente señalado por la fiscalía como uno de los inductores del 11-M, por haber sido condenado en Italia por el mismo delito de que era acusado en España, seguirá alimentando con seguridad la historieta de que sigue sin conocerse el autor intelectual. Pero el Supremo señala, ya sin duda alguna, quiénes son los autores reales, intelectuales o no, pero de ningún modo retóricos, del 11-M: El Chino y el resto de suicidas de Leganés -de los que hay ingentes pruebas de su participación en el atentado, aunque su muerte haya impedido individualizar su responsabilidad penal-, junto con Jamal Zougan, El Gnaoui y el español Suárez Trashorras, este último como cooperador necesario de la matanza que se preparaba.