Golpe de Estado en Honduras: reeleccion e irresponsabilidad política

 

Paradojas de la historia de la democracia latinoamericana: un ex golpista, y no precisamente arrepentido de sus viejas hazañas, se convierte en el principal defensor de la legalidad y las leyes. Antaño a los golpistas se los llamaba "gorilas", sólo un pequeño detalle para tener presente en cualquier momento de la historia, una historia que últimamente muchos se empeñan en reescribir.

Tanto la OEA como la UE (Unión Europea) se han manifestado a favor de la vigencia de la Constitución y de la democracia. También se ha pedido la restitución del orden constitucional. Ahí radica el problema de fondo, cuando unos y otros han quebrado dicho orden. El presidente desoyó una y otra vez tanto al Poder Judicial como al Parlamento, ambos expresiones, según su interpretación del "estado burgués". Así llegó al extremo de negar la legitimidad, constitucional, de un Parlamento dominado por sus detractores (incluidos los de su propio partido) para destituirlo.

Obcecado como estaba, no reparó en los límites ni en las consecuencias de su acción. Creyó que el apoyo bolivariano le bastaba para oponerse a enemigos poderosos que controlan importantes resortes del poder en su país. Según la prensa hondureña, las fuerzas armadas actuaron en cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba la detención del presidente por insistir en la convocatoria de una consulta, según la interpretación de los jueces, anticonstitucional. El tiempo y los documentos podrán arrojar algo de luz sobre estos sucesos, de momento bastante confusos.

Más allá de los tecnicismos acerca de la identidad de los principales violadores de la Constitución, que ambos bandos se arrojan como armas arrojadizas, lo cierto es que a esta situación se llegó por la insistencia de Zelaya de lograr a toda costa sus objetivos reeleccionistas. Y esta es la cuestión de fondo. Las leyes están para ser cumplidas. Como decía Jean Jacques Rousseau: "Cuando la ley está sometida a los hombres, no quedan más que esclavos y amos; es la certidumbre de la que estoy más seguro; la libertad siempre sigue la misma suerte que las leyes, reina y perece con ellas".

Habrá que seguir de cerca el desenlace del proceso. ¿Se consolidará el golpe u ocurrirá algo similar a lo de Venezuela en 2002? ¿En caso de prosperar, qué hará Zelaya? ¿Se quedará en Costa Rica o buscará amparo cerca de sus nuevos amigos, los comandantes Castro y Chávez? ¿Qué hará el Parlamento? ¿Convalidará el golpe, lo más probable, incapacitando al presidente para seguir en su puesto? ¿Cuándo convocará elecciones la Corte Suprema Electoral, en noviembre, cuando tocaba, o las adelantará algunos meses?

Más allá de estas dudas, quedan algunas certidumbres. La primera que el ALBA, ahora Alianza para los Pueblos de nuestra América, verá reducido el número de sus miembros de nueve a ocho. Es la primera vez que Chávez ve como el número de países aliados decrece en vez de crecer, algo a lo que estaba acostumbrado después de la victoria electoral de Evo Morales. Habrá que ver que pasa con las elecciones legislativas en Argentina y la suerte del matrimonio allí gobernante. Ya no es sólo el precio del petróleo lo que juega en su contra.

La segunda tiene que ver con la reelección. Cuando se habla de orden constitucional y de legalidad democrática habría que recordar a los múltiples aprendices de brujo que pululan en América Latina que las normas no se pueden cambiar a cualquier precio, aunque se cuente con el necesario respaldo popular. O esto se entiende claramente en toda la región, comenzando por la OEA, o el futuro democrático latinoamericano será bastante sombrío.