Otra amenaza para los que cruzan a EE.UU.: el secuestro

The Wall Street Journal

EL MIRAGE, Arizona — Una llamada, en susurros, a la línea de emergencia 911 desde un teléfono celular una mañana de enero llevó a la policía estadounidense a una casa de este suburbio de Phoenix. En su interior, encontraron a más de 30 hombres temblorosos y semidesnudos, prisioneros, dice la policía, de una pandilla que los había traído ilegalmente desde México.

Golpeados y amenazados con una pistola Beretta nueve milímetros, según un reporte de un detective local, los hombres estaban siendo retenidos por hasta US$5.000 cada uno, un rescate muy por encima de los US$1.000 que cada uno había acordado pagar antes de cruzar la frontera.

Tales casos se están volviendo cada vez más comunes en Phoenix, la cual está ganando fama como la capital de los secuestros en Estados Unidos. Las autoridades culpan a factores que van desde la creciente violencia relacionada a las drogas en México hasta la toma de control del negocio de paso de indocumentados por la frontera por parte de pandillas.

Otro factor: el volátil mercado inmobiliario de la ciudad, el cual ha dejado miles de casas para arrendar, a veces en cuadras prácticamente deshabitadas, lugares perfectos para que los criminales escondan drogas o a personas. La policía llama a estos lugares "casas de seguridad" (drop houses en inglés). Las autoridades federales, estatales y locales descubrieron 194 de tales casas en 2007, 169 el año pasado y decenas más en lo que va de 2009, según la policía.

Aunque la mayoría de los secuestros en Phoenix están relacionados al narcotráfico, como cuando los traficantes secuestran a rivales para pedir rescate o ajustar cuentas, cada vez más casos involucran a inmigrantes indocumentados. "De 368 casos de secuestro registrados el año pasado, 78 fueron de 'casas de seguridad', que involucraban a inmigrantes ilegales", dice el sargento Tommy Thompson de la policía de Phoenix. Funcionarios dicen que en 68 supuestas "casas de seguridad" identificadas en los primeros cinco meses de 2009, las autoridades encontraron a 1.069 inmigrantes.

Lo que sucede aquí marca un giro en el negocio del paso de indocumentados por la frontera. Hace un par de décadas, muchos indocumentados cruzaban la frontera varias veces usando siempre al mismo "coyote" como se conoce a las personas que cruzan inmigrantes.

Ahora, pandillas organizadas se han apropiado de este negocio. Según la policía mexicana y estadounidense, esta es una consecuencia del aumento de la vigilancia en la frontera. Debido a que el cruce es ahora más difícil, el costo del servicio es más caro, lo que atrajo a las brutales organizaciones criminales mexicanas y sacó del negocio a los pequeños operadores. El área de Phoenix está siendo afectada debido a que las restricciones en la frontera se han concentrado en las rutas tradicionales de Texas y California, lo cual desvió más tráfico hacia los corredores del desierto controlados por el cartel de Sinaloa.

Las autoridades creen que incluso el reciente declive en la inmigración a consecuencia del débil mercado laboral en EE.UU. estimula los secuestros, ya que a medida que baja el número de inmigrantes que cruzan, las pandillas ganan menos dinero por cruzar a los indocumentados que por tenerlos secuestrados antes de liberarlos en un lugar en el interior de EE.UU.

"El indocumentado se convierte en un commodity", dice Matthew Allen, agente a cargo de la oficina de Phoenix del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. "Una forma de incrementar el valor del commodity es con amenazas: aterrorizando a alguien en una casa de seguridad".

El mes pasado, la policía allanó dos casas en el suburbio de Avondale, donde dice que rescató a indocumentados. El 12 de mayo encontraron a 14 inmigrantes en una casa "que parecía una fortaleza". Las puertas tenían instaladas grandes chapas, las ventanas estaban selladas y un circuito cerrado de televisión permitía que los guardias en un extremo de la casa vigilaran los demás cuartos.

