Justicia racista, hoy en día

Diario de América

Aunque los bomberos de New Haven ganaron merecidamente el caso ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es profundamente deprimente que ganaran por mayoría simple — 5 a 4. El escandaloso comportamiento del consistorio de esa ciudad, en un contexto de agitación racial, no pareció legalmente cuestionable ni a uno solo de los cuatro progresistas del tribunal, cuya uniformidad parecía plasmar un razonamiento dirigido a obtener un resultado concreto en lugar de una resolución orientada por el Derecho. 

Los hechos incuestionables son que en el año 2003, el consistorio de la ciudad convocó unas oposiciones a las que se presentaron 118 bomberos, 27 de ellos negros. Las oposiciones fueron preparadas por una empresa especializada en la formulación de pruebas y fueron validadas, como exige la ley federal, por expertos independientes. Cuando ninguno de los afroamericanos obtuvo la nota suficiente para merecer alguno de los ascensos disponibles, un concejal negro emparentado con el alcalde de siete mandatos advirtió de crudas "implicaciones políticas" si el consistorio ascendía a la lista de personas (incluyendo a un hispano) que las oposiciones identificaban como aptas para el ascenso. El ayuntamiento decidía que no se ascendía a ninguno, considerando éste un resultado racialmente indiferente porque ninguna minoría resultaba más perjudicada que las demás.

La idea de trato justo que tiene el consistorio — negar el ascenso por igual a aquellos con derecho a él y a aquellos sin él — fue particularmente irritante para Frank Ricci, que se había preparado las oposiciones abandonando un segundo empleo, gastando más de 1.000 dólares en la bibliografía recomendada por el convocante de las oposiciones, pagando para que fuera grabada en cinta — es disléxico — y realizando exámenes de práctica y entrevistas. Sus esfuerzos le valieron la sexta nota más alta.

Los demás cuyas notas de oposición les daban derecho a los ascensos denegados y él fueron a juicio, denunciando la violación del aval de la Constitución a la igualdad ante la ley y la Ley de Derechos Civiles de 1964. El consistorio argumentó que si hubiera realizado los ascensos basándose en los resultados de las oposiciones, habría quedado expuesto a demanda bajo la ley de 1964 por adoptar una práctica que tenía un "impacto discriminatorio" sobre las minorías. El lunes, los conservadores del tribunal (Anthony Kennedy pronunciando sentencia por la mayoría, secundado por John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito) dictaminaron que:

Los derechos de Ricci y el resto de los demandantes habían sido violados bajo la ley de 1964. Los temores del consistorio de la ciudad a un litigio por impacto discriminatorio no eran infundados, pero eso no justificaba la respuesta racial a los resultados de las oposiciones porque el consistorio de New Haven no tenía "una base sustentada en las pruebas" para creer que sería declarado responsable. Para que hubiera tal base bastaría con que las oposiciones "no estuvieran relacionadas y fueran consistentes con las necesidades del oficio, o si existiera una alternativa igualmente válida y menos discriminatoria" que hubiera cubierto las necesidades del consistorio pero que éste se negara a adoptar.

"Todas las pruebas presentadas demuestran que el consistorio impugnó los resultados de las oposiciones porque los candidatos con notas más altas eran blancos". Las críticas del consistorio a las oposiciones "son abiertamente contradecidas por los precedentes". Y "el consistorio hizo oídos sordos a las pruebas que avalan la validez de las oposiciones" (énfasis añadido).

Ruth Bader Ginsburg, acompañada en un veredicto diferente por los magistrados John Paul Stevens, David Souter y Stephen Breyer, rechazaba de plano las conclusiones de la mayoría. Ella citaba un informe federal de principios de la década de los 70 acerca de la discriminación en la contratación de bomberos, cuestionaba hasta "la necesidad laboral" del cociente de puntuación 60/40 escrito/oral de las oposiciones y defendía la integridad de la resolución del consistorio de New Haven — rechazando la conformidad de Alito, que meditaba acerca de la rancia política racial del reverendo Boise Kimber. Alito concluía que "ningún jurado razonable" podría concluir que el consistorio tenía "motivos sólidos en las pruebas para juzgar inadecuados los exámenes".

Scalia, resolviendo por separado, decía que el veredicto del lunes "simplemente pospone el perverso día" en el que el tribunal tenga que decidir "si se da o no el caso, y en qué medida", de que las leyes de impacto discriminatorio violan la garantía de igualdad ante la ley de la Decimocuarta Enmienda. Reconociendo que "la cuestión es delicada", Scalia resolvía: El gobierno federal tiene prohibido discriminar por motivos raciales, de manera que ciertamente "tiene también prohibido el decreto de leyes que obliguen a terceros" — a un consistorio municipal, por ejemplo — "a discriminar por motivos raciales". Scalia añadía:

"¿No sería culpable de discriminación delictiva un patrono si se abstuviera de establecer un margen racial de contratación pero intencionadamente diseñara sus propias prácticas de contratación para alcanzar el mismo fin? Ciertamente lo sería. La discriminación intencional sigue teniendo lugar, solo que un escalafón de la escalera por encima".

La nación seguirá luchando penosamente, litigando a través de una bruma de eufemismos y categorías confusas (por ejemplo, acciones "racialmente sensibles" que de alguna manera no son racialmente discriminatorias porque "remedian" la discriminación que nadie ha buscado). Este es el predecible precio de no insistir simplemente en que el gobierno no puede tomar buena nota de la raza.

© 2009, Washington Post Writers Group