¡Más activismo judicial, por favor!

Diario de América

“Nosotros", dijo la Reina Victoria, empleando el mayestático real, "no estamos complacidos”. “A nosotros", dijo el Departamento del Tesoro el martes, disfrutando de las licencias reales que ejercita hoy en día, "nos congratula que ni un solo tribunal que ha examinado esta cuestión, incluyendo al Supremo estadounidense, ha encontrado ningún fallo en absoluto en la gestión de este asunto por parte de Chrysler o bien del gobierno estadounidense”. ¿Constituye una ofensa contra la corona observar que el Tesoro está embaucando?

En la picota está la precipitación del gobierno por empujar los restos de Chrysler al proceso de suspensión de pagos y al matrimonio con FIAT, la compañía italiana que en breve será otra empresa más subsidiada por el contribuyente estadounidense. Pero como dijo el tribunal en su escrito autorizando que Chrysler se acoja al concurso de acreedores, su negativa a examinar lo que instancias judiciales inferiores han autorizado "no es una decisión relativa a cuestiones legales subyacentes" y compete "a este caso en exclusiva”.

Eso importa porque la quiebra más compleja y consecuente de General Motors no está cerrada, y como decía un consultor en un correo electrónico enviado al entonces consejero delegado de Chrysler, Chrysler era "el conejillo de indias" sobre el que el gobierno ponía a prueba con qué puede salirse de rositas en la quiebra de GM, que implica los mismos asuntos: ¿es legítimo utilizar fondos del Programa de Ayuda a Activos sin Liquidez para esto? ¿El maltrato dispensado a los acreedores garantizados de Chrysler constituye una sustracción inconstitucional de propiedad?

Richard Mourdock, tesorero estatal de Indiana criticado por cuestionar los términos del rescate de Chrysler, observa que “ni un solo crítico nos ha desafiado nunca a cuenta del contenido de la ley”. Los fondos de pensiones de Indiana destinados a profesores jubilados y agentes estatales de policía se encontraban entre los acreedores garantizados de Chrysler. Hasta el momento la ley había dicho que los acreedores garantizados, como compensación por prestar dinero a tipos inferiores a los que la situación de endeudamiento de la empresa pudiera justificar, son los primeros en la cola para recuperar su dinero en caso de quiebra. Los fondos de Indiana y los demás acreedores garantizados recibieron menos por cada dólar prestado que uno de los acreedores no garantizados, el Sindicato de Trabajadores del Sector del Automóvil, que también obtuvo el 55% de Chrysler. De forma que el gobierno está subsidiando a los italianos y perjudicando a los jubilados de Indiana a la vez.

El Tribunal Supremo no ha dicho nada de la "ley de rescate", una fórmula que en la actualidad es un oxímoron. América como Nación de Rescate está gobernada por una voluntad ejecutiva que no conoce límites.

El pasado septiembre, el Secretario del Tesoro Henry Paulson prestaba testimonio ante el Senado afirmando que los fondos del TARP eran imprescindibles para las achacosas "instituciones financieras”. Por ninguna parte de las 169 páginas de la ley aparecía alguna referencia a la financiación pública de empresas "automovilísticas" o "manufactureras”. En noviembre, Paulson manifestó ante un comité de la Cámara: "Les he manifestado muy claramente que estoy seguro de que las compañías automovilísticas se encuentran lejos de la finalidad (del programa TARP)”. Los defensores de un rescate al sector del automóvil propusieron a continuación la legislación que autorizaba eso. Fracasaron. De manera que el Departamento del Tesoro del Presidente Bush dio una "interpretación" de la ley que ignoraba los términos inequívocos de la legislación pertinente, los antecedentes de su implementación y las propias interpretaciones previas de ello que había hecho el Tesoro.

La polémica surgida en torno al papel adecuado de la judicatura está de nuevo en el candelero a causa de una vacante en el Tribunal Supremo, y los conservadores advierten contra “el activismo judicial”. Pero los rescates de Chrysler y GM y las quiebras son motivos para que los conservadores vuelvan a evaluar la utilidad de ese término y hacer algunas distinciones.

"En la actualidad", observa el Economist, "hay suficiente autonomía global como para fabricar 90 millones de vehículos al año, pero la demanda es de poco más de 60 millones en tiempos de bonanza económica” (énfasis añadido). Desafortunadamente, afirma Jacob Sullum en la revista Reason, el presidente de América "puede imaginar un mundo en el que el motor de combustión interna es obsoleto, pero no puede imaginar uno en el que lo está GM”. En suma, replicando la política ilegítima de su predecesor, el presidente actúa vigorosamente para perpetuar parte de la porción de América en el exceso de fabricación.

Un abstraído Paulson, que estuvo presente en el nacimiento de la Nación de Rescates con fondos TARP, decía que mientras ocupe su cargo en la administración: "Incluso si carezco de las competencias — y francamente yo no tenía las competencias para hacer nada — si te haces cargo, la gente sigue tu iniciativa”. Esto no estaría sucediendo si el Congreso estuviera a lo que tiene que estar, o si los tribunales funcionaran correctamente. Los constitucionalistas no estamos complacidos.

© 2009, Washington Post Writers Group