Los viajes de Gulliver

Instituto Juan de Mariana

Probablemente una de las fábulas más interesantes que ha producido la literatura universal es el libro de Jonathan Swift Los Viajes de Gulliver. Las experiencias de ese viajero por países remotos han hecho las delicias tanto de niños con una imaginación despierta, como de adultos que captan la sátira que encierra la novela. No fue Swift el primero en recurrir a la mirada atenta del "extranjero" para denunciar los vicios y las miserias de una determinada sociedad. Un siglo antes, el padre de la novela moderna, Miguel de Cervantes, había utilizado este sutil recurso en distintos pasajes de El Quijote. Este recurso narrativo tiene un efecto brillante. No en vano, el autor puede desdoblarse en la ambigua posición del foráneo y, en tiempos que parecían pasados, distanciarse de sus auténticas opiniones tras el disfraz de un personaje ficticio.

Como si los líderes "liliputienses" se hubieran reencarnado en la casta política española, el recuerdo de la gran novela de Swift me asaltó cuando leí la noticia sobre los denodados esfuerzos de los eurodiputados españoles del PSOE y el PP para evitar que el Parlamento de Estrasburgo aprobara una resolución que no sólo condenaba la legislación urbanística española y el lamentable funcionamiento de los tribunales que no han tutelado el derecho de propiedad de las decenas de miles de peticionarios, sino que, además, recomendaba la interrupción de las ayudas comunitarias que recibe el país si no se subsanan los problemas detectados en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Pese a tan magno despliegue, el informe redactado por la eurodiputada ecologista danesa Margrete Auken se aprobó por la resolución adoptada en la sesión celebrada el pasado 26 de marzo por una amplia mayoría de votos. Si bien adolece de ciertas deficiencias, sobre todo cuando aborda la incidencia que la gestión urbanística tiene sobre el medio ambiente, se observa que una parte fundamental trata del pisoteo del derecho de propiedad que se viene perpetrando en España en materia urbanística, debido a la introducción de la figura del "agente urbanizador" en las legislaciones urbanísticas autonómicas.

Como ya denunció este Instituto, cuando en 2007 se debatió la primera reforma promovida por el Gobierno socialista de la Ley del Suelo estatal –que luego daría paso al enésimo texto refundido del año siguiente– la generalización de la figura del agente urbanizador, que hasta entonces solo recogían doce legislaciones autonómicas, suponía un nuevo ataque al derecho de propiedad, que se añadía al ya de por sí intervencionista modelo urbanístico español. En la línea asumida por el Parlamento europeo, también se advertía que la corrupción y los abusos que campan en las administraciones públicas se intensificarían con un instrumento legislativo que también reducía arbitrariamente el justiprecio del suelo urbanizable a efectos expropiatorios.

Es evidente que los criterios de acumulación de las distintas peticiones contra España –o, más concretamente, contra sus ayuntamientos y comunidades autónomas– por parte de la comisión del Parlamento Europeo han convertido los asuntos que trata la resolución en una amalgama heterogénea. Hasta tal punto, que, aunque parezca sorprendente dada las encendidas críticas contra la vulneración del derecho de propiedad privada frente a confiscaciones de viviendas privadas diseminadas dentro del ámbito de la urbanización forzosa concedido a los agentes urbanizadores, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, quiso capitalizar como éxito propio la resolución.

Sin embargo, para comprender la magnitud del escándalo, que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación de distintos países europeos, debido a que muchos de los afectados, agrupados en la organización Abusos Urbanísticos No (AUN), procedían de ellos, debe de leerse el documento de trabajo que redactaron otros dos eurodiputados, después de trasladarse a distintas regiones españolas a principios de 2007.

En ese informe se puede leer lo siguiente:

En ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos, ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE. El motivo de preocupación más parecido se localiza en los Estados miembros del antiguo bloque oriental y se refiere a la restitución de los inmuebles confiscados durante los regímenes políticos previos a su adhesión a la UE.

Es un hecho que el respeto del derecho de propiedad en los países europeos no alcanza tampoco unas cotas muy boyantes y, por lo demás, las resoluciones del parlamento no tienen un efecto vinculante claro sobre las actuaciones del Consejo y la Comisión Europea. No obstante, esta última ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).

Ahora bien, aunque los eurodiputados que han intervenido no puedan compararse con el sin par Gulliver, ni todos los argumentos que vierten en sus prolijos informes merezcan igual consideración, un par de cuestiones quedan claras:

• La casta política española ha conseguido montar un tinglado donde se conculca hasta tal punto el derecho de propiedad privada que ha conseguido que el consenso socialdemócrata europeo equipare su régimen jurídico al que caracterizaba a las antiguas dictaduras comunistas de Europa del Este.
• Para salir de este atolladero, dentro de un plan de flexibilización de todos los factores productivos de la economía, deben reformarse radicalmente las leyes del suelo vigentes y, sobre la base de una delimitación clara y sencilla del derecho de propiedad privada de la tierra, permitir que las fuerzas del mercado determinen los usos y los precios.