El mercado, ¿el Estado y el bien común?

En las interminables discusiones que suelen producirse dentro del espectro político y económico de las sociedades modernas, en especial en las de los países en vías de desarrollo, referentes al rol que el Estado, como forma de organización jurídica-política, debe tener en el desarrollo económico de las naciones, se encuentra la vieja idea que muestra al Estado como el infalible defensor del bien común de las sociedades.

Ese viejo estereotipo ha sido inculcado de manera muy eficiente en la cultura sociopolítica latinoamericana, gracias a su larga tradición populista y estatista, lo que ha conllevado a sembrar en la mentalidad del colectivo latinoamericano, una gran falacia política, según la cual el Estado, como ente jurídico-político, es el garante universal e indiscutible de la justicia, del bienestar y bien común de las sociedades, así como de su libertad e igualdad socioeconómica.

No obstante, la realidad histórica latinoamericana ha demostrado con creces la falsedad de tales creencias. Pues todos los experimentos estatistas aplicados por los diversos regímenes variopintos que han ido, desde la derecha autoritaria, como el de la izquierda totalitaria-comunistas, hasta los gobiernos con economías estatistas-populistas. Han sido un fracaso histórico, pues ninguno de ellos logró convertir a estos países de la América latina en una potencia económica emergente, ni mucho menos en una sociedad con los estándares de vida de las naciones más desarrolladas del mundo.

A diferencia de esto, el Estado, en el conjunto de las naciones latinoamericanas, se terminó convirtiendo en un aparato de fuerza, de exclusión y represión, de diversos grados y modalidades, que nunca ha dado cuenta alguna por sus actos. Y donde siempre ha justificado tales hechos como instrumento para el bien común. En este sentido, el bien común no ha sido el fin, sino que se ha convertido en el medio para conseguir otros propósitos muy diferentes. Y es que ese Estado no ha servido al ciudadano o a la mayoría social de sus respectivos países, sino que ha terminado sirviendo a sus propios intereses creados, o el de los grupos de presión, que han germinado a su alrededor, como los (partidos políticos, gremios laborales, empresariales mercantilistas y las propias burocracias estatales).

Toda ese escenario de intereses creados que ha girado alrededor de un Estado corrupto e ineficiente, junto a la mentalidad populista-estatista muy bien arraigada en las sociedades latinoamericanas, terminó estructurando un marco institucional y cultural poco propicio para el desarrollo de una economía de mercado eficiente en estas naciones, donde los agentes privados, junto a un Estado facilitador y garante de la actividad económica privada, desarrollasen políticas públicas dirigidas a afianzar las ventajas comparativas y competitivas de sus respectivos países, a través de la creación de un marco institucional y jurídico que garantice seguridad y reglas estables requeridas por los inversionistas, en especial los pequeños y medianos.

Solamente así se podría desarrollar una economía de mercado altamente competitiva, en América latina, generadora de oportunidades, riquezas, bienestar e inclusión social para los más desfavorecidos socialmente; que no sólo ofreciese mejores bienes de consumo en términos de precio y calidad, sino que generase altos estándares educativos, e instituciones públicas eficientes y funcionales al servicio de sus respectivos pueblos.