Terrorismo de Estado
El peligro hoy en América Latina no son principalmente los golpes militares sino la acumulación de poder a través de las urnas y las leyes existentes o creadas para acomodar al caudillo.
El caso más claro de esto –y uno que hay que seguir desde cerca porque hacia allá parece que vamos– es el venezolano. Hugo Chávez, quien además de ser Presidente controla la Asamblea Nacional (AN) y prácticamente todo organismo de control del Estado venezolano, consiguió que la AN apruebe una ley de procesos electorales que a todas luces viola la Constitución de la nación y semanas después pretende aprobar una ley para penalizar los “delitos mediáticos”.
La ley de procesos electorales según la organización independiente de estudios electorales, Súmate, viola el principio de representación proporcional y le da un cheque en blanco al Consejo Nacional Electoral –desde hace mucho controlado por Chávez también– para manipular los procesos electorales. Por ejemplo, no se especifica en la ley cómo deberá llevarse a cabo la inscripción y actualización del registro electoral, ni tampoco cuál será el reglamento para recolectar firmas ni cuáles son los requisitos para postularse como candidato.
La Ley Especial contra Delitos Mediáticos es verdaderamente especial. Establece penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años. Son considerados delitos mediáticos “las acciones u omisiones… que atenten contra la paz social,… el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública”, etcétera. En el artículo 5 se prohíbe la “divulgación de noticias falsas”, por supuesto que la veracidad o falsedad la determinarán autoridades, nuevamente, controladas por Chávez. En el artículo 7 de la ley se elimina el derecho a publicar bajo identidad anónima y el derecho de los directores, gerentes y/o editores a no revelar la fuente de su información. Hay algo muy curioso denominado como “coacción mediática” en el artículo 8 de la ley: si usted se sintió amenazado, atemorizado o de alguna manera coaccionado por un medio y las autoridades (controladas por Chávez) le dan la razón, los propietarios, directivos o responsable de ese medio irán a la cárcel entre 1 y 3 años.
La semana pasada estaba planeada la presencia de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión en una conferencia para tratar el tema de la amenaza a la libertad de expresión y otras libertades básicas en Venezuela en el Cato Institute en Washington, DC. El gobierno venezolano le prohibió al señor Zuloaga salir del país. El lunes por la tarde un grupo de aproximadamente 30 personas con boinas rojas irrumpieron en las instalaciones de Globovisión liderados por Lina Ron, una chavista del ala radical. Una vez dentro del canal, atacaron al personal con bombas de gas lacrimógeno.
Por otro lado, Manuela Bolívar, hija del otrora diputado chavista, Didalco Bolívar, tiene casi un mes sin poder tener contacto alguno con su papá por miedo a que lo ubiquen las autoridades (controladas por Chávez). Bolívar y su familia son solo algunas de las víctimas del terrorismo de Estado en la Venezuela de Chávez.
Mientras tanto nuestro Presidente se pasea alrededor del hemisferio de la mano de Chávez.
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