España tiene el despido más caro de toda la Unión Europea

Por Inma Pardo

El Economista, Madrid

España cada vez va adquiriendo más notoriedad entre los países de la Unión Europea conforme avanza la crisis económica. No sólo lidera el ranking de la Unión por ser el país con más paro y mayor destrucción de empleo, sino que sus empresarios soportan unas fuertes cargas económicas respecto a las que piden un mínimo respiro para no desaparecer con la coyuntura.

Entre los costes empresariales, el despido destaca por la distancia de gasto que mantiene con los diferentes miembros de la UE. La indemnización por despido objetivo (si hay justificación) se sitúa, actualmente, en 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades; y por despido disciplinario la remuneración alcanza los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades.

Estas pautas de despido son unas de las más duras económicamente de toda la Unión. La diferencia es tal que el coste de la indemnización por despido en España es seis veces más cara que en países como Dinamarca o incluso Irlanda.

Ejemplo práctico

En un caso práctico facilitado por el catedrático D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, presidente de Sagardoy Abogados, se percibe perfectamente esta disparidad. Una empresa decide despedir a un trabajador de 56 años -la edad en realidad no afectaría-, que haya venido prestando los servicios para la misma empresa durante diez años con un contrato laboral, cuya remuneración asciende a 24.000 euros anuales.

En este caso, el trabajador ha desobedecido la obligatoriedad de utilizar equipos de protección necesarios y la empresa, por tanto, lo despide disciplinariamente. El empleado demanda a la empresa, alegando que el despido carece de causa, y tras la correspondiente sentencia se declara que la rescisión del contrato no está ligada a motivos objetivos, por lo que es un despido improcedente. En definitiva, la empresa le debe indemnizar con 36.031 euros.

No obstante, si este mismo caso hubiera ocurrido en otro país de la Unión Europea, como Dinamarca, que dispone de una gran flexibilidad, el coste descendería hasta los 5.917 euros. Pero este resultado coincide igualmente con Irlanda, donde el despido supondría 6.443,5 euros. Allí, la indemnización tan sólo es de 98 días. Resultados similares se pueden ver en varios países de la Unión. Aunque, curiosamente, en la comparativa facilitada por Sagardoy, se observa que el coste más similar al español es el de Holanda, donde costaría 35.505 euros.

¿Abaratar el despido?

Las múltiples propuestas, tanto de la Confederación de Empresarios como de la organización de países desarrollados OCDE, del Banco de España e incluso la del catedrático Sagardoy, no solicitan simplemente el abaratamiento del despido, sino que van más allá. Todos coinciden en que el coste del despido es desproporcionado, pero también apuntan a que el problema es la alta temporalidad del mercado.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ve estas características. Hace algo más de un mes, Zapatero señaló que el mercado laboral sí que tiene flexibilidad y se puede comprobar por la rápida destrucción de empleo. Sin embargo, tal y como afirma la OCDE, España dispone de una gran dualidad en su sistema. La mitad del mismo, que corresponde a contratos temporales, cuya indemnización es de ocho días de salario por año trabajado, es totalmente flexible, mientras que la otra mitad, compuesta de contratos fijos, está blindada con 45 días por año trabajado y resulta inamovible.

El resultado es que los jóvenes, mujeres, y sobre todo los estudiantes que han finalizado sus carreras, se encuentran en una situación marginal y actualmente copan las listas del paro. De hecho, la tasa de paro en los jóvenes es la más alta de toda Europa, situándose en el 35,7%.

Modalidad única

La patronal dio un primer paso proponiendo un contrato de crisis indefinido con una indemnización de ocho días por año, ampliable tras dos años de contrato a 20 días de salario por año trabajado. Sin embargo, la solución en la que confluye la mayor parte de las instituciones que se han pronunciado es la de crear un único contrato. La OCDE propone un contrato que esté entre el fijo y el temporal.

Mientras, Sagardoy muestra alternativas al contrato único para reducir la temporalidad en España. La primera sería el contrato fijo a término. Es un contrato de larga duración de 6 a 8 años, en el que la indemnización prefijada se abonaría al final y otra en caso de ruptura. Otra propuesta, que comparte con el Foro de Abogados Laboralistas (Forelab), es el contrato de lanzamiento de nueva actividad, eliminado en 1994, con una duración de 6 a 36 meses y bonificaciones para reconvertirlo en indefinido.

Por último propone la contratación parcial, la de formación continua y el contrato flexible.