El avance de Colombia hacia la paz

El Colombiano, Medellín

En esta segunda nota quiero destacar que la democracia colombiana está ganando todas sus guerras y avanza aceleradamente hacia la paz y la reconciliación.

Una de las entrevistas que me conmovió es la que por más de dos horas mantuve con Eduardo Pizarro, el Presidente de la Comisión de Paz y Reconciliación, hermano del candidato Presidencial asesinado en 1989, precisamente unas pocas horas antes de mi primera visita a Colombia como Canciller de la Argentina.

Eduardo Pizarro, un sociólogo por formación y pacifista por convicción, características que se perciben en cada uno de sus gestos y palabras, me explicó con lujo de detalles los múltiples esfuerzos y programas enderezados a ayudar a miles de familiares de las víctimas y a millones de familias que debieron dejar sus tierras y propiedades en las regiones en conflicto para refugiarse en otras áreas de su país. Estos programas se financian con el producido de la realización de los bienes confiscados a los jefes narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares.

Uno de los inconvenientes que impiden un avance rápido en la implementación de las soluciones es la protección que los propietarios de los bienes confiscados buscan a través de mecanismos judiciales que pueden accionar en Colombia quienes sienten amenazados sus derechos de propiedad. A pesar de la falta de razón de estos reclamos, al Gobierno colombiano no se le ocurre violar la independencia del Poder Judicial, ni siquiera para agilizar estos actos de disposición de bienes mal habidos.

Un abismal contraste con la impudicia con la que en países como Venezuela y Argentina se pone presión sobre la justicia para que ésta no haga lugar a la defensa de la propiedad de bienes arbitrariamente confiscados por sus gobiernos. Esta gran diferencia es una prueba cabal de que la búsqueda de la Seguridad y la Justicia a través de la democracia y la República, no es un eslogan propagandístico sino una realidad colombiana.

También me conmovió escuchar la prudencia y ecuanimidad con la que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, un funcionario de larga experiencia con el que me une una antigua amistad, desde que ambos éramos ministros, él de Comercio en Colombia y yo de Economía en la Argentina, me explicó, en una distendida conversación, la remoción de 27 altos oficiales del Ejército colombiano. Esta decisión, difícil desde cualquier ángulo que se la mire, se adoptó para permitir la investigación sin restricciones de las responsabilidades operativas en relación a los casos de jóvenes secuestrados en Bogotá y contabilizados como guerrilleros muertos en combate, aberrante violación de los derechos humanos de la población no beligerante, conocido como el caso de los "falsos positivos".

La democracia colombiana, cuando constata la existencia de esos delitos, lejos de encubrirlos, crea las condiciones para que la Justicia los castigue sin que el estado de beligerancia imponga ninguna excusa ni amparo.

Otro ejemplo del significado sincero del concepto de "Seguridad Democrática" con que el Estado colombiano enfrenta a las fuerzas de la narcoguerrilla, en claro contraste con la mayor parte de las confrontaciones entre las fuerzas regulares y los movimientos guerrilleros que se dieron en el pasado en otras naciones de América Latina.