La nueva Constitución del Ecuador

Por Franklin López Buenaño
Libertad Digital, Madrid

La nueva Constitución que se propone en el Ecuador es una clara demostración de lo que la izquierda sostiene a lo largo de toda su historia: promesas de un paraíso terrenal. Parece no habérseles olvidado nada. Ahí están la igualdad, la educación, la sexualidad, el medio ambiente, la salud, la previsión social, el buen vivir, la comunicación, los recursos naturales, los pesticidas, el control de precios, seguridad alimentaria, etc. Promesas plasmadas en 444 artículos. La Constitución más larga de la humanidad.

La propuesta proclama «derechos» que abarcan a todos: niños, adolescentes, jóvenes, discapacitados, hombres, mujeres, afro y asia-descendientes, indígenas, adultos, mujeres embarazadas, amas de casa, pueblos, comunidades, nacionalidades, colectividades, personas con enfermedades catastróficas, consumidores… inclusive la naturaleza. No hay espacio para el inconforme, el iconoclasta o el rebelde. Un ejemplo es el articulado sobre educación. Se concede libertad de cátedra, pero solo a nivel universitario. El Estado se reserva la potestad de imponer los contenidos y límites a la enseñanza primaria y secundaria, y además consagra el modelo de pensamiento único fabricado en las esferas públicas. Todos, absolutamente todos los estudiantes menores de edad marchando al unísono de los tambores y los comandos dados desde el Ministerio de Educación.

La Constitución de 1998 era un dechado de aspiraciones y de buenas intenciones. Si no se cumplió no fue por falta de enunciados. Y si la Constitución de 1998 estaba llena de brindis al sol, el proyecto actual promete mucho más. Un par de ejemplos ilustran el problema. Se duplica el presupuesto para la educación y se triplica el de salud. La falta de financiación para ambas cosas nunca fue problema de ideología, sino de escasez de recursos. Y esto no va a cambiar por simples enunciados constitucionales. Servicios gratuitos en hospitales, escuelas y colegios y hasta el tercer año en la universidad. Esto ya se llevó a cabo. La cogestión surgió porque los hospitales, las escuelas y las universidades no tenían recursos suficientes del Gobierno. Si se prohíbe la cogestión, la calidad será deplorable.

Hay que preguntarse, ¿tendrá el Estado suficientes recursos para remunerar a los profesores, para pagar a los médicos salarios conmensurados con su educación y capacitación, para construir escuelas, carreteras, para conceder créditos a los campesinos y mini-empresarios? ¿Podrá contratar suficientes inspectores bien remunerados para que controlen la especulación y la subida de precios? ¿Podrá el Gobierno cumplir con las pensiones y otros beneficios a los que se harán acreedoras las amas de casa y su familia y los comerciantes minoristas, puesto que pasarán a participar del Seguro Social? Si antes no lo pudo hacer, ¿qué hace pensar que con una nueva Constitución se podrá lograr?

Todo esto nos lleva a concluir que el camino por el que nos conducirá si gana el «Sí» estará lleno de promesas incumplidas, sueños con duros despertares, derechos mancillados. La Constitución propuesta no crea incentivos para producir más o mejor; tampoco estimula el emprendimiento o la iniciativa personal, no hay garantías a la inversión, la seguridad jurídica queda en manos de una Corte Constitucional que va a nacer viciada de ilegitimidad e ilegalidad. Habrá más desempleo, más emigración, más pobreza. Es una verdadera pena que se está perdiendo la mejor oportunidad para cambiar de rumbo; y ¿hasta cuándo se seguirá el mismo de antes?

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Franklin López Buenaño es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y de Tulane University.