Una solución dudosa para Aerolíneas Argentinas

Por Manuel Mora y Araujo
Infolatam

Buenos Aires – El Congreso argentino ha sancionado la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, su prima hermana. Se cierra un capítulo en una de las peores privatizaciones que se llevaron a cabo en la Argentina durante los años 90′ -y la única que fue considerada como algo concebible, bajo el gobierno del presidente Alfonsín-. La privatización de Aerolíneas estuvo mal diseñada, mal ejecutada y arrojó los peores resultados en términos de servicio. Ahora vuelve al estado argentino, donde nació hace más de medio siglo; pero su futuro es incierto, nada indica que el servicio mejorará y no se sabe ni cuanto le costará al fisco y al contribuyente ni cómo se cerrará el litigio con los actuales titulares.

La ley de estatización es un producto típico del surrealismo legislativo argentino: mientras el gobierno sigue diciendo que está vigente lo acordado con el grupo Marsans para la tasación de la empresa, la ley aprobada ayer establece un procedimiento de tasación unilateral. La empresa está técnicamente en quiebra, pero la ley establece su continuidad -a un costo incierto, dado el enorme pasivo que se arrastra- y presumiblemente el déficit operativo corriente se mantendrá -de otro modo no se entendería el entusiasmo con el que los sindicatos de las empresas celebraron la estatización (el exceso de personal es uno de los rubros que dan cuenta del déficit operativo)-.

Todo es una gran confusión en torno a Aerolíneas. ¿Quién fundió a esta compañía que décadas atrás supo ser un símbolo emblemático de las empresas del Estado, si no eficiente y rentable al menos proveedora de un servicio competitivo para los usuarios, que ostentaba con algún orgullo el curioso título de «aerolínea de bandera»? Muchos culpan a Iberia y al grupo Marsans, que la habrían ‘vaciado’. Es plausible, pero resulta difícil entender porque nunca el gobierno argentino reaccionó ante el despojo de sus activos. Otros culpan a los sindicatos, algo igualmente plausible: no solamente defienden contra viento y marea la permanencia de un número absurdamente alto de empleados, sino que además se declaran custodios de los «cielos argentinos», resisten toda posibilidad de desregular el mercado y amenazan ahora con campañas de concientización nacionalista de los pasajeros -lo que hace pensar que el número de estos seguirá disminuyendo, a menos que los sindicatos también tengan éxito en lograr el monopolio absoluto sobre las rutas aéreas de este país-.

La opinión pública sigue este tema con poco interés. Para los usuarios, nada peor a lo que han experimentado estos años puede ser imaginado, y por lo tanto les tiene sin cuidado como sigue la historia. La opinión pública en general más bien ve con simpatía la estatización. En parte es un reflejo de una corriente de opinión ‘estatista’ que creció desde la crisis de 2001, después del notable consenso ‘privatista’ de los años 90. La vocación estatizante de los argentinos se pone de manifiesto sobre todo ante empresas que son identificados simbólicamente con lo ‘nacional’ y Aerolíneas es un caso paradigmático.

El gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner tiene en carpeta este tema desde sus inicios. Buscó distintas soluciones y finalmente envió Congreso un proyecto de ley que las Cámaras desguasaron hasta transformarlo en el híbrido sancionado ayer. El gobierno no puede «cantar victoria», una vez más tuvo que conceder a los legisladores mucho más de lo que pensaba; volvió a constatar que ya no dispone de mayoría parlamentaria automática. Tal vez le hubiera convenido ahorrarse este trance.

El impacto sobre la relación con España también es incierto. Muchos indicios sugieren que el gobierno español no se ha sentido cómodo respaldando al grupo Marsans. Pero si el incidente termina en los tribunales internacionales, parece obvio que por lo menos España tendrá que poner mala cara ante el gobierno argentino.

Frente a tantas incertidumbres, una casi certeza es que los argentinos seguiremos condenados a tener uno de los peores sistemas de aerotransporte de pasajeros del mundo. Y que el fisco seguirá incluyendo en su columna de los pasivos el costo de financiar la ineficiencia, el intervencionismo y la arbitrariedad sindical. La «bandera» flameando sobre las empresas de servicios públicos cuesta cara.