La falsa doctrina de la imparcialidad
El progresismo reaccionario, ideología de muchos Demócratas, sostiene que los derechos que resultan incómodos, como el voto secreto de la plantilla en las elecciones de sindicalización, deben ser derogados; que los fracasos existentes, como General Motors, deben ser preservados; y, con especial saña, que los errores revocados, como la "doctrina de imparcialidad". deben repetirse. Tan orwelliano nombre fue diseñado para disfrazar el uso de la doctrina como instrumento del gobierno para evitar la competencia justa entre discursos políticos dentro del espacio radiofónico.
Dado que los progres han tenido menos éxito aún compitiendo con los conservadores en el debate radiofónico que el sector del automóvil compitiendo con sus rivales, los izquierdistas aspiran al proteccionismo intelectual en forma de regulaciones que erradiquen a los rivales ideológicos. Si los izquierdistas manifiestan su intolerancia reimponiendo la doctrina de imparcialidad, el Tribunal Supremo podría revisitar su dictamen de 1969 que resuelve que la doctrina de imparcialidad era constitucional. El tribunal probablemente consternaría a los izquierdistas reaccionarios revocando esa resolución con el argumento de que el mundo ha cambiado considerablemente, oportunamente y a mejor.
Hasta que la administración Reagan le dio el golpe de gracia, la doctrina exigía a las emisoras dedicar espacio razonable de tiempo a presentar equitativamente todos los puntos de vista de cualquier asunto polémico debatido en directo. El gobierno decidía el significado de las palabras en cursiva.
Cuando la regulación pública del contenido de las emisiones comenzó en 1927, la excusa utilizada era la escasez de frecuencias de radio. En 1928 y 1929, cuando los Republicanos controlaban Washington, una emisora de Nueva York propiedad del Partido Socialista era advertida de mostrar "el debido respeto" a las opiniones de los demás, y el gobierno bloqueaba la tentativa de compra por parte de la Federación Obrera de Chicago de una emisora porque todas las emisoras debían atender "el interés público general." En 1939, cuando los Demócratas dirigían Washington, el gobierno condicionaba la renovación de las licencias de emisión de las emisoras al compromiso por parte de las emisoras de desistir de los editoriales políticos anti-Roosevelt.
En 1969, cuando el Tribunal Supremo declaraba constitucional la doctrina de imparcialidad, probablemente no conocía el uso de la misma por parte de la administración Kennedy, tal como lo describía un funcionario: "Nuestra masiva estrategia consistía en utilizar la doctrina de imparcialidad para cuestionar y humillar a los locutores de derechas y esperar que los desafíos les resultaran tan costosos que se inhibieran y decidieran que resultaba demasiado caro continuar." Richard Nixon emuló esta práctica. En 1973, el juez del Supremo William Douglas, de izquierdas, decía que la doctrina "no cabe en nuestro régimen de la Primera Enmienda" porque "permite que administración tras administración jueguen con la televisión o la radio.”
El dictamen de 1969 del tribunal se basó sustancialmente en el argumento de la escasez. Pero Brian Anderson y Adam Thierer, en su libro "Manifiesto por la libertad de los medios". observan que hoy existen alrededor de 14.000 emisoras de radio, el doble que en 1969, y 19,8 millones de clientes de la radio vía satélite, un 17% más en 12 meses, y que el 86% de los hogares con televisión por cable o vía satélite reciben una media de 102 de los 500 canales disponibles. Teniendo en cuenta que la prensa diaria es mucho más escasa que radio y televisión en cuanto a puntos de vista, ¿debería imponerse una doctrina de imparcialidad al New York Times?
El tribunal de 1969 desestimaba por "especulativa" la posibilidad de que la doctrina de imparcialidad moviera a los locutores a "eliminar la cobertura de los temas polémicos.” Pero el motivo acertado de preocupación resultó ser que la doctrina seguiría asfixiando el florecimiento de la controversia. El tribunal que considere la doctrina hoy observará que mientras que en 1980 había menos de 100 programas de debate radiofónico, hoy hay más de 1.500 cadenas de debate o información.
Deformando aún más la excusa de la "escasez" para la supervisión gubernamental del contenido emitido, algunos izquierdistas dicen ahora: el problema no es la emisión desequilibrada de opiniones o información, sino demasiada cantidad de ambas cosas. Hace nada, los izquierdistas se quejaban de que los medios estaban homogeneizando a América en lo insípido. Ahora dicen que el control del discurso por parte del gobierno es necesario a causa de una escasez diferente — la de atención de la opinión pública, que supuestamente está sobrecargada por la abundancia de información que corre hoy en día.
Y estos aprensivos dicen que la proliferación de elecciones de radio, cable, satélite o Internet permite que la gente elija su propio universo de comentario político, lo cual nos aleja de los buenos tiempos en los que todo el mundo tenía el placer comunitario de reunirse en torno al acogedor calor de hogar del oligopolio NBC-ABC-CBS. Ser izquierdista resulta agotador cuando tienes que defender políticas intolerantes basándote en la peligrosa escasez y la amenazadora abundancia simultáneamente.
Si los progres reaccionarios, insatisfechos con el dominio de los medios de referencia, el estamento académico y Hollywood, fueran competitivos en el terreno del debate radiofónico, no estarían interesados en reanimar la doctrina de imparcialidad. Habiendo mancillado tanto el nombre del izquierdismo que ahora han adoptado progresistas para referirse a sí mismos, los izquierdistas están arruinando ahora la reputación de los reaccionarios, lo cual es verdaderamente injusto.
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