Uribe, en el ojo del huracán

América Economía

Bogotá. Días turbulentos atraviesa el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Si hasta hace poco más de un mes gozaba del reconocimiento internacional tras la liberación de Ingrid Betancourt, hoy una seguidilla de acusaciones y escándalos de corrupción amenazan con comprometer una popularidad que parecía indestructible.

Este lunes la Corte Suprema de Justicia de Colombia, máximo organismo judicial del país, denunció un complot en su contra por parte de un sector del Gobierno, en una supuesta alianza con integrantes de los desmovilizados escuadrones paramilitares de ultraderecha.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, realizó la denuncia luego de que se hicieran públicas grabaciones obtenidas por la revista Semana, que dejaron al descubierto que un abogado y un representante de los desmovilizados paramilitares se reunieron en la sede de la Presidencia con funcionarios del Gobierno. “Esto viene a demostrar que se viene adelantando un complot contra la Corte Suprema de Justicia para desacreditar a sus magistrados y para deslegitimar las decisiones que se adoptan dentro de las investigaciones, con motivo de los estrechos vínculos de algunos congresistas con el paramilitarismo”, dijo Ricaurte a Caracol radio.

Dos funcionarios de gobierno admitieron haberse reunido con el abogado de Diego Fernando Murillo, un antiguo jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, así como con otro líder de esos grupos, asesinado recientemente en la ciudad de Medellín.

Según Uribe, un abogado de 56 años que es el aliado más importante de Estados Unidos en América Latina, es habitual por parte de su Gobierno y de sus funcionarios recibir a personas que dicen tener información de seguridad o que compromete al Estado.

“¿Enlodar a los magistrados? No de ninguna manera. Teníamos que escucharlos porque aquí ha habido un tráfico de testigos que es grave y lo ha habido especialmente contra el presidente de la República”, dijo Uribe en una conferencia de prensa.

El fantasma de la corrupción

La denuncia de este lunes se suma a otro escándalo que salpicó a uno de los principales colaboradores del Presidente, el ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Fabio Valencia. Uno de sus hermanos, Guillermo Valencia, fue destituido de un importante cargo que ocupaba en una fiscalía tras la difusión de llamadas telefónicas que lo comprometerían con Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, considerado como uno de los mayores narcotraficantes de Colombia.

Los partidos opositores Polo Democrático Alternativo y Partido Liberal pidieron inmediatamente la renuncia al ministro del Interior, y a la vez tendieron un manto de duda sobre la probidad del oficialismo. “El ministro Valencia ha perdido autoridad para el manejo de la cartera. Debe renunciar por dignidad. Debe declararse impedido, es el ministro más importante del gabinete”, dijo la senadora liberal Cecilia López. “Un problema familiar de este tamaño lo inhabilita, le resta la autoridad moral. No le veo espacio político para seguir en la cartera”, agregó (ver Piden renuncia de ministro del Interior 22/08/2008).

El Congreso colombiano fue otro de los escenarios donde Uribe tuvo que defender -él mismo- su gestión, luego de que la Cámara de Representantes lo citara a declarar por su responsabilidad en un supuesto soborno a congresistas para que apoyaran la reforma constitucional que permitió su reelección en 2006.

La Comisión interrogó al mandatario después de que a finales de mayo decidió investigarlo a solicitud de 10 legisladores del izquierdista Polo Democrático Alternativo (ver Uribe niega soborno ante comisión legislativa 21/08/2008).

¿Peligra nueva reelección?

Esta serie de acusaciones se producen en momentos en que el mandatario alcanza sólidos índices de popularidad. El combate a la guerrilla y el éxito en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, el 2 de julio pasado, elevaron los bonos de Uribe, catapultándolo como el favorito de los colombianos, con una intención de voto del 79%, y una popularidad del 91%, según consignó un sondeo de la firma Napoleón Franco a mediados de julio. Antes del rescate de los rehenes, Uribe registraba una intención de voto de del 69% y una popularidad de un 73%.

Por otra parte, la recolección de más de 5 millones de firmas respaldan una convocatoria a un referendo para modificar nuevamente la Constitución y permitir la reelección del mandatario (ver Reelección de Uribe suma 5 millones de firmas 11/08/2008), que todavía debe ser aprobado y pasar por el Congreso, donde enfrentará una fuerte oposición.

A pesar de que el presidente nunca confirmó su voluntad de seguir al mando del país, a 21 meses de las elecciones de 2010 Uribe parecía tener el camino despejado para impulsar una segunda reelección inmediata. Sin embargo, las últimas acusaciones y escándalos de corrupción parecen haberlo puesto en el ojo del huracán.