Del «prohibido fumar» al «prohibido pensar»

Las encuestas revelan que estas ideas forman parte de las creencias de altos porcentajes de la población en muchos países: pobres y ricos, exportadores e importadores de narcóticos, democráticos y autoritarios, asiáticos, europeos o americanos.

¿Cómo explicar esta irracionalidad? ¿Cómo es posible estar en contra de cambiar una política pública que se sabe que no funciona? Mi respuesta es que la prohibición de todo lo relacionado con las drogas ha creado un clima donde también está vedado pensar libremente sobre alternativas a la prohibición. Un senador estadounidense que me habló con la condición de que no revelara su identidad me dijo: "Muchos de mis colegas y yo sabemos que los esfuerzos que se hacen para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas no sólo no funcionan sino que tienen efectos contraproducentes. Pero esta es una posición políticamente suicida. Si lo digo públicamente es casi seguro que pierda mis próximas elecciones".

Y no son sólo los políticos: "¿Por qué a pesar de los esfuerzos, la situación en Afganistán se ha deteriorado tanto? En mi opinión la principal causa es el tráfico de drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los talibanes… Cuando estuve allí en 2006 no podíamos ni mencionar el tema. Era un asunto sobre el que nadie quería hablar". Esto lo dijo el general James Jones, ex comandante del Cuerpo de Marines (1999-2003) y comandante supremo de la Alianza Atlántica (2003-2006). Cabe notar que esta declaración la hizo meses antes de saber que iba a ser nombrado por el presidente Barack Obama asesor para la Seguridad Nacional.

La manera en la que el mundo enfoca el problema del tráfico y consumo de drogas es indefendible. Todos los analistas objetivos que han examinado el tema concluyen que el régimen actual requiere una urgente y profunda reforma. El problema es que cualquier propuesta en este sentido es usualmente contestada con acusaciones de ingenuidad, complacencia con los narcotraficantes y hasta de complicidad con ellos.

En Estados Unidos, uno de cada 100 ciudadanos está en la cárcel, la mayoría por tenencia de drogas. (Cada recluso le cuesta al Estado 34.000 dólares al año –unos 26.000 euros–, mientras que el costo anual de tratar a un adicto a las drogas es de 3.400 dólares). La violencia que se vive en México, Colombia o en cualquiera de los barrios pobres de América Latina, África y Asia es en gran medida un daño colateral causado por la guerra contra las drogas. La situación es insostenible y necesita un nuevo enfoque.

Esto es lo que acaba de proponer la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo de 17 latinoamericanos del cual formo parte.

La comisión, presidida por tres muy respetados ex presidentes, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Cesar Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México, divulgó sus recomendaciones después de casi un año de trabajo, que incluyó la revisión de la mejor evidencia disponible y de amplias consultas con científicos, policías, médicos, militares, alcaldes y expertos en salud pública. Por favor, lea el informe en www.drogasydemocracia.org.

La comisión no cree que existan políticas alternativas a la prohibición que estén exentas de costos y riesgos. Pero sí cree que hay que considerar y probar otros enfoques que traten al problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una guerra. Hablar genéricamente de "legalización de las drogas" es superficial e irresponsable y sólo sirve para banalizar y estancar la discusión.

El consumo de drogas es una maldición contra la cual hay que luchar. Pero hay que hacerlo bien. Y eso no sucederá mientras exista la prohibición de pensar libremente en qué significa hacerlo bien. (El País, España).

El autor es Editor en jefe de la revista Foreign Policy