Miles de víctimas sin visa

A casi nueve años de aprobada la ley para otorgar la residencia legal a los inmigrantes indocumentados que colaboren con la Justicia, el gobierno de Estados Unidos ha resuelto menos del 1% de las solicitudes recibidas.

Los datos oficiales provistos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) indican que desde 2000 fueron aceptados más de 13.300 pedidos de víctimas de delitos que decidieron salir de las sombras para denunciar a sus atacantes a pesar de tener una situación migratoria irregular.

De todos ellos, sólo 65 fueron aprobados, en tanto que otros 20 se denegaron después de haberlos revisado.

"El problema aquí es que las autoridades federales de inmigración tienen un doble rasero", dijo a BBC Mundo Peter Schey, director ejecutivo del Centro por los Derechos Humanos y las Leyes Constitucionales (CHRCL, por sus siglas en inglés), un organismo que el año pasado demandó al gobierno por la demora.

"Cuando el Congreso aprueba algo que a la agencia realmente le gusta y apoya, parecen tener la habilidad de moverse realmente rápido (…) cuando la medida no les complace, entonces se toman todo el tiempo del mundo en reglamentarla y poner en marcha los procedimientos necesarios", aseguró.

Delitos calificados

La ley establece que aquellas personas con residencia irregular en el país que han sido víctimas de ciertos delitos violentos y que deciden cooperar con las autoridades para castigar a los responsables pueden beneficiarse con una "Visa U".

Para iniciar el proceso necesitan una certificación de los funcionarios policiales o judiciales actuantes, estableciendo que la ayuda prestada ha sido sustancial para el esclarecimiento del caso.

Luego de tres años de obtenida la visa, los beneficiarios pueden postular para la residencia permanente.

"Ésta es gente que ha sido víctima de violencia doméstica severa, agresiones sexuales, abuso sexual infantil, incesto, violaciones, ataques… gente que todavía está tratando de superar el trance que debieron enfrentar", explicó Sheila Neville, de la Fundación de Ayuda Legal en Los Ángeles (LAFLA, por sus siglas en inglés).

"Por qué privarlos de un alivio para su situación que debía estar disponible desde hace ya tantos años", dijo la abogada, patrocinadora de unos 175 casos, ninguno de ellos resuelto hasta el momento.

Idas y vueltas

Para Chris Rhatigan, portavoz del USCIS, la demora nada tuvo que ver con la falta de voluntad política.

"Nuestros equipos tuvieron que afrontar marchas y contramarchas para adecuar la reglamentaciones a los nuevos requerimientos", señaló a BBC Mundo.

Las regulaciones recién estuvieron listas para finales de 2007. Pero aún así persistieron los problemas.

Las normas imponían pagar una tasa obligatoria de US$545 por cada solicitud para anular la falta de haber ingresado ilegalmente al país.

Al USCIS le tomó hasta el 12 de enero pasado generar un mecanismo que permitiera seguir adelante con el trámite a aquellos que no podían pagarlos.

De los 13.310 postulantes principales registrados hasta el 31 de diciembre de 2008, la gran mayoría -10.846- estaban en esta situación.

Entre tanto, se les permitió permanecer en el país con un permiso temporal para trabajar.

Boleto de entrada

Pero no todos están de acuerdo con que siquiera exista un camino a la residencia para las víctimas indocumentadas.

La Federación para la Reforma Migratoria en Estados Unidos (FAIR, por sus siglas en inglés), un organización que cabildea para el establecimiento de una política migratoria restrictiva, cuestiona la propia existencia del programa de visas U.

Ira Mehlman, portavoz de FAIR, opina que cualquiera que sea víctima de un delito debe cooperar con la policía sin esperar nada a cambio.

"Uno no debería tener que sobornar a otro para que haga lo correcto. Ser la víctima de un crimen no puede ser el ticket para quedarse en Estados Unidos", afirmó en declaraciones al diario Los Angeles Times.

Rhatigan, la funcionaria del USCIS, asegura que gracias al trabajo hecho durante todos estos años avanzarán "muy rápido" con las solicitudes de todos aquellos que han esperado pacientemente su momento.

"Lo que puedo decirle es que ahora estamos en condiciones de hacer lo correcto y ofrecerle a estas personas la oportunidad de convertirse eventualmente en residentes legales de este país", señaló.

Karen Tumlin, abogada del Centro Legal para la Inmigración Nacional, advierte sin embargo que la demora ha provocado un daño irreparable.

Cómo la ley sólo permite aceptar 10.000 casos anuales, incluso ante la posibilidad de que el programa empiece ahora a funcionar correctamente, los cupos no utilizados durante los pasados ocho años no pueden recuperarse.

"No sólo hay decenas de miles de inmigrantes que nunca lograrán esa visa a la cual tenían derecho, también las autoridades han desperdiciado la posibilidad de tener a muchas personas dispuestas a ayudarlas a resolver sus casos", aseguró.