Tolerancia liberal, compromiso y exigencia
La Organización de Estados Americanos (OEA) acaba de revocar la Resolución de fines de enero de 1962 de la reunión de Uruguay, mediante la cual se excluía al gobierno cubano por la incompatibilidad de su postura ideológica “con los principios y propósitos del Sistema Interamericano y porque “el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del Hemisferio” (sic).
Es un hecho el desprestigio que ha cosechado la OEA en Latinoamérica, como organismo burocrático dorado sin mayor peso en el resguardo de las democracias de la región y de las prácticas consistentes con las libertades y el respeto al estado de derecho. También es un hecho que este organismo no ha ejercido presión alguna para que Cuba suscriba la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima en 2001. Y por último, es también un hecho que el gobierno cubano ha expresado numerosas veces que no tiene interés en ser parte de la OEA y someterse a sus reglas.
En tal contexto, la revocatoria de la Resolución de 1962 quizás no pasa de ser un acto con más impacto mediático que políticamente relevante. No obstante, viéndolo en perspectiva histórica, la Resolución de 1962 constituía un anacronismo evidente, en la medida en que no hay ya algo como un “bloque comunista”. De igual modo, teniendo en cuenta que existen gobiernos autodeclarados de la misma ideología el que gobierno cubano, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, todos ellos miembros de la OEA, habría que sacarlos a todos ellos para ser compatibles con un mínimo criterio de igualdad en el trato de países y naciones.
Por tanto, la revocatoria de la Resolución de 1962 es, en realidad, un ejercicio de tolerancia, concordante con los valores liberales más fundamentales. Una muestra de que, a pesar de que el gobierno cubano desarrolla sus acciones probadamente, bajo un régimen totalitario y abusivo, los nuevos tiempos de la libertad no admiten marginaciones de ningún tipo. Así como también es una prueba de que un orden mundial en que imperen crecientemente las defensas de las libertades y de la no-exclusión, constituye la única oportunidad que tiene el mundo de encontrar la salida a la encrucijada, que los totalitarismos de toda especie, han sometido a los pueblos del mundo.
Paradójicamente, al finalizar la primera década del siglo XXI, quizá el régimen totalitario más funesto, arcaico y anquilosado, sea precisamente el que representa el gobierno cubano. Por tanto, se le da una lección de tolerancia y de libertad con esta revocatoria. Una lección que quizás tarde en aprender el régimen de La Habana, con la arrogancia propia de los totalitarismos, que se manifiesta, ya desde ahora, en una actitud de rechazo a ser reincorporados a la OEA.
De hecho esta reincorporación no implica el derecho de continuar violando derechos humanos sino precisamente un ejercicio de respeto de dichos derechos. Aun cuando el beneficiario, no hace lo mismo. Sería una interpretación antojadiza, incompleta y tendenciosa de la revocatoria de la Resolución de 1962, entenderla como un espaldarazo internacional a la política del gobierno cubano, el cual ha sido acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de conculcar libertades civiles fundamentales. Nada más errado.
Por el contrario, la lectura serena de los hechos apunta a fortalecer e intensificar, a partir de esta actitud de tolerancia continental, la exigencia moral al gobierno cubano, así como a otros socios ideológicos afines, para avanzar en una profunda agenda de transformaciones pendientes de Cuba, las cuales, ya sin pretextos antes aludidos, no tienen razón de esperar y deben hacerse inmediatamente. Por el auténtico bien de los cubanos, la verdadera adscripción a los principios de los fundadores de las repúblicas latinoamericanas y el real y verdadero respeto a los derechos civiles en nuestras tierras.
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