La cultura de dependencia de California

Sus electores, sensatos por fin, rechazaron, por una media del 65%, cinco de las seis propuestas sometidas a referendo. El gobernador Arnold Schwarzenegger, el Republicano "post partidista", y los partidistas Demócratas que controlan la Legislatura, promovieron las propuestas como herramientas esenciales y eficaces para eliminar el déficit presupuestario del estado, que rondará a estas alturas los 21.000 millones de dólares. De forma de California podría convertirse en el próximo objetivo de la administración Obama, cuya agenda de dependencia incluye aprovechar toda oportunidad que se presente para lastrar las cosas — bancos, aseguradoras, fabricantes de automóviles, etc. — a través de su supervisión.

El Orange County Register — si un solo periódico sobrevive a los tiempos que corren, podría ser éste — defendía el rechazo a cada una de las seis propuestas: la 1A habría fijado un ilusorio límite del gasto que podría ser "evitado fácilmente subiendo los impuestos” — y la formulación electoral no mencionaba que la 1A se habría traducido en una ampliación durante dos años y 16.000 millones de dólares de parte de las considerables subidas de los impuestos de febrero. La propuesta 1B prometía al lobby de la enseñanza pública 9.000 millones de dólares, sobornándolo así a cambio de su apoyo a la 1A, apoyo que la Asociación de Docentes de California prestó. La propuesta 1C combinaba "dos de las peores prácticas responsables" de la disfunción que sufre el estado, "proyecciones de recaudación y endeudamiento color de rosa”: habría autorizado el préstamo garantizado con incrementos (hipotéticos) de la recaudación en la lotería del estado. La propuesta 1D, “un artificio fiscal más que roza la ilegalidad", habría transferido al fondo general — y gran parte de ellos a los funcionarios públicos — los fondos recaudados destinados a programas infantiles. La propuesta 1E habría hecho lo propio con los fondos recaudados destinados a los servicios de salud mental.

La propuesta 1F, aprobada por el 73,9% de los votos, niega subidas salariales a los legisladores siempre que los presupuestos no sean equilibrados. El Register se oponía a esto porque da a los legisladores "un incentivo financiero personal" para equilibrar el presupuesto subiendo los impuestos.

La clase política de California, Demócrata en su mayor parte, solicitará a Washington un rescate para alimentar al sector público que está asfixiando al cada vez más reducido — y a la fuga — sector privado. La administración Obama, que recompensaba al Sindicato de Trabajadores del Sector del Automóvil dándole considerable control sobre dos empresas que ayudó a reducir a escombros comerciales, atenderá los intereses de los sindicalizados funcionarios públicos de California entre otros, responsables principales de reducir el estado a la indigencia.

Estas formaciones florecerán si el estado se convierte en el perrito faldero federal atado en corto por el presidente. Él podría condicionar la ayuda a que el estado haga las cosas que a los Demócratas de California y sus aliados sindicales les encantaría "verse obligados" a hacer: eliminar la obligatoriedad los dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura para subir los impuestos y aprobar los presupuestos, y derogar la Propuesta 13, que los electores aprobaron en 1978 para limitar el impuesto de propiedades. Estos cambios permitirían que la Legislatura (índice de aprobación a su labor: 14%) trasvasara un porcentaje aún mayor de la riqueza del contribuyente y lo transfiriera a los funcionarios públicos. Como los vigilantes penitenciarios, cuyo potente sindicato es uno de los motivos de que el gasto por recluso de California (alrededor de 49.000 dólares) duplique la media nacional.

Los electores de California son cómplices del colapso de su estado. Ellos eligen una y otra vez a los legisladores a costa de los que los sindicatos de funcionarios se enriquecen. De igual forma, los votantes han utilizado promiscuamente los dispositivos plebiscitarios de su estado para controlar y engordar los presupuestos. El pasado mes de noviembre, mientras los nubarrones fiscales empezaban a descargar, ellos daban el visto bueno a 9.950 millones de dólares más en deuda como entrada al proyecto ferroviario de alta velocidad de quizá 75.000 millones de dólares que une San Francisco con Los Ángeles — un lujo que California no se puede permitir.

En una surrealista tentativa por inculcar el miedo a los votantes para que apoyaran las propuestas, Schwarzenegger (índice de aprobación de su labor: 33%) amenazaba con hacer algo sensato: vender activos estatales tales como la prisión de San Quintín, que se levanta sobre suelo en primera línea de playa. Pero los californianos deberían pagar ahora un precio real por los años de derroche de Schwarzenegger, en forma de realismo con la asignación económica. Su gobierno, aquejado de desorden de atención presupuestaria, ha implicado saltar de una irrelevancia de moda (por ejemplo, la investigación con células madre) a otra (por ejemplo, enfriar el planeta) mientras el estado se hundía. Adecuadamente, se encontraba en Washington mientras su caótica herencia quedaba plasmada en la derrota del martes.

Estaba en la Casa Blanca, aplaudiendo la imposición por parte de la administración Obama de severos estándares de ahorro en el consumo a la dependiente industria del automóvil, que al menos ha manifestado su competencia en su nueva tarea de fabricar coches que no gustan a los estadounidenses. Poniendo tierra de por medio con respecto a la sentencia del martes, a la sombra del presidente que pronto podría ser gobernador de California en funciones, Schwarzenegger era la versión resumida de la agenda de dependencia de la administración.

© 2009, Washington Post Writers Group