Colombia: Un calvario sin fin

El Tiempo, Bogotá

Digamos de entrada una dura verdad: la política de seguridad democrática no llegará a cumplir sus propósitos si nuestra justicia deja de ser confiable. Fiscales que reclutan falsos testigos o jueces sesgados que han sustituido el principio universal de la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad están auspiciando monumentales arbitrariedades.

Vuelvo a una de tantas, la que mantiene en un calvario sin fin al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Como lo expuse alguna vez, los dos primeros testigos que surgieron contra él, más de veinte años después de los sucesos del Palacio de Justicia, resultaron chimbos. Ninguna prueba pudo aportar el primero, un individuo con antecedentes penales que se fue del país horas después de dejar, en compañía del inquietante padre Javier Giraldo, su declaración contra Plazas en una notaría. Tampoco el segundo, un cabo que ocultó su nombre verdadero y que nunca pudo explicar de manera convincente cómo, hallándose de servicio en la base militar de Villavicencio, había sido testigo de los acontecimientos del Palacio de Justicia.

Anulados los anteriores, ahora los enemigos de Plazas (ya diremos quiénes son) han encontrado un nuevo testigo. Se llama Tirso Sáenz y paga en la cárcel de Cómbita penas que suman 102 años por delitos de falsedad, homicidio agravado, hurto, lesiones, concierto para delinquir, etc. Una joyita. Tranquilamente ha declarado que, visitado en su celda por agentes del DAS, estos le habrían prometido quedar libre si daba un testimonio acusatorio contra el coronel Plazas. Y, claro, ni corto ni perezoso aceptó la propuesta de estos extraños mensajeros. Al fin y al cabo, experto en falsedades, Tirso Sáenz se presentó como conductor de un tanque Cascabel el día de los hechos del Palacio de Justicia. En realidad, no tenía capacitación para manejar tanques y además en la fecha se encontraba preso por hurto. ¿Quién podía soltarle un tanque en esas condiciones? Para reforzar su testimonio, Sáenz mencionó que un tal Pinto lo habría enterado de cómo eran llevados civiles a la Escuela de Caballería, interrogados y desaparecidos. Problema: el tal Pinto no aparece por ningún lado.

El reclutamiento de esta clase de testigos corre por cuenta de dos enemigos poderosos de Plazas. El primero, la mafia del narcotráfico, quiere vengarse del hombre que al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes le arrebató bienes por valor de dos billones de pesos. El segundo es el colectivo de abogados Alvear Restrepo, en busca de millonarias indemnizaciones del Estado si logra demostrar que los desaparecidos del Palacio de Justicia fueron civiles asesinados por el Ejército.

Un juez capaz de evaluar con rigor testimonios dados por delincuentes, los habría desechado. Pero María Estela Jara, la juez que debe juzgar a Plazas Vega, está lejos de mostrar tal ponderación. Son muchas las arbitrariedades de su parte que señala el abogado del coronel Plazas. Y ante las tentativas adelantadas por este para recusarla, su reacción ha sido de abierta ferocidad: impidió al coronel que visitara a su padre en su lecho de muerte, y ahora lo envía a la Picota, desconociendo un artículo de ley que prevé centros especiales de reclusión para los miembros de la Fuerza Pública. En la Picota, donde la mafia tiene todas sus fichas, el peligro que corre Plazas es real.

No es este un caso único de ligereza o parcialidad. Hay muchos más. El del almirante Arango Bacci, por ejemplo. En manos de jueces o fiscales parciales, la justicia en Colombia se ha convertido en instrumento manipulable. ¿Cuál de los candidatos a la Presidencia se atreverá a pasar la escoba de una reforma de fondo sobre un poder judicial contaminado?