Colombia: Clientelismo y sucesión presidencial

El Colombiano, Medellín

La política colombiana depende cada vez menos de partidos y más poder regional de los barones políticos y del clientelismo al detal que ellos llevan a cabo. En buena medida, la política es un discurso que oculta el intercambio de favores y beneficios entre los gobiernos de distintos niveles y los profesionales de la política, encubiertos por partidos que son en realidad alianzas entre comerciantes. Estos partidos toleran este esquema de dar y recibir que es la esencia de la 'politiqueria' y la base de la gobernabilidad, en la actualidad.

Si este es el esquema predominante de la política colombiana, los intereses personales, de grupo o regionales predominan en menoscabo del interés general, la democracia opera en forma muy imperfecta y la competencia por el poder entre el gobierno y la oposición no es real, pues el gobierno tiene contratos, puestos, presupuesto y favores que ofrecer, mientras que la oposición solamente dispone de promesas, intenciones, sueños e ideas, en el mejor de los casos (en el peor de ellos es igual al gobierno, pero sin nada que repartir). Necesariamente, este sistema político da lugar a que el gobierno cuente con abrumadoras mayorías en el Congreso y la oposición sea esencialmente retórica.

Con este alineamiento de poder, el gobierno puede cambiar la Constitución más o menos a su antojo. Es natural entonces que permanentemente surja la tentación de hacerlo para conservar el poder indefinidamente, como ha sido el caso en Venezuela. En ese país, el gobierno no cuenta solamente con recursos para comprar a los políticos, como sería el caso colombiano, sino que además puede comprar la adhesión de los pobres y adquirir respaldo de mayorías, complementando el intercambio con un discurso de distribución de riqueza y nacionalismo. En Colombia el gobierno tendría limitaciones presupuestales mucho mayores, pero no tiene que comprar mayorías, porque cuenta con ellas y con el discurso de la "seguridad democrática".

Con todos esos ases en la mano, es natural que los presidentes de los dos países aspiren a permanecer en la Presidencia. En Venezuela, el Presidente quiere hacerlo hasta que se muera. En el caso colombiano, si reelegimos a Uribe, no hay garantía de que el 7 de agosto de 2010 el Presidente no emprendería inmediatamente la campaña para el siguiente período presidencial. Con estas acciones se condena a los países a una gran incertidumbre política y posiblemente a una mayor violencia.

Quizás lo más importante de la Constitución es que establece las reglas para que la sucesión presidencial tenga lugar en forma ordenada y predecible, idealmente sin corrupción y sin violencia. Pero si el presidente puede cambiar la Constitución a su antojo, como lo ha hecho Chávez, y lo puede hacer Uribe, no hay fórmula que garantice la sucesión institucional y cada vez se vuelve a abrir la posibilidad de otro período presidencial, por razones que generalmente son de poder y de conveniencia para los que mandan. Como lo señaló muy oportunamente Abdón Espinosa en un artículo reciente, en referencia a Porfirio Díaz, presidente de México durante 34 años, esto se vino a resolver allá con la Revolución Mexicana, que más que revolución fue, después de Madero, una sucesión de golpes violentos a cargo de señores de la guerra, sanguinarios y corruptos en su mayoría. Otro caso muy antiguo culminó con el asesinato del jefe de Estado en los Idus de Marzo. Si no hubiera intervenido Manuela Sáenz, unos distinguidos jóvenes capitalinos hubieran manchado sus manos con la sangre del Libertador por este motivo.

Jugar con las reglas de sucesión presidencial es jugar con candela, precisamente cuando se cuenta con el poder para hacerlo.