Fotos del lugar tomadas por la policía muestran una gruesa mancha negra que se extiende a lo largo de un muro de una de las habitaciones en la que supuestamente se mantenía a los secuestrados, un residuo que dejan los cuerpos sudados aprisionados en un espacio reducido. "Entre más oscura sea, más tiempo estuvieron allí", dijo el teniente Robert Smart del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

Las autoridades locales descubrieron la casa cuando alguien llamó a la policía de Nueva Jersey y dijo que un pariente que había cruzado a Arizona recientemente desde México había sido secuestrado. Smart dijo que las autoridades de Nueva Jersey rastrearon la supuesta extorsión a un grupo criminal que operaba en Tucson, a cerca de 217 kilómetros de Avondale, que según las autoridades se encargaba de las negociaciones a nombre de los secuestradores.

El mercado inmobiliario del área facilita estas actividades. Cuando la burbuja inmobiliaria se estaba inflando, algunos inversionistas compraron casas y las pusieron en el mercado de alquiler mientras esperaban una oportunidad para venderlas. Para el momento en que el mercado de hipotecas colapsó a mediados de 2007, la oferta de casas para alquilar en el área de Phoenix había subido a 73.700, un alza de casi 75% frente a 2000, según las autoridades locales.

El mercado inmobiliario

El colapso del mercado ha aumentado en 12.000 el número de casas para arrendar, a medida que más dueños de viviendas que no logran venderse tratan de alquilarlas. La abundancia favorece a los criminales de dos maneras: hace que los arrendadores sean menos exigentes a la hora de seleccionar inquilinos y crea "zonas muertas" que contienen muchas casas vacías, en donde hay menos residentes que puedan notar actividades sospechosas.

Una encuesta reciente de la oficina del fiscal general de 170 casas que fueron utilizadas como casas de seguridad encontró que más de la mitad de ellas tenían hipotecas que no requerían cuota inicial y 42 estaban en proceso de embargo.

Una casa en la calle West Lumbee fue allanada dos veces en dos meses. Los dueños, Pablo y Ana María Sandoval, se habían mudado a una casa más grande y estaban ansiosos de encontrar un inquilino que les ayudara a pagar la hipoteca. Arrendaron la casa por US$1.200 al mes.

"Habíamos oído hablar de estos criminales, pero algo así nunca le había sucedido a nadie que conociéramos", dice Sandoval, quien trabaja reparando máquinas dispensadoras. Agrega que sacó a la casa del mercado de alquiler y ahora está ocupada por uno de sus hijos que perdió su casa debido en un embargo.

La familia Sandoval no enfrentan cargos. Los dueños de tales casas casi nunca son acusados, dice el fiscal general de Arizona, Terry Goddard‐, debido a que es difícil probar que los dueños sabían que los inquilinos estaban usando las casas para actividades criminales. Hasta el momento, después de más de casi 500 redadas a supuestas "casas de seguridad", ningún dueño ha sido acusado de ingresar inmigrantes ilegales a EE.UU.

En total, mil casas han sido usadas en el área de Phoenix como "casas de seguridad", muchas de las cuales nunca han sido descubiertas, dice la policía. La casa de El Mirage fue detectada cuando la policía recibió una llamada de emergencia a las 7:50 de la mañana el 31 de enero en la que escucharon la palabra "ayuda", junto a lo que sonaba como el pito de una alarma de humo.

La llamada duró lo suficiente como para que la policía determinara el bloque de donde provenía: West Columbine Drive, una calle suburbana en donde a principios de este año casi un tercio de las 34 casas no tenían ocupantes y seis de ellas estaban en proceso de embargo. Los agentes llevaron a cabo una búsqueda del lugar y al detectar el sonido de la alarma rodearon el lugar y entraron.

Según el reporte de los detectives, las ventanas del segundo piso estaban selladas desde el interior con contrachapados. La policía encontró a 37 personas en la casa, la mayoría de ellas inmigrantes ilegales.

Los documentos indican que un secuestrado, un hondureño de 39 años llamado Jorge Argueta-Pineda, le dijo a los investigadores que después de ser golpeado en repetidas ocasiones consiguió que sus familiares le enviaran US$3.200 a una oficina de Western Union en México. Aunque la mayoría de aquellos que fueron encontrados en la casa fueron deportados, a Argueta se le permitió quedarse en EE.UU. para testificar contra sus supuestos secuestradores. Argueta no pudo ser contactado para este artículo.

Los siete ciudadanos mexicanos arrestados se declararon inocentes de los cargos de secuestro y posesión de armas. Entre ellos hay varios que, según la policía local, se quitaron la ropa en el momento en que comenzó la redada para hacerse pasar como secuestrados.