La doctrina de la huida hacia adelante

Diario de América

Mientras los recuerdos de la Guerra Frías se desvanecen, como fotografías decoloradas por la luz del sol, pocos recuerdan la Doctrina Brezhnev. Fue enunciada por Leonid Brezhnev en Varsovia en noviembre de 1968 como justificación retroactiva de la invasión de Praga protagonizada por los soviéticos el agosto anterior por fuerzas del Pacto de Varsovia para detener la liberalización de Checoslovaquia. Se suponía que la doctrina iba a garantizar que la historia fuera direccional, controlada por un mecanismo que le impediría girar a la izquierda. Ello despejó el camino al derecho soviético a intervenir para proteger el socialismo allí donde fuera impuesto.

Estamos averiguando ya de primera mano si el Presidente Obama y los demás estadistas que han puesto sus esperanzas ideológicas en su administración y en este Congreso disponen o no de una doctrina análoga a la de Brezhnev. Habiendo borrado agresiva, hasta promiscuamente, la frontera entre sectores público y privado mediante improvisadas intervenciones en la economía en gran medida carentes de competencias reales, ¿tolerarán alguna vez una retirada del estado? ¿O tienen aspiraciones de las que no hablan? ¿Esperan que el capitalismo de estado sea irreversible — que allí donde el gobierno ha establecido la supremacía de la política, la supremacía será permanente?

Ellos dicen que no, pero dicen muchas cosas en las que probablemente no creen. (Que un seguro de salud "como opción pública" controlado por el gobierno no asfixiaría o ni siquiera perjudicaría al sector de las aseguradoras privadas; que las regulaciones de intercambio de emisiones contaminantes elevarán los precios de la energía sin perjudicar a la economía; que subir los impuestos a Fulanito para subsidiar la compra de un nuevo coche por parte de Menganito constituye una sólida base de crecimiento económico; que el 85 por ciento de los fondos del estímulo sin gastar han derrotado por completo a la recesión, etc.) Dos propuestas legislativas revelan las verdaderas intenciones de la administración con respecto a la titularidad pública de empresas.

La "Ley de Automóviles en Stock por Cada Contribuyente" redactada por el Senador Lamar Alexander, Republicano de Tennessee, obligaría al Departamento del Tesoro a distribuir entre los contribuyentes individuales — de manera uniforme, entre los aproximadamente 120 millones de contribuyentes a los que salió a devolver en 2008 — todo el estocaje de vehículos de General Motors (61 por ciento) y Chrysler (8 por ciento) que tiene el gobierno. La legislación también habría prohibido dedicar más dinero del TARP (el Programa de Ayuda Activos sin Liquidez) a GM o Chrysler. Y la legislación habría impedido al gobierno influenciar las decisiones corporativas con fines sociales, energéticos, y ambientales.

El mes pasado el Senado rechazaba esta legislación 59 a 38. Sólo un Demócrata votó a favor.

Sigue existiendo, en contraste, la "Ley de Sociedad de Titulares Beneficiarios del TARP", auspiciada por los Senadores Bob Corker, otro Republicano de Tennessee, y Mark Warner, Demócrata de Virginia. Dice que cuando el gobierno es propietario de más del 20 por ciento de una empresa (casos de AIG, Citigroup y GM hoy), ese porcentaje de la cartera estará controlado por una sociedad independiente gestionada por tres administradores no remunerados elegidos por el presidente. La sociedad tendría dos responsabilidades principales.

Una sería garantizar que las empresas no son dirigidas como peones políticos sino como entidades movidas por la búsqueda de beneficios que aspiran a maximizar la rentabilidad de los accionistas. Como observa Alexander, "existen por lo menos 60 comités y subcomités en el Congreso con competencias para celebrar vistas sobre los fabricantes automovilísticos y la mayor parte de ellos lo van a hacer, probablemente muchas veces". Otra responsabilidad sería ir reduciendo paulatinamente el porcentaje de la cartera propiedad del gobierno hasta el 24 de diciembre de 2011, dando así a los amigos de la empresa privada unas felices Navidades. Eso, sin embargo, sería una china en el zapato de mucha gente excitable en el Washington de hoy.

En mayor medida que el New Deal o el Great Society, la agenda de Obama expresa la mentalidad de una clase naciente en la década de los años 30 pero que emergió en las décadas de los 60 y 70. El espíritu de esa clase es descrito en la obra de Saul Bellow de 1975 "El talento de Humboldt". En ella Bellow escribe que la era moderna comenzó cuando una clase concreta de personas decidió, con excitación, que la vida "había perdido la capacidad de organizarse":

"Habría de ser organizada. Los intelectuales asumieron ésta su labor de forma natural… Este arreglo ha sido con diferencia el gran proyecto engañoso, desastroso y tentador. Un hombre como Humboldt, inspirado, sagaz, excéntrico, bullía con el descubrimiento de que la empresa humana, tan amplia e infinitamente variada, habría de ser organizada ahora por personas excepcionales. Él era una persona excepcional, por lo tanto tenía derecho a ser candidato al poder".

En conclusión, personas sagaces y excéntricas como el Representante Barney Frank rebosan de entusiasmo por organizar la vida estadounidense. ¿Qué va a detenerlos? El presidente dice con exactitud que los estadounidenses son "accionistas reacios" de GM, AIG y Citigroup. ¿Pero él?

Si la legislación Corker-Warner es tumbada como el proyecto de ley de Alexander lo fue, siguiendo una línea de disciplina de partido esencialmente, será una prueba redundante de que la reticencia expresa de Obama es ficticia. Si lo es, entonces lo real es lo que ansía la izquierda Demócrata, una Doctrina Obama que diga que la corneta del capitalismo de estado — capital controlado en cada vez mayor medida desde el Capitolio y el Departamento del Tesoro — no va a tocar nunca a retirada.

© 2009, Washington Post Writers Group