Caracas

ABC Digital

Hugo Chávez aparenta estar muy preocupado por todo lo que ocurre en el continente, pero en realidad lo que hace es desviar la atención de la comunidad internacional sobre la grosera manipulación política y transgresión constitucional que ha cometido en el caso del municipio de Caracas, donde instaló una jefa de gobierno de la capital por encima del alcalde, elegido por voto popular.  

Es como si al presidente Fernando Lugo se le ocurriera en estos momentos nombrar un jefe de gobierno de Asunción con atribuciones de ejecutar planes de desarrollo y administrar la hacienda pública del municipio, es decir, con las mismas facultades y funciones de Evanhy, quien al igual que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue elegida por el voto popular en elecciones libres.   

Independientemente de la satisfacción que la hipotética medida pueda producir aquí en algunos luguistas y varios decepcionados con la intendenta de Asunción, el caos institucional que eso significaría es fácilmente entendible para cualquiera, inclusive para quienes no están muy convencidos de la democracia.   

Sin embargo la fórmula es aplicada, sin consecuencia alguna, por el nuevo juez de la democracia latinoamericana, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien se erige en el más implacable crítico de los gobiernos no alineados a la doctrina que trata de implantar en el continente, y con más razón de quienes admiten amistad con “el imperio”.   

Hugo Chávez –siempre es conveniente recordarlo– es líder en Venezuela, pero también lo es de líderes de otros países, incluido el nuestro, aunque el presidente Lugo trata de negarlo de palabra. De lo contrario no se explica cómo nuestro Presidente y su canciller fueron llevados en avión venezolano expresamente enviado para el efecto, a realizar presurosas gestiones para el retorno del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ante un llamado de Chávez, cita a la cual este no asistió por temor a ser disparado.   

El tema es que en la reciente reunión de UNASUR Chávez nuevamente se manifestó acusador por el peligro para el continente que implica el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, pero se cuidó muy bien de ocultar el otro peligro que representa también para la democracia latinoamericana: la violación de la voluntad popular.   

La figura de Jefe de Gobierno de Caracas fue creada por la Ley del Distrito Capital, gracias a las nuevas facultades que Chávez se hizo otorgar. El auténtico intendente o alcalde mayor, elegido por voto popular, el opositor Antonio Ledezma, recurrió a la justicia, pero, como ocurre en los gobiernos con líderes autoritarios, la justicia responde a los resortes políticos movidos por el presidente y no precisamente a la ley y menos a juicios de magistrados judiciales. La semana pasada, la asamblea nacional oficialista ratificó el nombramiento de la nueva jefa de Caracas que –de más está decir– responde solo al presidente Chávez.   

Es el más claro caso de dedocracia donde resultó favorecida una destacada dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, casualmente fundado por Chávez en el 2007. Según la nueva ley, el nuevo cargo “será de libre nombramiento y remoción” por parte del presidente del país, y quien este escoja “administrará la hacienda pública, elaborará y ejecutará planes de desarrollo”.   

Ledezma es tan legítimo como Chávez, pero tiene un pecado imperdonable en los regímenes autoritarios: es opositor, y a pesar de haber sido elegido por unos 800 mil caraqueños, debe compartir el poder con una oficialista, a quien nadie votó. ¿Esta es la democracia del socialismo del siglo XXI o se trata de un simple error que tal vez pueda ser corregido también por la UNASUR en una reunión de urgente convocatoria de los presidentes?