Conspiración
Por Edwin Brítez
ABC Digital
Como no existe obligación alguna de creer la versión del oficialismo, tampoco de la oposición, me veo interpelado a pensar “con mi propia cabeza” y buscar la verdad aproximada por la vía de las dudas, trayendo a colación elementos en juego.
En la crisis política desatada, ambos bandos necesitan neutralizarse, ante la falta de diálogo en perspectiva. Los opositores –liderados por Oviedo y Duarte Frutos–, tienen necesidad de desestabilizar al Gobierno, después de lo ocurrido. Así también, el oficialismo tiene necesidad de evitar la ingobernabilidad, liquidando a los mismos del escenario político.
Me resulta muy difícil creer que un militar de alto rango se deje llevar un domingo de noche por un político, sin saber adónde, de la misma forma me parece difícil que el fiscal general del Estado y un ministro de la Justicia Electoral no asistan a una reunión convocada –tal vez– por Nicanor y Oviedo, en la casa de este último.
Si más adelante encuentro la forma de eliminar los elementos que me impiden tener claridad, prometo pensar al revés. Por el momento, esto demasiado se parece a que alguien “le pilló” al general Máximo Díaz Cáceres participando de una reunión reservada, pero ilegal y para terminar amistosamente le obligaron a contarle al Presidente.
Naturalmente la historia fue utilizada, no como la de un militar de alto rango que delibera con civiles sobre algo que tiene prohibido, sino como una conspiración de opositores contra el Gobierno, que se aprovechan de un ingenuo militar que no sabía adónde iba.
Como finalmente esta es una cuestión de a quién creer, todos los ciudadanos estamos “obligados” a creer lo que dice el Presidente de la República, porque tiene el 93% de popularidad.
Entonces no tenemos derecho de pensar que el nuevo oficialismo tiene necesidad de deshacerse del presidente (oviedista) del Senado para poder funcionar sin sospecha alguna de venganza; tampoco de pensar que de paso pueden deshacerse de Nicanor por la vía de una mayoría normalizada del Senado; de Juan Manuel Morales, por juicio político; y del fiscal general, que como se sabe es nombrado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.
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