Derechos electorales siniestrados

Diario de América

Durante la Reconstrucción, Mississippi creó un distrito parlamentario "precario”, arrastrando a tantos negros a un distrito estrecho a lo largo del río que los demás distritos tenían mayorías blancas cómodamente amplias. Fue una manipulación racial de los distritos deplorada por los izquierdistas.

Después de que el censo de 1990 determinara que el 22% de los habitantes de Carolina del Norte eran negros, la redistribución de las fronteras políticas dio lugar a un distrito parlamentario de mayoría negra. El Departamento de Justicia del Presidente George H.W. Bush determinó que no bastaba amparándose en la Ley de Derecho al Voto de 1965. De ahí la creación del Distrito 12 de Carolina del Norte, que se arrastra a lo largo de 160 millas de la Interestatal 85. Fue una manipulación racial de los distritos aplaudida por los izquierdistas. Y por los Republicanos cínicos. Aunque presumiendo de su sensibilidad a los derechos civiles, los Republicanos pudieron concentrar a los votantes de color en guetos electorales, volviendo así más Republicanos los distritos contiguos.

La semana pasada, dos días después del 44 aniversario de la Marcha de Selma que ayudó a aprobar la ley de 1965, el Tribunal Supremo dictaba una tibia resolución de cara a limitar el uso indebido de la ley para generar reservados — cargos electos en la administración a los que determinadas minorías tienen derecho preferente. El dictamen de la semana pasada vuelve a examinar la extraña trayectoria de la manipulación racial de los distritos electorales — cómo esa práctica pasó de execrable a virtuosa pasando por obligatoria, y se convirtió en otra manifestación más de la mentalidad de los derechos sociales.

En 1965, la Ley de Derechos Electorales fue introducida en vigor para combatir la discriminación racial que negaba el acceso equitativo a las urnas. A causa de interpretaciones judiciales y enmiendas legislativas, ahora exige la existencia de discriminación racial en aras de garantizar la participación electoral eficaz por parte de ciertas minorías beneficiadas (los negros y los hispanos). La eficacia se interpreta como participación electoral fructífera racial o étnica en bloque, entendiendo como éxito la elección de miembros de esos bloques. Tales resultados — minorías que eligen a candidatos de esas minorías — han llegado a ser calificados de prueba necesaria y suficiente de verdadero derecho de sufragio.

En 1982, la ley fue enmendada (Sección 2) para establecer que una violación tiene lugar siempre que los procesos de candidatura y elección "no estén equitativamente abiertos a la participación) por parte de votantes de minorías en el sentido de que "tienen menos oportunidades de participar en el proceso político y elegir a los representantes de su elección que los demás miembros del electorado”. Observe que no hay ninguna mención a la “dilución del voto de las minorías”.

Pero la Ley enmendada ha sido interpretada como sigue: "participación" equitativa de, y "oportunidades" para las minorías se traduce como sus posibilidades de elegir a candidatos de su preferencia, y eso debe significar candidatos de esa minoría. De lo contrario ha tenido lugar una dilución ilegal del voto de la minoría. Tan repugnante razonamiento expresa dos de los pilares del fatalismo racial del progresismo: la política identitaria (su identidad política es su raza, su sexo, su orientación étnica o sexual) y la representación categórica (los integrantes de un colectivo sólo pueden ser comprendidos, conectar y estar representados por miembros de ese colectivo).

Habiéndose convertido así la manipulación racial en imperativo moral, la Legislatura de Carolina del Norte generó un distrito legislativo "mayoritariamente minoritario" (una población en edad de votar negra en un 56%) tras el censo de 1990. Pero el censo del año 2000 reveló que los cambios demográficos habían vuelto ese distrito apenas un 35% negro. De forma que la Legislatura alteró de manera chapucera la forma del distrito para hacerlo minoritario en un 39%. Pero lo hizo otra vez dividiendo dos condados, lo que está prohibido bajo la Constitución de Carolina del Norte.

En esta ocasión el condado de Pender acudió a los tribunales. Un tribunal estatal dictaminaba que la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales obligaba a dividir Pender en dos partes, pero el Supremo de Carolina del Norte confirmó que la Sección 2 sólo ampara la dilución electoral en lo referente a trazar fronteras políticas cuando un colectivo minoritario es mayoría. La semana pasada, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos respaldó el veredicto — incluso si la Sección 2 no dice nada de una cuota numérica clara como esta "norma del 50%”.

En una resolución compartida solamente por el presidente del Supremo John Roberts y el juez Sam Alito, el juez Anthony Kennedy lamentaba que "la participación electoral racialmente polarizada" no sea "historia antigua”. Bien, sí. Es política federal: al recoger la premisa de que la gente de una raza concreta pensará y debería pensar y votar en consecuencia, la Ley fomenta tal estilo de participación al considerarlo normal, y por tanto más o menos admirable.

El juez Clarence Thomas, acompañado del juez Antonin Scalia, aprobó solamente la conclusión de Kennedy. Thomas rechazó el argumento de Kennedy, observando el hecho evidente de que el texto de la Sección 2 no proporciona ninguna base — ninguna — para "ninguna reclamación de dilución de voto, al margen del tamaño de la población minoritaria en un distrito concreto”. La Ley de Derechos Electorales, interpretada debidamente, solamente se refiere al "acceso a las urnas”.

Pero ha sido indebidamente interpretada por abogados propensos a buscar tres pies al gato con habilidades en la invención creativa, y por jueces que dictaminan sus propias nociones de rectitud racial. La Ley fue redactada para proteger el derecho al voto de todos los individuos. Habiendo sido manipulada para cumplir la voluntad de colectivos concretos — los derechos de ciertos colectivos a ocupar una parte de los cargos públicos — la Ley se ha convertido en el emblema del noble ascenso e ignominiosa caída del movimiento de los derechos civiles.

© 2009, Washington Post Writers Group