Cumbre por la libertad de expresión

El Mercurio

Un destacado colega periodista venezolano me envió a comienzos de semana un correo electrónico en el cual exponía su dramática situación personal y familiar. Los propietarios de la radio en la que trabajaba, atemorizados por las amenazas del gobierno bolivariano, le habían comunicado el término del programa que condujo por más de 15 años. Su otra fuente laboral, un breve espacio en Globovisión, pende del mismo delgado hilo de la cadena de TV de Guillermo Zuloaga, mientras crece su sensación de inseguridad por los constantes ataques de partidarios chavistas.

En definitiva, solicitaba colaboración para encontrar trabajo fuera de Venezuela. Asilo laboral, si lo pudiéramos llamar de alguna forma. Nunca fue un actor político, pero asumió la defensa de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados hasta el punto de convertirse en un estorbo para los objetivos de un cada vez más todopoderoso Chávez.

Consecuencias de transformar los medios en trincheras políticas, dirán algunos. Pero ni siquiera los canales, radios o diarios que han optado por la neutralidad consiguen sostenerse en Venezuela. Recuerdo una reciente conversación en Caracas con un alto ejecutivo de Televen, red de TV controlada por el Grupo Cisneros, y que los opositores a Chávez critican por su "autocensura". Las casi mil 900 cadenas obligatorias con Chávez transmitiendo su "Aló Presidente" han debilitado las finanzas del canal y afectado su relación con los avisadores. No pueden garantizarles la emisión de sus comerciales ni menos un rating atractivo, considerando la baja audiencia de estas prolongadas cadenas.

No, en Venezuela ya no basta con ser neutral. Para conseguir entrevistas con las autoridades, ser admitidos en las conferencias oficiales de prensa y -la gran herramienta de control- recibir publicidad con fondos fiscales se requiere mucho más que eso.

Incluso, si el debilitamiento financiero no resulta suficiente, el gobierno central tiene otros mecanismos a los cuales recurrir. Ya conocemos sus arbitrariedades en materia de entrega, renovación y término de concesiones. La ofensiva chavista para "democratizar el espacio radioeléctrico" mantiene en vilo a 240 emisoras de todo el país, y al menos siete ya debieron cesar sus transmisiones la semana pasada. Ahora suma un proyecto de ley contra "delitos mediáticos" que busca "lograr el equilibrio y la armonía" entre la libertad de expresión y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos. En resumen, sanciona con pena de prisión de dos a cuatro años a quien difunda informaciones que "lesionen la paz social" o se niegue a publicar una información que la autoridad considere necesaria.

Quizás con menos publicidad, otros países latinoamericanos muestran también situaciones preocupantes. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumirá mañana un nuevo mandato en el que promete "mano dura" contra los medios de comunicación, a los que acusa de desestabilizar a su gobierno. En Bolivia, el Presidente Evo Morales ha planteado repetidamente su visión crítica sobre el papel de la prensa y ha propuesto como solución un Estado "con muchos medios de comunicación propios". En Argentina, diarios, radios y TV sufren las consecuencias de un control politizado y arbitrario de la inversión fiscal en publicidad.

Aun así, estos mandatarios quieren más. El propio Correa dijo hace unos meses que, una vez que asumiera la presidencia de Unasur (hecho que ocurrirá mañana), iba a plantear formalmente la creación de una instancia que "defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa".

Pero los organismos internacionales no están para eso. Por el contrario, lo que la ciudadanía espera es que sirvan como espacio de encuentro para compartir las mejores prácticas, y, en esta materia, Chile tiene mucho que aportar. Con una eficiente Ley de Prensa, surgida tras la recuperación de la democracia; la plena libertad para la creación de medios de comunicación y una reciente normativa de transparencia y acceso a la información pública, nuestro país cuenta con respaldo suficiente como para evitar que este foro termine por mermar la libertad de expresión de los ciudadanos.

Hace 200 años, Latinoamérica fue testigo de la unidad y el esfuerzo conjunto de sus habitantes por alcanzar la independencia. Ojalá que en los próximos años no lamentemos el haber sido mudos testigos del proceso de deterioro de una libertad tan fundamental como es el derecho a la información.