Guatemala: Terrorismo fiscal

Prensa Libre

El vicepresidente de la República, en compañía del ministro de Finanzas y el superintendente de Administración Tributaria, cumplió la promesa hecha hace varias semanas: publicaron su “lista de evasores fiscales”. Un acto de propaganda oficial para engañar a la opinión pública y una vergonzosa campaña de terrorismo fiscal.

Los tiempos están difíciles para todo mundo. La recaudación fiscal está caída porque la actividad económica ha decaído. Sin embargo, ello no le da derecho al Gobierno de cometer abusos en contra de sus ciudadanos. Cualquier tributario guatemalteco es candidato a ingresar en esa “lista de evasores”. Dice la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que tiene a más de 12 mil. El proceso es fácil. Le hacen una revisión fiscal y, como la SAT anda viendo quién se las paga, no quién se las debe, le harán un reparo por cualquier razón y por el monto más alto posible. La SAT es fiscal, juez, jurado y verdugo en un proceso que carece del más mínimo sentido común como para discriminar los reparos legítimos de los que no lo son. Como la SAT nunca admite que se puede equivocar, lleva todos y cada uno de los casos “hasta las últimas consecuencias”. En ese absurdo proceso, muchos casos se pierden, desperdiciando valiosos recursos públicos y privados en el camino.

La infame lista debe incluir desde empresas que posiblemente están constituidas para evadir el pago de impuestos hasta empresas y personas que no están de acuerdo con los antojadizos reparos fiscales y los están peleando. En todo caso, el Gobierno comete una gran injusticia y un delito al calificarlos y permitir que otros califiquen a todos en forma ligera, abusiva e ilegal como “evasores”. El artículo 101B del Código Tributario simplemente ordena la publicación de la lista de casos; nunca que el Gobierno los califique. Además, es ridículo que presenten como “de alto impacto” reparos de menos de 30 mil quetzales…

Es triste comprobar la calidad profesional y moral de los funcionarios públicos que nos gobiernan. ¿Qué pretenden con ese show? ¿Creen que los verdaderos evasores se sentirán avergonzados y pagarán los impuestos que les corresponden? ¿Quieren ejercer una ilegal presión sobre los tribunales que administran esos casos? La única explicación posible es que el Gobierno quiere usarla como un mecanismo de terrorismo fiscal al difamar a todos como “evasores”.

Lo irónico es que ese show se monta en momentos en que la Contraloría General de Cuentas ha multado a la misma SAT, por supuestos incumplimientos en liquidaciones de gastos ¡por más de 66 millones de quetzales! Si el Gobierno andaba buscando darle publicidad a casos de alto impacto, allí tienen uno justo debajo de sus narices. Mientras se dan cuenta de ello, deben detener su ilegal y abusiva campaña de terrorismo fiscal.