Un sistema de donación de órganos letal

Si Jobs hubiera viajado hasta Tennessee para pedir opinión a un especialista médico reconocido y muy solicitado, o si hubiera adquirido un equipo médico de tecnología punta, o si se hubiera sometido a una infrecuente y difícil operación cerebral — o si hubiera adquirido una mansión en Smoky Mountains, a esos efectos — nadie se estaría quejando de vacíos legales y preguntando si no se habrán manipulado las normas. En lo que respecta a los servicios prestados por profesionales de la medicina o a la tecnología médica o a los procedimientos quirúrgicos — o a las operaciones inmobiliarias — la gente entiende que los que manejan la oferta en general cobran lo que dicta el mercado.

El mismo sistema económico que en general facilita la disponibilidad de una atención sanitaria de buena calidad para todos eleva el precio de determinados productos y servicios lo suficiente para que sólo los ricos puedan permitírselos. No es una novedad que los mejores cirujanos del mundo cobran una minuta elevada, o que las medicinas "milagro" más recientemente descubiertas tienden a ser caras, o que los multimillonarios se pueden permitir cosas que los simples mortales no pueden permitirse.

Pero en lo que respecta a la donación de órganos humanos, cantidades ingentes de personas están seguras de que debe impedirse operar al mercado.

Bajo la ley actual, se puede trasplantar un órgano para salvar la vida de un paciente siempre que sea donado de manera gratuita. La ley federal hace "ilegal que cualquier persona compre, reciba o por lo demás done cualquier órgano humano con conocimiento de causa bajo ánimo de lucro para su uso en trasplantes humanos". El cirujano que practicó el trasplante de hígado de Jobs, el hepatólogo que estableció el diagnóstico, el anestesista que mitigó sus dolores, la enfermera que asistió durante la operación, el centro médico que aportó las instalaciones, la farmacia que suministró su medicación, hasta el chófer que le llevó al hospital — todos ellos fueron remunerados por las prestaciones que practicaron. Tan sólo el donante del órgano (o la familia del donante, si el hígado procedía de un difunto) no pudo percibir nada exceptuando la satisfacción derivada de realizar un acto desinteresado.

Así es, dicen muchos, como deben ser las cosas: Los órganos deben donarse de manera desinteresada exclusivamente. De lo contrario los ricos podrían explotar a los pobres. Otros se oponen frontalmente a cualquier variante de comercio con órganos humanos. Abrir la puerta a los "incentivos financieros", afirmaba el Instituto Médico en 2006, podría "conducir a que la gente considere los órganos bienes de intercambio y reduzca las donaciones fruto del altruismo".

Desafortunadamente, los motivos altruistas no bastan. Yo llevo encima un carnet de donante de órganos y creo que todo el mundo debería llevar uno, pero solo el 38 por ciento de los conductores se ha registrado como donante de órganos. Miles de órganos que se podrían utilizar para salvar vidas y devolver la salud se pierden cada año, enterrados o incinerados junto a cadáveres que no los van a necesitar de nuevo nunca.

A nadie se le pasaría por la cabeza sugerir que la atención médica es demasiado vital o sagrada para ser considerada un bien de consumo, o para ser comprada y vendida igual que cualquier otro servicio. Si la ley prohibiera cualquier "consideración con ánimo de lucro" de curar al enfermo, y sólo autorizara a los médicos a ejercer la medicina de manera gratuita, el resultado sería que habría menos médicos y muchos más enfermos y muertos.

El producto de nuestro sistema de donación de órganos desencaminado al altruismo en exclusiva es en gran medida lo mismo: muy pocos órganos y demasiados muertos. Más de 100.000 estadounidenses se encuentran en la actualidad en la lista de espera nacional para trasplantes de órganos. El año pasado, se practicaron 28.000 trasplantes, pero se añadieron a la espera 49.000 pacientes nuevos. Conforme se alarga la lista, la espera se vuelve más mortal, y la carencia de órganos disponibles se agrava. El pasado año, 6.600 personas fallecieron mientras esperaban un riñón o un hígado o un corazón que pudiera haberles mantenido con vida. Otras 18 personas morirán hoy. Y otras 18 fallecerán mañana. Y otras 18 cada día, hasta que el Congreso corrija la ley que permite que se desperdicien tantos órganos valiosos, y que se pierdan de manera innecesaria tantas vidas.