Honduras: poder militar y democracia, asignatura pendiente en América Latina

Infolatam

Madrid – Son muchos los interrogantes que se ciernen en torno a la actual situación hondureña, que además de incierta es sumamente compleja. Para muchos observadores el golpe de Estado perpetrado por los militares le otorga aún mayor gravedad a esta grave crisis institucional, llegando a despertar ciertos fantasmas del pasado, cuando estas actuaciones militares eran más la norma que la excepción en América Latina. Algunos incluso temen que éste sea un ejemplo que cunda en el resto de la región. Un temor que sin embargo es infundado ya que la ciudadanía latinoamericana ha optado desde hace años por los regímenes democráticos.

Si bien al mismo tiempo ha de apuntarse que esta adhesión a la democracia no parece suficiente para superar una cultura política donde para la mayoría de los actores bien sean civiles o militares el imperio de la ley no se concibe como un factor imprescindible para la fortaleza democrática.

Este golpe de Estado es un caso aislado pero en buena parte es consecuencia de un elemento menos visible que afecta a toda la región.  Aunque en diferente medida, según los países, los militares han conservado, aún después de las transiciones democráticas, importantes espacios de autonomía y la conciencia de ser quienes deben y pueden arbitrar y tutelar el régimen político en situaciones de crisis. Pero quizás sea aún más grave que muchos civiles comparten la misma idea. En realidad éste ha sido el resultado de la manera en que se operó la transición en América Latina donde con respecto a las fuerzas armadas, su vuelta a los cuarteles se logró en muchos países a cambio de la concesión de determinados privilegios y espacios propios de gestión. El resultado ha sido limitado pues si bien con ello se logró que desapareciera la amenaza de golpe de Estado, por el mismo motivo no se ha logrado el pleno control político de las FFAA ni la dirección civil de la Defensa que debe existir en toda democracia.

Sin embargo mas allá de las pretensiones militares, las responsabilidades han de ser atribuidas fundamentalmente a los gobiernos democráticos. El mayor o menor poder, mas o menos formal e informal acumulado por las fuerzas armadas ha sido concedido por los civiles bien por incapacidad de control, por convicción o por pasividad. En cualquiera de los casos, Honduras no es el único país latinoamericano donde los poderes del Estado no ejercen sobre los militares el necesario y debido control y donde además de la protección de las fronteras frente a un enemigo externo, como misión también se contemplen en su Constitución: participar en el mantenimiento del orden público; garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

No cabe duda alguna que las responsabilidades son múltiples. Por supuesto del mismo Zelaya cuyo afán de seguir en el poder ha originado esta crisis; pero el resto de las instituciones del Estado, también. Ante la ilegalidad de las acciones presidenciales el Congreso era quien debía haber destituido a Manuel Zelaya y no las Fuerzas Armadas. Y en cuanto a éstas en absoluto cabe eximirlas de haber ejecutado dicho golpe y de la gravedad que encierra. Pero no debe olvidarse que el mismo marco jurídico permite varias lecturas hasta la de convertirlas en el garante de la legalidad democrática, según quien sea el lector  su interés.

Lo deseable, de acuerdo a la legalidad, es que retorne al poder el presidente constitucional. Y pese a que existen numerosos interrogantes en torno al futuro de Manuel Zelaya, el generalizado rechazo internacional al golpe de Estado induce a pensar que la situación actual no puede sostenerse por mucho tiempo. Pero también sería deseable que para evitar una nueva intervención militar se resolviera una de las asignaturas pendientes de la democracia latinoamericana el pleno control civil de las fuerzas armadas y de la Defensa.