Paraguay: La crisis de la anticrisis

ABC Digital

Muchos se han apresurado a descalificar el plan anticrisis presentado por el Gobierno, pero yo personalmente lo encuentro bastante sensato. No porque en modo alguno confíe en que arrojará grandes resultados, sino, justamente, porque no parece tener esa pretensión.

Desde mi punto de vista, es verdaderamente mucho lo que el Gobierno puede hacer para empeorar la situación en las actuales circunstancias, pero es realmente muy poco lo que puede hacer para aliviarla.

Si esta premisa es correcta, y tengo buenas razones para creer que lo es, entonces el Gobierno debería tener más cuidado de lo primero que preocuparse tanto de lo segundo.

No sé si fue esa o no la intención, pero me da la impresión de que el plan de Dionisio Borda y su equipo tiende a tomar esto en consideración.

No propone una expansión desmesurada del gasto público ni grandes correcciones en el sistema financiero, solo unos retoques en el encaje legal para aumentar la liquidez, se ajusta a un programa factible de inversiones que no se aparta demasiado del presupuesto y prevé un aumento moderado del endeudamiento.

Dirigentes empresariales le critican que la cifra que se anunciaba originalmente en 3.760 millones de dólares quedó reducida a 460 millones de dólares. Yo consideraría esto una virtud antes que un defecto. No es este el momento de ilusiones voluntaristas e irrealizables, sino de tener los pies bien firmes sobre la tierra.

Es fácil y políticamente atractivo hablar de grandes montos, pero, si existe un mínimo sentido de responsabilidad, primero hay que ver de dónde saldrá el dinero y, segundo e igualmente importante, en qué condiciones se inyectará al mercado.

Más de uno de los que reclaman que el Estado gaste más, al mismo tiempo piden que se cobren menos impuestos, lo que es un contrasentido, salvo que se pretenda una burbuja de corto plazo al margen de las posibilidades presupuestarias y del programa monetario. Este sería el peor de los errores.

Si se pusiera en marcha la “maquinita” y se aumentara el circulante sin la correspondiente contrapartida, en un contexto probable de bajo crecimiento económico, la inflación resultante terminaría licuando rápidamente cualquier pequeño beneficio. Sin duda unos pocos contratistas saldrían favorecidos de todos modos, ya que defenderían sus súbitos ingresos en monedas fuertes, pero la gran mayoría de la población, sobre todo la más pobre, acabaría sumamente perjudicada.

Otro asunto delicado es el de las obras públicas. Existe el mito de que en épocas de crisis sencillamente hay que “cavar pozos para volver a llenarlos”, surgido de una paráfrasis simplista de las teorías de John Keynes. No en vano se ha dicho que “La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” es el libro más comentado, más interpretado y menos leído de la literatura económica.

Un país pobre como el Paraguay debe tener sumo cuidado en cómo usa sus escasos recursos. Igual que cualquier otra inversión, la obra pública se justifica solo si es estrictamente necesaria y si tiene una tasa de retorno superior al capital y los intereses. El Estado debe proceder en este campo exactamente de la misma forma como lo harían en su actividad privada esos mismos empresarios que le demandan su intervención.

En este sentido, no me parece tan buena idea la de relajar las normas de contratación, como sugiere Patria Querida (dicho sea de paso, el único partido político que se preocupó de elaborar su propio plan), porque ello probablemente facilitaría la corrupción y provocaría desvíos que invalidarían la conveniencia económica de los proyectos.

Seguramente hay gente que todavía cree de buena fe en soluciones mágicas y gratuitas. No existe tal cosa. Otros simplemente están viendo oportunidades de pescar en río revuelto.