El gobierno creador de pobres

Fundación Libertad de Panamá

Hay casi tantas motivaciones para votar como hay electores, y sin querer identificar alguna razón como más importante que otra, hay que reconocer que no elegimos propuestas ni promesas, sino líderes; a menudo se olvida que lo que el gobierno va a hacer durante su mandato ya fue definido en la Constitución.

Ninguno de nuestros líderes elegidos hizo campaña prometiendo que cumpliría con los mandatos de la Constitución; casi todas las promesas redundaron en alguna aplicación del verbo ayudar.

Hoy, más que nunca, ayudar desde el gobierno está de moda. En esta época de “fallos de mercado”, los salvamentos o “bail outs”, en todas sus variantes, son la más novedosa solución desde todos los gobiernos.

Aquí en Panamá tenemos una larga tradición de gobiernos que “salvan” a la gente. Veamos algunos ejemplos: productores agrícolas a los que se les compra sus cosechas para evitar que quiebren; ayudas directas a familias bajo la línea de la pobreza para salvarlos de esa situación; préstamos a intereses privilegiados para “incentivar” la producción agrícola; privilegios fiscales negociables para incentivar las exportaciones; subsidios a servicios públicos para garantizar a todos el acceso a los mismos sin afectar la solvencia de las empresas que los brindan… La lista parece sólo crecer.

Los FECI, CAT, subsidios energéticos, seguro educativo, todos esos esquemas de ayudas son ya viejas formas de salvamento, más familiares que las nuevas –aunque también viejas– fórmulas de compra de “activos tóxicos” y nacionalización de bancos e industrias “clave”.

Todos ellos no son otra cosa que gasto público, que se paga con las transferencias, en forma de impuestos, que hacemos a los gobiernos.

En esta época de crisis los sectores que requieren “ayuda” se multiplican, y así mismo se crean nuevos subsidios y crece exponencialmente el gasto público, ese gasto que pagamos todos y que seguirán pagando nuestros hijos.

En Estados Unidos se calcula que se requerirán desembolsos correspondientes a más del 25% del PIB para que los tenedores de acciones y bonos no sufran pérdidas, lo que compromete a la industria solvente y a los ahorristas de ese país a transferir al menos el 25% de sus ingresos, ¡durante una década! Eso quiere decir que para que una parte de la población no sufra las pérdidas de sus decisiones equivocadas, se empobrecerá al resto durante una década.

Pensemos ahora en Panamá y nuestras ayudas, ¿qué porcentaje de sus ingresos les cuestan a los panameños? ¿Cuántas generaciones están comprometidas al pago de las ayudas presentes? ¿Cuántas décadas de pobreza han creado nuestros gobiernos?

Ya es hora de exigirle al gobierno que respete los ingresos de la gente. No más ayudas, no más subsidios, ¡no más pobreza!

El autor es director de la Fundación Libertad