Intereses o derechos
Dicen que un camello es un caballo diseñado por un comité. Se parece a la solución que resulta cuando se busca “consenso” entre intereses y no entre derechos iguales, pues el resultado dependerá de la capacidad de negociación de las partes, y aunque nadie estará totalmente conforme con el resultado de una disposición que necesariamente resulta arbitraria, porque no está basada en una regla aplicable a todos, y que por eso mismo es imposible anticipar y generalizar. Sin embargo, cuando se trata de conciliar intereses no existe otra manera de llegar a una solución. El camello se complica cuando se trata de decisiones de, por ejemplo, entidades públicas a cargo de los llamados “cuerpos colegiados”, lo cual solo es un bonito nombre para un grupo que representa intereses diversos. El problema es que el voto mayoritario subordina los intereses de la minoría a los intereses de la mayoría.
Es muy distinto cuando se trata de establecer normas de conducta aplicables a todos por igual, pues todos, por interés propio, intuitivamente aceptarán como principio rector la norma de Confucio: No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Lograr consenso en estos casos no es difícil. Ejemplos de esas normas son no robar, no matar. Obviamente, como nadie quiere que le roben o lo maten, todos aceptarán que esa limitación se aplique a su propia conducta. Ese tipo de normas tienen la característica de ser generales porque se aplican a todos, abstractas porque no se refieren a casos específicos, y aceptadas como justas porque se basan en reciprocidad. Por ejemplo, las personas aceptarán como justa la norma que les prohíbe a todos robar, porque no quieren que les roben a ellos. Por eso es fácil llegar a un consenso de 99 por ciento cuando se trata de normas y principios de conducta, consenso que no es probable cuando se trata de conciliar intereses. Y son, precisamente, esas normas de conducta aplicadas a toda la sociedad las que definen el límite de la libertad individual de todos y constituyen el fundamento de nuestros derechos individuales.
Una sociedad tiene que gobernarse de tal forma que todos sepan a qué atenerse, que pueden anticipar qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer, cuál comportamiento es el que todos deberán observar para que los demás respeten los resultados aunque afecten sus intereses: una cosa es afectar intereses de otros y otra afectar derechos ajenos.
Un país tiene solamente dos opciones para gobernarse: puede intentar gobernarse buscando conciliación de intereses casuísticamente, diseñando camellos, o puede gobernarse buscando que todos observen las normas de conducta que conviene a todos. En todo caso, vivir en sociedad implicará aceptar limitaciones de la propia libertad individual y aceptar los efectos de los actos de los demás, en tanto respeten las normas de igualdad ante la ley, lo que los griegos llamaban isonomia.
Como esas normas definen los iguales derechos de todos, es correcto referirse al sistema como un régimen de Derecho, en contraste con uno de simple legalidad, que es cuando todos obedecen las leyes aunque éstas violen derechos de unos para satisfacer intereses de otros. Y es la observancia de las normas de conducta lo que da legitimidad y obliga a los demás a respetar los resultados de los actos de los demás.
Solamente con un genuino estado de Derecho como el propuesto por proReforma se podrá lograr prosperidad pacífica.
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