Iniciativa oficial sobre radiodifusión en Argentina: Un proyecto poco feliz

La Nación

En distintos rincones de América latina, la libertad de opinión y expresión pasa por un momento difícil. En todo el "eje bolivariano", concretamente. Allí hay quienes alimentan insistentemente la violencia contra las ideas. Es más: las intimidaciones y agresiones contra los voceros de la prensa libre se han multiplicado. Desde el poder se procura acotar o encorsetar a los medios, esto es, restringir su capacidad de actuar libremente en la sociedad. De mil maneras.

En Cuba, los disidentes van a prisión. En Venezuela no se aceptan ni se toleran puntos de vista distintos de los del discurso único, el oficial. Tanto Radio Caracas Televisión, ayer, como Globovisión, hoy, dan testimonio de una persecución implacable contra la libertad de prensa. En Bolivia y Nicaragua se ataca a los medios sistemáticamente cuando osan criticar al gobierno, demonizándolos, como si sólo les correspondiera aplaudir, a la manera de audiencia cautiva. En La Paz, el gobierno no recibe a la prensa libre nacional, sólo a los corresponsales extranjeros. En Ecuador, se nos propone organizar -desde el Unasur- un mecanismo regional para "vigilar" colectivamente la "conducta" de los medios de comunicación. En la Argentina, los ataques a la prensa desde los púlpitos oficiales son insistentes. Más bien, permanentes.

Todos esos ataques apuntan, en esencia, a debilitar la democracia. La prensa, cuando cumple su función de control, actúa como una suerte de cuarto poder de gobierno. Permite, así, juzgar tanto a los candidatos, en un proceso electoral, como a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Al proteger a todos contra los abusos del poder, no es extraño que la libertad de prensa incomode a algunos. Siempre ha sido así.

Ocurre, además, que lo que aparece en los medios es el borrador de la historia, otra razón que alienta a algunos a tratar de controlarlos.

Lejos de disociar, como sostienen algunos, la prensa libre, al promover la discusión de ideas, tiene un efecto social conciliador. Las sociedades anestesiadas por el discurso único han perdido o están camino de perder su libertad.

Silenciar a la prensa supone tener que confiar en que sea el propio gobierno el que defina las avenidas a través de las cuales los ciudadanos pueden descubrir la verdad, lo que no ofrece garantía alguna.

En ese marco, el Poder Ejecutivo Nacional ha elaborado un proyecto de ley de "servicios de comunicación audiovisual". Se trata de un documento de trabajo destinado, según sus autores, a ser "enriquecido, corregido y mejorado".

En las últimas semanas, el Gobierno ha organizado foros en distintos puntos del país para promover y debatir ese proyecto, aunque sin la participación de las organizaciones del sector, de las asociaciones empresariales ni de la oposición. Los comentarios y observaciones críticas que siguen pretenden hacer un aporte a su discusión. Se hacen en el entendido de que todo lo referido al llamado "espectro radiofónico" está sometido a un acelerado cambio tecnológico, razón por la cual en este tema tan particular la flexibilidad parece más conveniente que la rigidez.

El gobierno nacional sostiene que es su intención acompañar y aprovechar el salto tecnológico. Cabe advertir que los cambios tecnológicos pueden producir impactos inesperados, incluso con relación a la competencia entre prestadores de servicios. Hoy, por ejemplo, quien acumula servicios de cable sufre la competencia directa del que transmite vía satélite, transformando casi en obsoleta la prestación de quienes utilizan cables.

Llama la atención que un gobierno absolutamente unitario cuando de cuestiones fiscales se trata predique el federalismo en materia de comunicaciones. Pero es así. También sorprende que se diga que con el proyecto en cuestión se apunta a ampliar el pluralismo, cuando la realidad de Telesur, empresa que transmite desde Caracas (de la que la Argentina fue socia fundadora) sugiere lo contrario. Y cuando lo mismo puede decirse de la programación de Canal 7, el del Estado. Ni Telesur ni Canal 7 parecen pluralistas. Ambos parecen empeñados en difundir una visión de la realidad con una fuerte carga ideológica. Monocorde, entonces.

