Gran, sí. Acuerdo, no.

Por 289 a 139 votos, con 40 Republicanos sumados a la mayoría, la Cámara, en el proceso de volver a introducir en vigor el Programa de Protección Sanitaria Estatal Infantil, duplicaba la financiación, convirtiéndolo así en un proyecto que desborda sus objetivos iniciales. La finalidad del Programa, cuando fue promulgado por un Congreso bajo control Republicano en 1997, era subsidiar a los gobiernos de los estados al tiempo que ellos subsidiaban la atención médica destinada a familias en situación demasiado buena como para poder afiliarse a Medicaid pero no lo bastante ricas para poder permitirse un seguro médico. Dado que cualquier medida adquiere peso en cuanto se identifica como "para la infancia," el Programa se anunció destinado a "los niños pobres" o los niños de "familias pobres trabajadoras”.

En 2007, el Presidente Bush propuso un incremento de 5.000 millones de dólares en el presupuesto del Programa, y la Cámara votó un incremento de 50.000 millones de dólares pero cedió a los 35.000 millones de dólares propuestos por el Senado, en lo que se convirtió en la definición de moderación. Ese compromiso, que Bush vetó con éxito, en principio habría ampliado los requisitos para acceder al Programa dando cabida a los hogares con ingresos un 400 por ciento por encima de la línea de pobreza (83.000 dólares en el caso de una familia de cuatro miembros), y más de 30.000 dólares por encima de la renta de un hogar medio (50.233 dólares). De forma que personas con ingresos muy superiores a los de la mayoría de la gente podrían acceder a un programa destinado presuntamente a la gente de renta modesta. Llámelo compasión aritmética.

La nueva ampliación, que es la venganza por el veto de Bush, hace mucho más que desbordar sus objetivos iniciales: va a contribuir a facilitar mucho que algunos estados amplíen las competencias del Programa para incluir a los niños de familias que ingresan hasta 84.800 dólares. Además, al convertir "los pobres" en un concepto extremadamente elástico, se toleran generosas "deducciones de la renta neta”. Las familias, dependiendo de las políticas de su estado, pueden deducir del cálculo de su renta lo que dedican a pagar el alquiler o hipoteca o calefacción o comida o transporte o alguna combinación de estos factores. De forma que niños de algunas familias con ingresos muy superiores a los 100.000 dólares serán candidatos a recibir ayudas.

Grace-Marie Turner, estudiante de política sanitaria, afirma que esta ampliación del Programa es sensata — si su objetivo es introducir bajo la protección del estado tanta gente como sea posible, y hacer que los niños crezcan pensando que es normal recibir protección sanitaria del gobierno. Ese es el objetivo.

Y éste es el Congreso con el que el presidente va a intentar llegar a un gran acuerdo. A causa de la Vigésimo Segunda Enmienda, podría no ser presidente el tiempo suficiente para hacer que un Congreso Demócrata convenga en la forma de la mesa alrededor de la que negociar.

Si llega a abordar el problema del desequilibrado sistema de ayuda social, lo hará en un momento desfavorable: los acontecimientos hacen la reforma más necesaria al tiempo que la hacen parecer menos acuciante. Una nación en la que 350.000 millones de dólares fueron la primera mitad del Programa de Ayuda a Activos en Descubierto y en la que este programa está desvinculado del programa "de estímulo" de quizá 850.000 millones de dólares, es una nación a la que no se le está enseñando a tomar seriamente sumas de nueve ceros y dos puntos nada menos.

La teoría de un gran consenso es que si toda franja política estadounidense es decepcionada simultáneamente — si los incrementos fiscales y los recortes de las prestaciones ("recortes" entendidos quizá como incrementos decepcionantes) ponen de mal humor a todos al mismo tiempo — habrá unidad nacida del agravio universal, que se transformará en consenso generalizado. Quizá. Por otra parte, George Kennan, diplomático e historiador, decía que la improbabilidad de que cualquier negociación alcance un acuerdo crece en función del cuadrado de la cifra de partes implicadas.

© 2009, Washington Post Writers Group