Guatemala: Cambio de cultura

Prensa Libre

Ante las desgracias que nos agobian, a las cuales se suma el horrendo caso del respetable abogado Rodrigo Rosenberg, se oyen los lamentos de siempre: “hay que hacer algo”, la “situación ya es insoportable”, “la impunidad debe terminar”. Pero, ¿reconoceremos a tiempo que la causa de nuestros problemas es cultural?

Por ejemplo: ya se reconoce que la causa inmediata del crimen es la impunidad, y que la causa de la impunidad es la debilidad del poder judicial, debido a que no cuenta con recursos económicos, humanos y, muy importante, de respaldo jurídico adecuado para mejor fallar. Pero eso no es percibido como producto de la cultura que ha llegado a prevalecer a través de muchas décadas.

Nuestra cultura jurídica falla porque en el afán de ser prácticos no apreciamos el valor de vivir bajo principios. Se llegó a confundir el tener principios con tener ideología, y ello, combinado con la pretensión de conocimiento, induce a gobernar como si cada caso lo comprendiéramos en su totalidad, sus efectos directos, indirectos, de corto y largo plazos, etcétera, lo cual es humanamente imposible. El reconocimiento de nuestras limitaciones, de no ser omniscientes ni infalibles, nos debería inducir a vivir bajo principios y no improvisaciones. Hablo de los principios milenarios que norman conducta, de los derechos individuales, pues cuando se respetan, si bien no desaparecen los problemas, hace posible buscar soluciones pacíficas, congruentes y efectivas. En cambio, si en el afán de ser “prácticos” se intenta componerlo todo por leyes casuísticas, se crean problemas no intencionados e insospechados. Por mala fortuna, la cultura legislativa en que obligadamente se fundan los fallos judiciales da prioridad a los intereses sobre los derechos individuales, sin tomar en cuenta que la democracia solo funciona si la legislación, hecha por la mayoría, respeta los derechos de las minorías.

Lamentablemente, no forma parte de nuestra cultura el estudio del Derecho Natural, base de la jurisprudencia y de la civilización occidental judeo-cristiana, laguna que fatalmente cambió la cultura jurídica, inculcando a generaciones enteras la destructiva falacia de que el Estado es la fuente de los derechos individuales, cuando la evidencia histórica es que las personas ya reconocían sus derechos (por ej. lex mercatoria), y que organizaron gobiernos para protegerlos, pues es de mayor interés social respetar esos derechos que intentar satisfacer intereses de grupos o personas. Hoy día la Constitución obliga a los políticos a relegar su función principal de proteger derechos y dar prioridad a atender las demandas de sus electores.

Un cambio de cultura no es rápido. Comienza en los niveles superiores educativos y se disemina hasta los bachilleratos y las escuelas. Pero la cultura también la cambia el sistema de gobierno. Lo vemos con los emigrantes que acuden a otros países y pronto se adaptan.

Ello nos permite acortar el camino enmendando la estructura jurídica que impera para tener magistrados realmente independientes, con recursos económicos y humanos, pero sobre todo, para proveer mandatos constitucionales para mejor fallar y así terminar con la impunidad. Se presenta ahora una oportunidad: la enmienda a la Constitución propuesta por la Asociación Pro Reforma. Ya veremos si se le toma como quieren sus opositores, como un ardid ideológico, y seguimos por el camino que vamos, o si se reconoce como la oportunidad que es, y se apoya y adopta.