Argentina; La coparticipación del conflicto con el campo

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Administrar en la abundancia es más fácil que administrar en la escasez. Esa es una verdad indiscutible del filósofo Pero Grullo. El recrudecimiento del interminable conflicto con el sector agropecuario resulta un claro ejemplo de ello. Cuando todo era abundancia, el Gobierno era popular entre los chacareros que lo votaban, y la soja era algo más que un yuyito. Ahora, las cosas han cambiado. Kirchner ya no es rubio de ojos celestes y Buzzi es parte de la patronal agropecuaria.

Dicho sector enfrenta una fuerte caída de su rentabilidad, dado el nivel de precios netos, el costo de los insumos y las condiciones climáticas.

En ese contexto, lo que reclaman los productores es una mejora del precio neto que reciben. Este precio depende del internacional, del tipo de cambio –aunque bastante menos porque la mayoría de los insumos se ajustan por el valor del dólar– y de los impuestos –retenciones que se pagan–.

El precio internacional de todos los productos, dada la crisis global, cayó.

El tipo de cambio real –dólar menos inflación– que afecta la incidencia de los insumos locales –trabajo, fundamentalmente–, también.

La única variable de ajuste, por lo tanto, son las retenciones a la exportación que reducen el monto que reciben los productores. De manera que, más allá de mejoras marginales, relacionadas con acceso a los mercados de exportación, eliminación de restricciones burocráticas, y algunos subsidios menores, cuando el Gobierno dice “de las retenciones no se habla”, dice en castellano básico: “no hay más plata para ustedes”.

O, alternativamente, “tendrán menos incentivos para producir”, lo que puede significar, en zonas marginales no producir, directamente, y en zonas muy productivas, una menor producción. Al final del día, habrá menos producción a la que cobrarle el mismo impuesto. Ya dije, desde estas líneas, que lo que el campo necesitaba, al igual que el resto de los sectores, eran políticas y no negociación.

Pero pensando en la negociación, el campo se sentó a la mesa a mejorar su rentabilidad y el Gobierno a convencerlos de que tienen que seguir pagando los mismos impuestos que cuando los precios internacionales volaban y el dólar, en la Argentina, era caro.

Porque el Gobierno necesita plata para pagar su propio exceso de gastos y financiar la campaña electoral, allí donde están los votos, que no es precisamente en el campo.

En ese contexto, la negociación no tiene salida.

Y más ahora, que el Gobierno nacional aceptó repartir entre $ 5 mil y $ 6 mil millones, provenientes del impuesto a la exportación de soja, con las provincias que adhieran a este régimen automático de reparto y que decidan compartirlo, además, con sus respectivas intendencias.

Reparto a todas luces político, dado que, si bien este mecanismo es menos discrecional que el típicamente usado por el sistema K de gobierno, en donde el reparto se decide en reuniones en Olivos, suma a la “batalla contra el campo” a gobernadores e intendentes que, cuando reclamen plata, recibirán por respuesta: “convenzan a los productores para que vendan la soja y liberen las rutas”.

Además, favorece claramente a la Provincia de Buenos Aires, que recibe el doble de fondos que el resto de las provincias sojeras, como Córdoba y Santa Fe (por el coeficiente de coparticipación), además de favorecer a las provincias no sojeras que cobran sin producir el yuyito.

Por otra parte, para el Gobierno nacional no hay mucho “sacrificio”. En primer lugar, porque ahora ya le transfiere a las provincias, para obras y de manera discrecional, un monto similar, de manera que reducirá ese monto y lo reemplazará por el nuevo sistema.

Segundo, porque las provincias este año ya iban camino a un déficit de más de 10.000 millones de pesos del que se tendrá que hacer cargo, como prestamista de última instancia, la Nación. Obviamente, después de las elecciones, una devaluación y hasta la posibilidad de usar cuasimonedas pueden cambiar todos los números.

No hay rebaja de impuesto para el sector productor de soja. Y ahora, no sólo se les coparticipa a los gobernadores e intendentes parte de la plata de dicho impuesto, sino que, también, se les coparticipa el conflicto para que no se puedan sumar a la protesta. De paso, se tapa parte del agujero fiscal provincial, a la espera de que, después de las elecciones, la vida sea más fácil para las arcas del Estado nacional y los provinciales.

Muchachos, un pedido: basta de construir tantas escuelas y hospitales. ¡No hay más lugar en el país para ponerlos!