El rol de los inmigrantes en la reforma de la salud

The Wall Street Journal

Vallejo, California  – Una clínica médica en esta ciudad de clase trabajadora al norte de Oakland, financiada en parte por el condado, les ahorra miles de dólares a los hospitales locales en visitas a salas de emergencia al atender a pacientes sin seguro de salud que sufren de enfermedades que no son urgentes.

Un grupo activista ahora les reclama a los funcionarios del condado que recorten el financiamiento para los pacientes de la clínica que no pueden probar que se encuentran en Estados Unidos de forma legal, un debate que, sin dudas, aparecerá en la reforma del sistema nacional de salud.

Vea una galería que muestra la atención a inmigrantes en La Clínica

En momentos en que las propuestas en el Congreso ya generan emociones fuertes, pocos partidarios están ansiosos de agregar el polémico tema de la inmigración ilegal. Una estipulación del proyecto de ley para reformar el sistema de salud de la Cámara de Representantes descarta financiación federal para inmigrantes ilegales. Pero de muchas formas, la inmigración ilegal se encuentra en el nexo de dos temas claves de la salud: las personas que no tienen cobertura médica y los costos cada vez más altos.

Alrededor de la mitad de los 12 millones de inmigrantes ilegales en EE.UU. no tiene cobertura médica, según el Centro Hispano Pew, un grupo de investigación independiente. Como otras personas que no pueden pagar por recibir atención médica, los inmigrantes ilegales suelen llenar las salas de emergencia de los hospitales, los cuales, según una ley de 1986, no pueden rechazar pacientes, incluso si estos no pueden pagar. Las visitas a las salas de emergencia, donde los costos del tratamiento son mucho más altos que en las clínicas, aumentó un 32% en todo el país entre 1996 y 2006, según las cifras disponibles más recientes.

El rol que juegan los inmigrantes ilegales en los costos de la cobertura de salud en EE.UU. es "un tema candente que nadie quiere tocar", afirma Stephen Zuckerman, un economista del Instituto Urban, un centro de estudios independiente de Washington.

La presidenta ejecutiva del Centro Médico Sutter Solano, Terry Glubka, no planeaba ingresar en el debate inmigratorio cuando empezó a hacer lobby por una clínica en 2006. Buscaba balancear el presupuesto de sus hospitales. Entre 2000 y 2006, el condado de Solano registró un alza de 13,1% en las visitas a salas de emergencia, más del doble del promedio estatal. Casi 80% de las visitas no era urgente.

Durante 2006, el hospital tuvo que realizar una rebaja contable de $12 millones en "atención benéfica", o servicios proporcionados a pacientes de bajos recursos que no podían pagar sus cuentas. La entidad de caridad ayudó a crear un déficit de $4 millones en el presupuesto ese año.

"Recibían el cuidado más costoso para problemas que deberían ser tratados en un establecimiento con médicos de cabecera", afirma Glubka.

Comenzó a proponer la idea de crear una clínica para residentes de bajos ingresos. Sutter y otro hospital cercano, el Centro Médico Kaiser Permanente, destinaron $100,000 cada uno por año durante los tres años siguientes. La junta de supervisores del condado de Solano aprobó en 2008 una contribuición anual de $250,000.

Glubka buscó la ayuda de La Clínica de La Raza Inc., una red de 27 clínicas sin fines de lucro en la zona de San Francisco. La clínica abrió en noviembre último, cerca del hospital Sutter.

El personal de emergencias de Sutter ahora envía 60 pacientes por mes a La Clínica. Como un examen básico cuesta $500 en el hospital —y a menudo los pacientes pobres no lo pueden pagar— eso equivale a $30,000 en costos por visitas a la sala de emergencias que de otra forma figurarían como una rebaja contable por caridad.

La Clínica cobra $85.50 por consulta; los pacientes de bajos ingresos pagan menos. Alrededor de 40% de los pacientes de La Clínica son hispanos, cerca de 25%, afroamericanos y 20% blancos. Además de su historia clínica, a los pacientes nuevos se les pregunta cuánto ganan para determinar lo que deben pagar. Al igual que en las salas de emergencias, no les preguntan por su estatus inmigratorio.

El grupo activista presentó un informe recomendando a la junta de supervisores que La Clínica sólo atienda a residentes legales del condado de Solano. La junta responderá en noviembre. Patrick Duterte, un director de salud del condado, dice que prefiere que la clínica se mantenga abierta. "No podemos tener una comunidad saludable si todo un grupo de personas no tiene acceso a servicios médicos. Esa no es una buena política de salud", dice.