El proyecto del Poder Ejecutivo limita severamente al sector privado (el más dinámico de todos, de cara a la revolución tecnológica), que tiene que operar forzadamente dentro de sólo un tercio del espectro radiofónico. Los otros dos tercios, esto es lo sustancial, quedan reservados para el sector público y para las asociaciones sin fines de lucro. Esto último -que, en su dimensión, no tiene precedente- posibilitará la asignación caprichosa de una parte sustancial del espectro a "entidades y movimientos" afines al poder. A corifeos, entonces. El sector privado, sujeto a fuertes impuestos y cargas, deberá competir contra el sector público y las entidades sin fines de lucro en condiciones de desigualdad, puesto que, según el proyecto, todos tienen el mismo derecho de recurrir a la publicidad para obtener ingresos.

La propuesta del gobierno nacional abre, además, otros interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué se pone el acento en los contenidos infantiles, por oposición a privilegiar todo lo que sea de naturaleza cultural, sin distinciones?

Se ha previsto, además, que las licencias para operar duren diez años, con posibilidad de prorrogarlas, aunque por una única vez, por otro período de igual duración. Previa audiencia pública, mecanismo que puede derivar en un caos. Cabe preguntarse por qué restringir a veinte años la duración eventual de las empresas de este sector. ¿Se procurará construir un sistema que posibilite la purga permanente de los medios?

Preocupa también la cuestión esencial de los derechos adquiridos, dado que el proyecto dispone que las empresas que hoy actúan en el sector y son titulares de licencias que pudieron haber sido renovadas o prorrogadas no pueden solicitar una nueva extensión, por ningún título. Se las coloca, así, en igualdad de situación con las demás, ignorando su trayectoria, su experiencia y hasta sus inversiones. Como si nada de eso tuviera importancia y el objetivo prioritario del legislador fuera hacer borrón y cuenta nueva. Otra vez, purgar.

Para peor, las empresas que superen las restricciones que define el proyecto de ley tendrán un plazo de un año (improrrogable) para ajustarse a ellas, con el riesgo de sufrir duras sanciones si no lo logran, mecanismo compulsivo que parece claramente inconstitucional.

El Gobierno propone, asimismo, que los funcionarios "jerárquicos" de los gobiernos de facto no puedan ser titulares de licencias. Esta proscripción no está acompañada (en espejo) de limitaciones para aquellos que pudieron haber cometido delitos aberrantes respecto de los que fueron inmunizados a través de una amnistía de dudoso valor para el derecho.

Curiosamente, en el proyecto comentado se habla de promover la cultura popular. Ni una palabra, en cambio, acerca de la cultura universal. Esto es algo así como tratar de evitar que nuestros taxistas escuchen música clásica y pretender, además, llenar de cumbia el Teatro Colón. Se trata de un camino más en dirección al aislamiento. Todo lo cultural debe promoverse, sin exclusiones, cuidando de integrar a nuestra sociedad en el mundo, sin que ello tenga que hacerse a costa de nuestra identidad.

En ninguna parte del proyecto al que nos referimos se menciona específicamente la libertad de opinión y la de expresión garantizadas tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por nuestra propia Constitución nacional. Derecho que incluye, ciertamente, el de no ser molestado por causa de las opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Sobre el proyecto parecería flotar una suerte de extraña fobia al uso de la palabra "libertad", bien sugestiva.

El proyecto, como cabía esperar frente a nuestra realidad, mantiene la obligación de los medios de integrarse a las transmisiones en cadena. No sólo frente a situaciones graves o excepcionales, sino también respecto de aquellas que se definen como de "trascendencia institucional", concepto que posibilitará el uso abusivo de este tipo de transmisiones. Hoy parecería que cualquier aparición de la presidenta de la Nación o de su cónyuge tuviera "trascendencia institucional", con independencia de las circunstancias.

El proyecto genera, queda visto, interrogantes serios, que pueden afectar la libertad de opinión y expresión en nuestro país. Tiene un sesgo "reorganizador" preocupante y un perfil fuertemente regulador -intervencionista, entonces- que podría ser utilizado para presionar o manipular al sector o a los medios, razón por la cual deberá ser seguido de cerca para evitar que, eventualmente, se transforme en un instrumento para coartar o cercenar la libertad de prensa, a tono con lo que sucede en otros lugares de nuestra región como consecuencia de las actitudes autoritarias de un puñado de actores con los que nuestra administración parecería tener alguna identidad ideológica.

Finalmente, se dejan (como es habitual) demasiadas cuestiones sustantivas para una futura reglamentación. Lo que preocupa, por aquello de que el diablo está en los detalles, fenómeno que se ha vuelto frecuente. El análisis de la peligrosa "propuesta" debería, en rigor, incluir el "paquete" normativo, en su totalidad. Para que no haya sorpresas a la mañana siguiente.

El autor fue embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas