El Mugabe de América Latina

El Expreso de Guayaquil

Al igual que miles de nicaragüenses, voté para elegir alcalde de Managua en las elecciones locales del pasado mes de noviembre. Después de votar, las autoridades de mi jurisdicción depositaron una copia del certificado de los resultados en la puerta de la Junta Electoral, que registraba 155 votos para el candidato de la oposición, 76 votos para el candidato del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y dos votos para otros candidatos.

Al día siguiente, sin embargo, los resultados de mi junta no se incluyeron en el sitio de Internet del Comité Supremo Electoral (CSE) con los resultados de Managua, y se adjudicó la victoria al candidato del FSLN.

Descubrir esto llevó meses, pero lo mismo sucedió en otras 660 juntas locales: aproximadamente 120.000 votos -el 30% del total- nunca se hicieron públicos. Si se hubieran contado los resultados de estas juntas, la oposición habría ganado la alcaldía de la capital por un amplio margen.

Este mes asumieron los nuevos alcaldes sin que la comisión electoral (CSE) hiciera públicos el 100% de los votos, una violación abierta de la ley electoral nicaragüense.

Si bien el fraude electoral en Managua fue el más documentado, el mismo modus operandi tuvo lugar en todo el país, afectando a más de 40 municipalidades. A pesar de las quejas ante la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, cámaras de Comercio y partidos políticos, el CSE se negó a autorizar un recuento de los votos o un escrutinio por parte de observadores imparciales. Y, cuando los ciudadanos protestaron de forma pacífica, el gobierno recurrió a la violencia para refrenarlos.

En consecuencia, el gobierno del FSLN se proclamó ganador en 109 de las 153 municipalidades. Esto culminó un proceso de fraude electoral que comenzó cinco meses antes con la suspensión del carácter legal del opositor Partido Conservador y el Movimiento de Renovación Sandinista, un rival del FSLN del presidente Daniel Ortega. Los observadores nacionales e internacionales se vieron impedidos de monitorear la elección hasta último momento.

Hasta noviembre, Nicaragua iba camino a desarrollar una tradición electoral saludable, respaldada por altos niveles de participación. Irónicamente, la apertura democrática comenzó con Ortega, quien sin buscarlo inauguró una era de competencia electoral cuando perdió poder en 1990. Pero las elecciones locales robadas que tuvieron lugar en el otoño pasado retrotrajeron al país a 50 años atrás, a los tiempos de la dictadura de Somoza.

Como resultado, la política en Nicaragua una vez más se está deshilachando peligrosamente. Y la comunidad internacional, que proporciona casi la tercera parte de los recursos necesarios para que el país funcione, está siendo alienada.

El autor es periodista y director del semanario Confidencial.