Proreforma, libertad y democracia (I)

Siglo XXI

Pienso que casi cualquier iniciativa de reforma constitucional debería interesarle a todos los ciudadanos. Si no por otra razón, al menos por el hecho de que la modificación propuesta podría incidir de alguna manera en su vida.

Por supuesto que hay muchas otras razones por las cuales un ciudadano puede interesarse en una iniciativa de ese tipo y, por otro lado, hay algunos grupos de personas que, debido a su actividad profesional, a su oficio o sus intereses políticos, no pueden pasar por desapercibido un tema como éste. Me refiero, por ejemplo, a los profesores de ciencias políticas o de Derecho Constitucional; a los periodistas o a quienes propugnan por determinadas posturas ideológicas, ya sea desde un partido político o desde una ONG, por ejemplo.

Generalmente, quienes tenemos más interés en estos asuntos, por cualquiera de las razones mencionadas arriba, intentamos persuadir a quienes tienen menos interés en ello sobre la validez de una determinada visión del asunto, ofreciendo para eso nuestras opiniones. Este ejercicio puede ser de utilidad para la ciudadanía en general, tanto porque muchas veces hay aspectos técnicos que no son de fácil comprensión para quien sea lego en la materia, como también porque casi siempre detrás de dichos aspectos hay un fondo de índole ideológica o de naturaleza axiológica. En otras palabras, una propuesta de reforma constitucional siempre se explica por alguna determinada idea –o ideal—sobre cómo debe ser o de cómo conviene que se organice al Estado y sus poderes.

En esta nota y las dos siguientes pretendo ofrecer mis opiniones sobre cómo se relaciona la propuesta de reforma constitucional de ProReforma con los ideales de libertad y de democracia.

Para eso me parece de provecho empezar por una pregunta básica: ¿para qué reformar la Constitución; acaso no protege la libertad y establece la democracia? Francamente, opino que nadie podría afirmar, con alguna razonabilidad, que nuestra Constitución Política no protege para nada la libertad de la persona, o que de sus reglas fluye un régimen contrario a la democracia. Tampoco me parece posible afirmar, sin incurrir en exageraciones sin fundamento, que la Constitución hoy vigente no haya conllevado ciertos avances respecto de constituciones anteriores. Además, dudo que alguna de ellas (las anteriores) haya tenido tanta incidencia en cuanto a los conflictos sociales y políticos del país. En ocasiones para bien, en otras quizás no tanto.

Y, sin embargo, basta con abrir las páginas de los diarios desde la época de su promulgación hasta el día de hoy, para constatar que, con algunos altibajos, hay ciertas circunstancias de la vida política e institucional de la Nación que han cambiado poco o nada. Empero, a lo largo de esas casi dos décadas y media, son muy diversos los grupos políticos y los equipos que han llegado al poder o a las administraciones públicas, respectivamente. Afirmar, por lo tanto, que “son los hombres y las mujeres que han aplicado la Constitución, pero no ésta, los que han fallado”, parece muy difícil de sostener. ¿De dónde vamos a sacar a esos “otros” políticos o a esos “otros” administradores públicos que no le fallarán a la Constitución? Por supuesto que ha habido diferencias importantes entre un equipo y otro y sería una injusticia “meter a todos en el mismo saco”, pero la realidad demuestra que las probabilidades de que haya ciertas fallas estructurales en el diseño constitucional, son muy altas.