Anacronismo de ley electoral

Ese año, al haber utilizado muchos trucos destinados a suprimir el voto negro, a seis estados y algunas jurisdicciones de otros estados más se les exigía pedir permiso — "previo" — al Departamento de Justicia para tocar hasta una coma del procedimiento de participación. En 1975, la ley fue ampliada incluyendo a Texas y otros dos estados más. La cláusula "de anulación" de la ley, que aparentemente proporciona un camino gracias al cual las jurisdicciones pueden poner fin a la supervisión federal, resulta tan problemática que a menudo es inabordable. Los requisitos a cumplir antes de la celebración del proceso, originalmente encaminados a durar cinco años, han sido ampliados en cuatro ocasiones, la más reciente en 2006 — durante 25 años. El Senado votaba unánimemente a favor de la ampliación hasta 2031, lo que es prueba de que la genuflexión había sustituido a la reflexión.

Ahora, sin embargo, una audiencia de Texas que no existió hasta 1986 y que nunca ha registrado una denuncia relativa a unas elecciones, afirma que la cláusula de excepción se ha visto virtualmente anulada por los veredictos judiciales. Sostiene además que la obligación del permiso — presumiblemente la ley más intrusiva que viola la soberanía de los estados — fue la respuesta a una situación de emergencia pasada y, tras 44 años de progreso racial, una violación incuestionable de la estructura federal de la Constitución. La audiencia sostiene que "consigna amplias franjas de la nación a la custodia federal aparentemente perpetua" basándose en pruebas absurdamente prescritas.

En 1966, al Corte Suprema resolvió que la obligación de pedir permiso era la respuesta "racional" a la crisis de esa era. En 1997, sin embargo, dicho tribunal establecía que, para estar justificada, una violación así de la soberanía de los estados tiene que manifestar "congruencia y proporcionalidad" en lo concerniente al problema que trata. La ampliación de 25 años en 2006, que la jurisdicción de Texas cuestiona, es incongruente y desproporcionada porque se basa en las pruebas utilizadas para la ampliación de 1975 — que son las de las elecciones de 1972 y algunas presidenciales anteriores. De manera que la renovación del requisito del permiso en 2006 es en sí misma prueba de que no existe ningún descubrimiento contemporáneo de comportamiento inconstitucional proporcional al arrollador remedio de la Ley Electoral de 1965. En 2031, 59 años después de las elecciones de 1972, probablemente el Congreso amplíe reflexivamente esta custodia — a menos que el tribunal insista entonces en la vigencia de las pruebas.

Hablando de lo cual, Abigail y Stephan Thernstrom — del Instituto Manhattan ella, historiador de Harvard él — afirman que la elección de Obama manifiesta que otra faceta de la ley de sufragio ha perdido lo que sería su razón de ser, siendo generosos. Dado que "ya no es posible argumentar que la identidad de racial sea una barrera insorteable para acceder al cargo más elevado de la administración", y dado que "ya no existe ninguna barrera racial significativa a la participación electoral o el acceso a la administración en América", es hora de poner fin a esta práctica improbable de manipulación electoral racial encaminada a producir distritos legislativos "con mayorías de minoritarias" para garantizar la elección de candidatos de minorías.

Hace dos años, el Congreso, al ampliar la ley, afirmaba descaradamente que la discriminación sigue evitando que "los votantes de minorías participen por completo en el proceso electoral.” Tontería ya entonces, lo es de manera patente después de 2008, cuando por primera vez los índices de participación electoral negra probablemente equipararon y quizá sobrepasaron a la participación de los blancos.

Obama recibió un porcentaje mayor del voto blanco que Al Gore y John Kerry en el 2000 y 2004 respectivamente. Mississippi tiene ya más funcionarios electos negros — no más per cápita, más — que cualquier otro estado. Aún así, algunos activistas de los derechos civiles, aferrándose a certidumbres y posicionamientos sorprendentes propios de días de gloria pasados hace mucho, tienen que afrontar el evidentemente desconcertante hecho de su éxito.

Desafortunadamente, la iniciativa de los derechos civiles ha degenerado en una empresa política grotesca, que se dedica a ordeñar el sistema de agradecimiento de hoy en el que el ganador favorece a los que le auparon — lo que el presidente del Supremo John Roberts llama "un asunto sórdido, éste de repartirnos por la raza" a efectos de trato desigual y diferente. Aquellos que, presumiblemente celebrando la existencia de la ley electoral, afirman que no debe ser alterada sustancialmente están dando a entender que no ha tenido éxito. La forma adecuada de homenajearla es anular la disposición del permiso que la hace anacrónica.

© 2009, Washington Post Writers Group