Álvaro Uribe, caso complicado

Prensa Libre

Los analistas políticos latinoamericanos tienen centrada su atención en el caso del presidente colombiano, Álvaro Uribe, uno de los mandatarios de mayor calidad personal y política en buena parte de la historia del continente, y colocado ahora en el centro de la discusión a causa de su idea de hacer cambios constitucionales a fin de permitirle ejercer un tercer período presidencial. Lo especial en este caso es la necesidad de analizarlo desde la perspectiva de la teoría política y del respeto a la alternabilidad en el poder, no desde la óptica de los beneficios obtenidos por un país a consecuencia de una presidencia no solamente exitosa, sino percibida de esa manera por un porcentaje mayoritario de los ciudadanos colombianos.

Uribe ha hecho cambios fundamentales en su país: redujo la guerrilla de las FARC en 63%, de 23 mil a 8,500 miembros; disminuyó los secuestros en 85%, a 437 anuales; redujo la pobreza en 11%; logró inversión extranjera por diez mil millones de dólares, y tiene popularidad del 70%, según datos del conocido comentarista latinoamericano Andrés Oppenheimer. Son fuertes, entonces, las razones para explicar por qué los colombianos de manera mayoritaria apoyan un nuevo cambio constitucional para permitir esa tercera presidencia, como ya se hizo para legalizar la segunda. La idea central es la necesidad de permitirle terminar todos los programas y pasos realizados para obtener esos logros. Pero son demasiado altos los riesgos de actuar así.

Colombia está rodeada de países con gobiernos democráticamente electos, pero luego convertidos en hostiles: Venezuela y Ecuador, con la unidad político-ideológica de Nicaragua y Bolivia. Chávez y Ortega han realizado cambios constitucionales a la medida de sus ambiciones como gobernantes, quienes en sus países cuentan con numerosos seguidores, sin importar si son engañados o convencidos. La crítica a estos regímenes es sólida cuando se basa en el respeto a las leyes, tanto en su forma como en su espíritu, lo cual implica necesariamente abstenerse de realizar alteraciones con dedicatoria. Se deben defender los principios, no solo a quienes los cumplen. La tercera presidencia de Uribe mina los cimientos de esa defensa.

Otra complicación la otorga un análisis pragmático. Si las constituciones son el resultado de la voluntad soberana de un país, ¿es necesariamente incorrecto cambiarlas cuando han cambiado los criterios, o cuando —como en este caso— una presidencia específica ha logrado cambios de indudable beneficio para un país? A mi parecer, pese a esas circunstancias favorables, esos cambios no deben realizarse porque tienen el defecto fundamental de personalizar a una idea política o ideológica. Resulta ser el mismo caso de los partidos políticos construidos alrededor de una persona: cuando esta por cualquier razón desaparece de la escena política, se derrumban. Estas son algunas de las razones de la complejidad del caso del presidente Uribe.

La democracia colombiana no es el resultado de la tarea de un solo hombre. Han contribuido todos los sectores, porque el país tiene la particularidad de su alto promedio de educación. El mismo trabajo realizado en estos ocho años del gobierno del presidente Uribe ha tenido como consecuencia el aparecimiento o afianzamiento de nuevas figuras políticas con cualidades personales tan sólidas como el actual mandatario colombiano. El problema no es jurídico y, hasta cierto punto, tampoco político. Se refiere a la necesidad de permitirle a la democracia no depender de un solo alguien.

Si se reelige, quedará bien ante la población colombiana actual. Si decide no cometer ese error, afianzará su lugar en la historia latinoamericana.