La agenda oculta de la sanidad estatizada

Diario de América

El rompecabezas es: ¿Por qué el presidente, quien dice que si Estados Unidos “partiera de cero” él sería partidario del “sistema sanitario de fondo común” — público — insiste en que la reforma sanitaria incluya un plan público de protección sanitaria que compita con las aseguradoras privadas? La respuesta más simple es que tal plan va a conducir al sistema de fondo común.

Los conservadores dicen que un programa público tendrá la consecuencia esperada de expulsar a las aseguradoras del mercado, animando a los empresarios a dejar de pagar el seguro y tentando a la plantilla con prescindir del seguro privado en favor de la opción pública más barata.

El Lewin Group estima que el 70% de los 172 millones de asegurados por la vía privada podrían verse arrastrados, o empujados, al plan público. Una parte sustancial de los menores acogidos al Programa de Protección Sanitaria Infantil Estatal desde que los requisitos de acceso fueran relajados en febrero disponía de un seguro privado.

Las garantías de que el plan del gobierno respetará las normas que cumplen las aseguradoras privadas son inverosímiles. El gobierno es incapaz de comportarse como las aseguradoras privadas que operan según las normas del mercado. La competencia de la opción pública es por obligación injusta porque el gobierno no necesita tener beneficios y tiene enormes poderes de negociación y tasación. Además, a menos que la idea de un plan público sea ser más barato, carece de cualquier sentido: Si la opción pública se ajusta a los imperativos que imponen las regulaciones y la competencia a las aseguradoras privadas, no hay motivo para su existencia.

El presidente niega de manera peculiar estar haciendo lo que está haciendo — situar a la nación rumbo al resultado que él considera el deseable — igual que niega albergar cualquier intención de dirigir General Motors. Sin embargo, el denominador común de sus políticas nacionales — su conexión — es que impulsan la agenda de dependencia de los Demócratas. El partido del gobierno pretende volver más iguales a los americanos haciéndoles igualmente dependientes del gobierno para cada vez más cosas.

Los argumentos en favor de la opción pública son demasiado endebles para resultar ingenuos. El presidente afirma que la competencia planteada con un plan gubernamental es necesaria para obligar a ser "honestas" a las aseguradoras. Supuestamente, ser "honesto" significa no ponerse de acuerdo a la hora de fijar los precios, y evidentemente él piensa que, en ausencia de la competencia del gobierno, no habrá un mercado competitivo de seguros. Esto pasa por alto voluntariamente dos datos:

Hay 1.300 compañías de seguros de salud en competencia. Y Morton Kondracke, de Roll Call, observa que la prestación de las recetas de Medicare aprobada en el año 2003, que confía en la competencia entre aseguradoras privadas, disfruta del 87% de aprobación a su funcionamiento porque la competencia no ha encarecido las pólizas tanto como se proyectaba. El coste estimado del programa entre 2007 a 2016 se ha reducido un 43%.

Algunos defensores de una opción pública afirman que la cobertura sanitaria es tan compleja que el consumidor se perderá entre las opciones. Pero el consumidor de muchos productos complejos, desde el seguro del automóvil a los ordenadores, ha navegado a través de la competencia entre proveedores, que han incrementado paulatinamente la calidad al tiempo que han ido rebajando el precio.

Aunque el 70% de los estadounidenses sin seguro consideran su arreglo sanitario bueno o excelente, la reforma radical de la sanidad es supuestamente necesaria porque hay 45,7 millones de personas sin asegurar. Esa cifra es, sin embargo, una "muestra" de una nación en la que más de 20 millones de estadounidenses en edad laboral cambia de empleo cada año. Muchos de ellos atraviesan breves períodos sin asegurar entre puestos de trabajo. Si todos los que no tienen seguro se reunieran para hacerse la foto de familia, y seis meses más tarde los que entonces no tuvieran seguro se reunieran para hacerse otra foto, alrededor de la mitad de la gente de las fotos sería diferente.

Casi el 39% de los que no tienen seguro residen en cinco estados — Florida, Texas, Nuevo México, Arizona y California, todos los cuales son coladeros de inmigrantes. Alrededor del 21% — 9,7 millones — de los que no tienen seguro, no tienen la ciudadanía. Hasta 14 millones tienen derecho a los programas públicos existentes — el seguro de los pobres, el de los ancianos, el Programa de Protección Sanitaria Infantil, las prestaciones de los veteranos, etc. — pero no se han dado de alta. Y 9,1 millones ingresan rentas domésticas de 75.000 dólares por lo menos y podría pagarse un seguro. Esos dos últimos colectivos suponen más de la mitad de los 45,7 millones.

Asegurar a los quizá 20 millones de personas sin asegurar de manera prolongada porque no se pueden permitir un seguro es conceptualmente simple: hay que darles el dinero — deducciones fiscales (reembolsables) o tarjetas de débito (que han reemplazado a las cartillas de comida) recargadas con un importe concreto. Esto daría lugar a gente más facultada que dependiente. Desafortunadamente, los defensores de una opción pública consideran eso un defecto. Lo cual es el motivo de que la simple idea de la agenda de dependencia recorra las complejidades de este debate igual que una espada.

© 2009, Washington Post Writers Group